Gobierno retrocede y anuncia que acepta restituir a Daniel Soria como procurador general

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Félix Chero, informó ayer que cumplirá con el fallo del juez Jonathan Valencia López, titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, que dispuso la restitución del abogado Daniel Soria como procurador general del Estado, cargo del que había sido retirado en febrero último.

Inicialmente, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, había señalado que el gobierno iba a esperar que el Poder Judicial emita una sentencia firme sobre la situación del referido letrado. No obstante, en las últimas horas el Ejecutivo retrocedió y cambió de postura, luego de que el juez Valencia López admitiera el pedido de “ejecución inmediata” de Soria.

A través de un comunicado, el despacho de Chero indicó que ha remitido “a la instancia correspondiente” el proyecto de resolución que resuelve el retorno del abogado a la Procuraduría General del Estado (PGE).

Al respecto, Joseph Campos, representante legal de Soria, dijo que reciben la nueva postura del Ministerio de Justicia “con expectativa” y remarcó que esperan que la resolución salga publicada hoy mismo en el boletín de normas legales de “El Peruano”. Agregó que si esto no se da, “nosotros vamos a continuar con los actos para obtener el cumplimiento del fallo judicial”.

En comunicación con El Comercio, Campos subrayó que una vez que su cliente regrese oficialmente a la PGE, desistirán de presentar una denuncia penal por desobediencia a la autoridad en contra del presidente Pedro Castillo y del ministro Chero.

“Este es un triunfo de la democracia y del Estado de derecho constitucional. Se tiene que comprender que se gobierna a través de las normas. Se ha restablecido una situación que fue quebrada por una mala interpretación de la norma de la procuraduría general. A Soria lo sacaron como represalia por haber denunciado al presidente [por la licitación del puente Tarata], eso ya no está en discusión”, manifestó.

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¿La última traba?

Antes de que el Ministerio de Justicia emitiera su pronunciamiento, Soria llegó a la sede de la Procuraduría General del Estado, ubicada en el distrito de San Isidro, con el objetivo de retomar sus funciones. Sin embargo, fue impedido de ello y a los pocos minutos tuvo que abandonar el edificio.

En declaraciones a este Diario, Soria contó que tuvo “un brevísimo” encuentro con el abogado Javier León Mancisidor, quien hasta la víspera continuaba al frente de la PGE a pesar de haber renunciado el último 9 de octubre. “Él simplemente dijo que no es el encargado de ejecutar [el fallo judicial] y dio por terminada la reunión”, expresó.

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El abogado advirtió, en ese momento, que si el gobierno mantenía su postura de no cumplir con la orden del juez Valencia, el presidente Castillo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, serían pasibles de una denuncia constitucional ante el Parlamento por la infracción del artículo 118 de la Carta Magna.

El inciso 9 del artículo 118 establece que el jefe de Estado tiene la obligación de “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.

Soria, además, adelantó que una vez que regrese a la PGE revisará cuáles han sido los retrasos que se han dado en estos casi 10 meses que estuvo fuera y prometió fortalecer el rol de los procuradores que fiscalizan a los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales.

También dijo que impulsará un proyecto de ley para que el procurador general del Estado sea nombrado a través de un concurso público en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), “y también removido” por la misma institución.

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El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado calificó de “muy positivo” el retorno de Soria a la PGE, porque este había sido destituido del cargo “por cumplir con su deber”, al haber denunciado al presidente Castillo por la presunta licitación irregular del puente Tarata III, en la región San Martín.

“La separación de Soria fue una decisión arbitraria y esto se confirma con la decisión del Poder Judicial [de restituirlo], esta medida es importante porque defiende el Estado de derecho y neutraliza una acción ilegal de parte del Ejecutivo”, remarcó a El Comercio.

Maldonado explicó que si el Poder Judicial confirma la restitución de Soria en segunda instancia, Castillo podría ser denunciado constitucionalmente en el Congreso por infracción del inciso 1 del artículo 118 de la Constitución, que señala que el presidente tiene la obligación de “cumplir las leyes y demás disposiciones legales”.

Añadió que en esta denuncia podría ser incluido el primer ministro, Aníbal Torres, quien, como titular de Justicia firmó la resolución de destitución de Soria.

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El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, dijo que la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “es correcta sin perjuicio de las responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de la remoción cuestionada”.

Lanegra, en diálogo con este Diario, sostuvo que se debe realizar una “reforma integral” a la ley para la designación del procurador general.

“Podría realizarse, tanto en precisiones sobre el perfil del funcionario (lo que originó la discusión en el caso Soria), como en lo que concierne a asegurar un proceso que evite influencias indebidas (transparencia, independencia, entre otras). Pero hay que hacerlo de forma integral, para evitar que sea una respuesta que se limite a lo coyuntural o a intereses inmediatos”, acotó.