Diversos ciudadanos peruanos que residen en el extranjero denunciaron que sus nombres y datos personales habrían sido utilizados sin su consentimiento para inscribirlos como militantes del partido político Primero La Gente, según un reportaje difundido por Punto Final.
Una de las personas afectadas es Rosario Nidia Quispe Huamán, quien vive en Chile desde hace casi una década. En el informe periodístico, ella señaló que no firmó ninguna ficha de afiliación y calificó como “imposible” haberlo hecho, pues se encontraba fuera del país.
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Su caso no es el único. Esthefany Hidalgo Antezana, residente en Francia, y Ángela Hermoza Paz, quien vive en Estados Unidos desde hace tres años, también rechazaron haber participado en proceso alguno de afiliación. De igual modo, Dora Álvarez Coronel, con residencia y nacionalidad argentina, negó toda vinculación con el partido.
Las fichas de afiliación que contienen sus nombres fueron presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte del proceso de inscripción del partido Primero La Gente, liderado por Miguel del Castillo y Marco Zevallos.
El reportaje indica que estos documentos fueron generados con datos extraídos de la base de RENIEC, a través de una cuenta asignada a un funcionario de SUNARP, Sergio Segura, quien también brindó su testimonio.
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Segura, cuya cuenta hizo más de 75 mil búsquedas de identidad, entregó a Punto Final la base de datos de dichas consultas y aseguró que su acceso fue reactivado sin su autorización 17 meses después de haber sido dado de baja en 2019. El cruce de esa información con el Registro de Organizaciones Políticas permitió identificar al menos 1.610 ciudadanos afiliados a Primero La Gente, además de los 4.039 casos expuestos en una entrega anterior del mismo programa.
Ante estas revelaciones, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y actual figura visible de Primero La Gente, reconoció que la confianza en el proceso se ha visto afectada. Si bien pidió una investigación, afirmó que no renunciará mientras no se compruebe que hubo una decisión institucional detrás del uso de una presunta fábrica de firmas.
“El mundo de la política hoy es un mundo de corrupción y de crimen organizado y la tentación es salir corriendo, la mía también. Pero me quedo porque es mi país y no voy a dejar que sea gobernado por la gente incorrecta. Hasta que no esté segura de que no fue una decisión institucional, no me voy a ir”.
