La edición 63 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), que organizó IPAE Acción Empresarial, incluyó un tema muy sugestivo y de gran actualidad: “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”.
El título elegido de por sí refleja la convicción de que, penosamente, los peruanos, en todo lo relativo a la seguridad jurídica y la justicia, venimos sufriendo muchas carencias y, a la luz de las declaraciones de algunos candidatos caracterizados por la demagogia y el poco apego al régimen jurídico, el panorama a futuro tampoco es optimista.
En ese sentido, resulta muy positivo que CADE Ejecutivos 2025 haya incorporado este tema para la reflexión, pues muchas veces, hay que decirlo, en los foros empresariales los temas relativos a la justicia no son abordados. ¡Cada vez más se toma conciencia de que, sin un sistema de justicia de calidad, ningún crecimiento económico es sostenible en el tiempo! Y no es posible porque la falta de seguridad jurídica, la desigualdad y la corrupción ahuyentan la inversión, resienten el Estado de derecho y no permiten una sana competencia entre agentes económicos.
Por el contrario, si un país goza de un sistema de justicia que genere confianza, tendremos mayor estabilidad institucional y podremos ofrecer condiciones que permitan un crecimiento duradero, que se asienta sobre la base del esfuerzo y dedicación, en el que se premia la excelencia.
Una encuesta de Ipsos (2024) arroja que un 73% de los peruanos considera que las justicia no es igual para todos. En sentido similar, según el Barómetro de las Américas (Lapop 2023-2024), en nuestro país el 84% de los ciudadanos considera que los jueces no actúan con independencia y el 77% afirma no confiar en el Poder Judicial.
Las cifras expuestas reflejan de manera descarnada la profunda crisis de confianza que hay hacia el Poder Judicial. Me atrevo a señalar que esos porcentajes se repiten en el caso del Ministerio Público, si es que incluso no son más altos.
En paralelo a CADE Ejecutivos –y casi como una reacción a este–, los jueces organizaron en Tacna su XIV Congreso Nacional, en el que, aunque usted no lo crea, se llegó a sostener que una de las pocas instituciones que venían dando la talla era, precisamente, ¡el Poder Judicial!
Es decir, un diagnóstico como sacado de otro planeta, que es claro que solo ellos ven. Las cifras que hemos citado son reveladoras.
Desde que estaba por terminar la secundaria, en los primeros años de los ochenta del siglo pasado, vengo escuchando de la reforma del Poder Judicial.
Los opinantes de la época son los mismos que hasta ahora siguen dando recetas, algo similar a lo que ocurre con los temas de la reforma política.
Algunos incluso tuvieron activa participación en la intervención que se hizo en los noventa, luego del 5 de abril de 1992 dicho sea de paso. Hay tomos de evaluaciones y sugerencias, que son las mismas que se vuelven a plantear cada cierto tiempo y que, valgan verdades, no nos han movido de la situación que padecemos.
Se requiere liderazgo y persistencia para emprender una reforma de este calibre, que es de largo aliento. Difícil que quienes niegan la realidad puedan orientar la reforma. No se trata de procedimientos ni cambios de leyes; se trata de capital humano de excelencia.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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