Empresa Galaga entrega a la JNJ chats con alto funcionario de la ONPE por retrasos en la entrega de material electoral

La empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. entregó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) los documentos, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp entre la firma y Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de la investigación preliminar que se sigue en contra de Piero Corvetto, exjefe del organismo encargado de realizar las elecciones generales.

Esta versión fue confirmada —este domingo— por el abogado Cristian Castillo, defensa legal de Galaga, empresa encargada de la distribución de todo el material electoral y equipos electrónicos a los locales de votación para los comicios del 12 de abril.

En diálogo con El Comercio aseguró que el pasado viernes 24 de abril cumplió con enviar todo lo requerido por Gino Ríos, miembro instructor de la investigación en la JNJ, tras el inicio de la indagación preliminar.

“Claro que lo entregamos y también a la Contraloría. Se le envió [a la JNJ] la documentación solicitada”, indicó a este Diario.

Cabe recordar que Phang se encuentra suspendido de sus funciones. La asesora de la Jefatura de la ONPE, Katiuska Valencia Segovia, confirmó la suspensión del funcionario, quien es investigado tras las demoras en la distribución de material electoral en 13 locales de votación.

El pasado 17 de abril dijo: “Él es un personal de planta y, como tal, está revestido de un marco legal que hay que cuidar mucho, en cuanto al debido proceso, para garantizar que la institución esta operando correctamente”.

LEE AQUÍ: ONPE suspende a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral tras cuestionamientos en la entrega del material electoral

El Comercio informó la semana pasada —el 22 de abril— que Ríos solicitó a la empresa un informe detallado sobre la participación de Galaga en el traslado de material electoral en cada uno de los locales de votación, así como los chats de WhatsApp que mantuvo con funcionarios.

En primer lugar, pidió a Galaga detallar las razones estructurales, técnicas y operativas por las cuales la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. no entregó oportunamente el material electoral y los equipos informáticos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, los días 10 y 11 de abril del 2026, de acuerdo con lo establecido por el “Plan operativos electoral elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2026″.

En segundo lugar, requirió los correos electrónicos, mensajes de texto y/o mensajes a través de la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” que los representantes o trabajadores de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. le habrían enviado a los representantes o funcionarios de la ONPE los días 10, 11 y 12 de abril del 2026, comunicándoles que no les habrían entregado el material electoral y/o los equipos informáticos para poder transportarlos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.

En tercer lugar, solicitó las cartas notariales cursadas por la ONPE por parte de la empresa Galaga.

Este Diario accedió el 17 de abril al contenido de uno de los chats que revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la ONPE.

En el chat se lee que, desde la empresa Galaga, escribieron a Phang: “Juan, buenas noches, en estos momentos tengo 35 unidades vacías”. Luego aparecen otros dos mensajes: “Siendo las 12 a. m.” y “Tu apoyo para que puedan salir lo antes posible”.

El contacto registrado en esta conversación es Juan Phang Sánchez, con quien luego se da tres llamadas vía WhatsApp: La primera a las 11:44 p. m. del sábado, con una duración de un minuto; la segunda a las 00:31 a. m. del domingo 12 de abril, con una duración de tres minutos; y, por último, una llamada a las 00:40 a. m., que duró 52 segundos.

Es importante indicar que Galaga fue elegida por la ONPE entre tres firmas que participaron en el proceso de licitación. Hermes Transportes Blindados y el Consorcio AFE fueron parte de ese proceso.

De acuerdo con el oficio N°00016-2026-GATRP/JNJ al que accedió El Comercio, el 13 de abril Gino Ríos solicitó al pleno de la JNJ el inicio de la investigación preliminar a Corvetto por la no instalación de un número significativo de mesas electorales, así como los retrasos generalizados en su funcionamiento.

Sostuvo que estas acciones “no solo evidenciarían un eventual incumplimiento funcional, sino que comprometerían la imagen de idoneidad, diligencia y confiabilidad que debe proyectar la máxima autoridad electoral, generando un menoscabo objetivo en la percepción pública del cargo”.

En el documento indicó que, “de acuerdo con información pública brindada por el señor Corveto Salinas, en el marco de las elecciones generales realizadas el 12 de abril del 2026, no se instalaron 187 mesas electorales, lo que habría impedido que aproximadamente 52, 251 ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio”.

“A ello se suma que diversos centros de votación instalaron sus mesas con varias horas de retraso, lo cual generó que un número indeterminado de electores se retiraran sin poder emitir su voto, afectándose de manera directa el ejercicio efectivo de un derecho fundamental”.

Para sustentar el pedido, Gino Ríos invocó el artículo 47 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ que establece que el Pleno puede ejercer de oficio su potestad disciplinaria, disponiendo la apertura de una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE cuando tome conocimiento de información de la que resulte presumible la existencia de una falta disciplinaria, debiendo designarse para tal efecto al miembro instructor correspondiente.

“El artículo 8 de la Ley Orgánica de la ONPE dispone que constituye falta grave del Jefe de dicha entidad la comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o lo desmerezcan en el concepto público. Esta exigencia debe interpretarse de manera concordante con el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, que establece que la Jefatura Nacional es la máxima autoridad de la institución y responsable de los procesos electorales”, refirió.

Ríos indicó que tales hechos, por su magnitud e impacto en el ejercicio del derecho al sufragio, podrían configurar una afectación directa a la dignidad del cargo, al desmerecerlo en el concepto público y erosionar la legitimidad institucional y la confiar ciudadana en el sistema electoral.