Ejecutivo no ve justificación en salida del TC de consejo de reforma judicial

La decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) de ya no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, anunciada este jueves por su presidente Ernesto Blume, ha tomado por sorpresa al Poder Ejecutivo. Pero además, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos considera que tal medida no es justificada.

“Nos sorprende esta decisión, dado que el Proyecto de Ley (Proyecto N° 3166/2018-PE) fue presentado por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado y no hubo mayor objeción […] El Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume, participó de la instalación de dicho consejo y tampoco planteó ninguna discrepancia. La institución participa activamente del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia. ¿Por qué hoy se aduce la ‘autonomía e independencia del TC’ para dejar de participar?”, expresó Zeballos a El Comercio.

También recordó que la Ley N° 30942, que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, fue promulgada en mayo del presente año y tampoco fue objetada.

Pese a tal medida del TC, Zeballos refirió que la responsabilidad de impulsar la reforma del sistema de justicia continuará.

“Las leyes son obligatorias a partir de su publicación. No encontramos justificación en los argumentos esgrimidos por el TC para eximirse de participar del consejo, según establece la Ley N° 30942”, acotó Zeballos.

De acuerdo a la ley que creó la entidad, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tiene “la finalidad de impulsar la reforma del sistema de justicia mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia; así como, a través del seguimiento y el control de la implementación y la ejecución de los respectivos procesos de reforma, cuyos resultados deben ser publicados”.

Está conformado, de acuerdo a la norma, por el presidente de la República, el titular del Congreso y los representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.