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La Procuraduría Anticorrupción solicitó ante el Poder Judicial (PJ) que el abogado Daniel Soria, junto a otros co-investigados, paguen una reparación civil de casi S/500 mil, en el proceso que se les sigue por el presunto delito de negociación incompatible y aceptación indebida del cargo como el procurador general del Estado.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima – Cuarto Despacho, formalizó investigación preparatoria contra Soria Luján por presuntamente haber sido favorecido en el 2020 con la designación en el referido cargo, pese a no cumplir con los requisitos exigidos.
En el marco de dicho proceso, la Procuraduría Anticorrupción requirió como pretensión resarcitoria y de manera provisional (el monto podría aumentar o disminuir), que por el concepto de “daño extra-patrimonial” vinculado al presunto delito de negociación incompatible, paguen la suma de S/360,000 y otros S/ 80,000 por el presunto delito de aceptación ilegal del cargo.
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Respecto al primer monto se deberá pagar de forma solidaria para todos los encausados, entre ellos Soria Luján; mientras que el segundo hecho, únicamente sería pagado por el exprocurador.
PJ rechazó el embargo de sus bienes
Recientemente, el Poder Judicial rechazó un pedido de embargo de sus bienes por el monto de S/ 80,000.00, requerido como modo de asegurar el pagos de la reparación civil.
El pedido se fundamentó en la necesidad de reparar el daño causado por haber asumido un cargo que, presuntamente no podía, afectando así al Estado.
Sin embargo, para el Juzgado de Investigación Preparatoria, la procuraduría no habría cumplido con explicar de qué manera se habría materializado dicha afectación.
Por ello, declaró “infundada” la solicitud de medida cautelar de embargo en forma de inscripción formulada por la Procuraduría Anticorrupción contra los bienes del procesado Daniel Soria. Esto por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de aceptación ilegal del cargo y negociación incompatible, en agravio del Estado
Cabe precisar que esta decisión puede ser apelada o reiterada posteriormente.
Según la investigación, el nombramiento de Soria Luján se hizo oficial mediante la emisión de la Resolución Suprema N.° 017-2020-JUS del 01 de febrero de 2020, la misma que fuera visada por la co-investigada Juana Ximena Cáceres Del Busto, en su condición de jefa encargada de la Oficina de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pese a que dicha norma carecía de un informe técnico legal que sustente dicha contratación.
Advirtió además que el investigado no habría cumplido con los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo, por cuanto no contaba con experiencia en labores de defensa jurídica del Estado.
En esa línea, Soria Luján habría aceptado indebidamente el cargo de Procurador General del Estado, a sabiendas que no contaba con la experiencia exigida en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1326 que restructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
En dicho ítem se precisaba que, entre otros requisitos exigía que el Procurador General del Estado goce de idoneidad profesional y experiencia en gestión pública o políticas públicas, además de experiencia en la defensa jurídica del Estado.
Finalmente, la tesis fiscal señala que el imputado Soria Luján también habría participado en los presuntos actos de negociación incompatible en calidad de cómplice.
“Rechazo cualquier afirmación de que nunca cumplí el requisito de trayectoria de la defensa jurídica del Estado”
En diálogo con El Comercio, el exprocurador Daniel Soria rechazó las imputaciones en su contra y aseguró que cumplió con todos los requisitos cuando asumió el cargo.
El exfuncionario señaló que sobre estos hechos se han dado otros procesos impulsados por su persona y también por el Ministerio de Justicia.
Sostuvo que las acciones en su contra han sido impuladas por el gobierno de turno, en sus dos fases desde el 2021 al 2026.
En el caso del gobierno de Pedro Castillo, anotó, fue ilegalmente cesado por denunciar al exmandatario por el caso de corrupción del “Puente Tarata”.
En tanto, -prosiguió- en el gobierno de Dina Boluarte volvió a ser removido del cargo por haber impulsado la investigación fiscal contra la mandataria debido a la muerte de casi 50 personas durante las protestas sociales.
“Entonces, yo rechazo totalmente cualquier acusación, cualquier afirmación de que nunca cumplí el requisito de trayectoria de la defensa jurídica del Estado. Lo he cumplido, estoy argumentando en todos estos procesos que lo he cumplido y afirmo que esas acciones, son acciones de este gobierno.”
Según indicó, ha interpuesto dos demandas laborales por su remoción, una de ellas por haber sido cesado por el expresidente Pedro Castillo. En la segunda está demandando su reposición y una indemnización, ya que le están “causando una daño a nivel profesional”.
Pese a ello, indicó, el Ministerio de Justicia también ha solicitado ante el Poder Judicial la nulidad de la resolución que lo nombró en el cargo en febrero del 2020.
Adujo que dicha acción es contradictoria pues con dicha demanda está indicando que su persona nunca debió haber sido designado funcionario, pero por otro lado lo han sancionado por haberlo sido.
“Y, número cuatro, hace un mes, el Ministerio de Justicia me llamó a una conciliación civil para pagar una supuesta indemnización por daño moral, por haber asumido el cargo, equivalente a S/ 660 mil soles, más o menos. Eso quiere decir que es probable que hayan presentado una demanda civil de indemnización contra mí”, indicó.
Finalmente, reiteró que todas las acciones en su contra llevan a la conclusión de que tanto en la “fase Castillo” como en la “fase Boluarte” se tomaron represalias contra su gestión por haber querido actuar con autonomía.
“Yo voy a defender hasta el final, sobre todo mi honor profesional, en todos esos procesos que le estoy hablando y que ciertamente rechazo, y estoy solicitando una pretensión de indemnización porque ejercí correctamente el cargo”, concluyó.
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