Aníbal Torres, el historial del nuevo primer ministro

Aníbal Torres se convirtió este martes en el nuevo presidente del Consejo de Ministros tras integrar los otros tres gabinetes ministeriales que tuvo el gobierno de Pedro Castillo en tan solo seis meses de gestión. El abogado es uno de los pocos ministros que se mantuvo desde el inicio del actual gobierno.

Sin embargo, su imagen ha sufrido críticas que inicialmente estuvieron ligadas a sus exabruptos al referirse a otros políticos, funcionarios y a la prensa. En los últimos meses, a estos cuestionamientos se han sumado los referidos a sucesos en el sector Justicia, como la remoción del procurador general del Estado, la salida de la jefe del INPE y las críticas públicas hechas por el renunciante viceministro de Justicia, Gilmar Andía.

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“En mis más de 5 años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nunca había evidenciado el debilitamiento institucional del que soy testigo ahora”, dijo Andía. La respuesta de Aníbal Torres fue que las críticas del exviceministro se deben a un supuesto afán político.

Torres y Castillo

La relación entre Aníbal Torres y Pedro Castillo se remonta a las semanas posteriores a la segunda vuelta electoral, cuando apareció como uno de los abogados y voceros del candidato de Perú Libre antes las denuncias del supuesto fraude en mesa denunciado por Fuerza Popular, el cual nunca fue probado.

Según relató Fernando Vivas en una crónica para El Comercio, el vínculo entre ambos fue la hoy vicepresidenta Dina Boluarte. Adicionalmente, son paisanos: el presidente y Torres son naturales de la provincia de Chota, en Cajamarca.

Aníbal Torres era conocido a nivel académico como profesor de Derecho Civil y como decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, fue decano del Colegio de Abogados de Lima e integró al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. No tiene un historial de afiliación a un partido político, pero fue candidato al Congreso por Gana Perú en el 2011. Aunque obtuvo casi 16 mil votos, no alcanzó una curul.

El año pasado, superadas las denuncias que hizo Fuerza Popular y proclamada oficialmente la victoria de Pedro Castillo, Aníbal Torres pasó a ser voceado como su posible ministro de Justicia. Esta posibilidad se concretó el 30 de julio del 2021, cuando juró el cargo como parte del gabinete liderado por Guido Bellido. Lo hizo, junto a Pedro Francke en Economía y Finanzas, un día después del resto de ministros.

Ya como ministro, pasó a ser uno de los visitantes más frecuentes de Palacio de Gobierno. Según el registro oficial, registra más de 50 ingresos a Palacio desde que inició la gestión de Pedro Castillo. Además, fue ratificado en su cargo tras las salidas de Guido Bellido y Mirtha Vásquez de la PCM.

Exabruptos

Si algo marcó -al menos en los primeros meses- la gestión de Aníbal Torres fueron los constantes exabruptos que protagonizó a nivel mediático. Lo hizo tanto con político, como con otros funcionarios del Estado y con la prensa que se mostrara crítica con el presidente Pedro Castillo.

Uno de sus primeros enfrentamientos a nivel político fue con Vladimir Cerrón y Perú Libre. Ya antes de que Pedro Castillo asuma como presidente, Torres se había distanciado del partido, pero la polémica se encendió en septiembre del año pasado cuando señaló que el secretario general del partido de gobierno era una mala influencia sobre el presidente.

“Para mí, sí [es una influencia dañina]. Nadie puede tomar decisiones allí que no tenga una facultad otorgada por el ordenamiento jurídica. La Constitución dice quiénes gobiernan, no personas que no han llegado democráticamente”, declaró a mediados de septiembre en Canal N. Al día siguiente, en diálogo con Exitosa, agregó: “No te metas, Vladimir, en el Gobierno, métete en los asuntos del partido”.

La bancada de Perú Libre, a la que pertenecía el entonces primer ministro Guido Bellido, rechazó “contundentemente las reiteradas y desafortunadas expresiones del invitado ministro”, mientras que el propio Vladimir Cerrón aseguró vía Twitter que Torres “siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre”. “El partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestión”, afirmó.

Por esos días, en que también se discutía la continuidad de Iber Maraví como ministro de Trabajo, Torres protagonizó el primero de varios ataques a la prensa. Cuando era cuestionado por el periodista Jaime Chincha por aquel tema, el titular del Minjusdh dijo que “la prensa debe entender. Seguramente muchos sectores de la prensa están muy molestos porque el presidente Castillo no les suelta dinero, pero tienen que entender”.

Meses después, en diciembre, cuando se discutía la falta de entrevistas a la prensa de parte de Pedro Castillo, Torres afirmó que “en el Perú existe libertad y libertinaje de prensa. [...] Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”.

Estas expresiones del ministro fueron rechazadas por organismos como el Consejo de la Prensa Peruana. Días después, Torres afirmó que hay “medios [de comunicación] que no quieren informar, que no quieren llevar la noticia. Lo que quieren es una emboscada para atrapar al presidente, para desvirtuar cualquier palabra que diga”.

Otro de sus enfrentamientos unilaterales fue con Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR). En una entrevista con Exitosa, Torres dijo que cuando se limitaron las tasas de intereses de los bancos en el Perú, “salió el mismo presidente del directorio del Banco Central [Julio Velarde] a criticar la ley que establecía esta limitación, diciendo que eso atenta contra la libre competencia, y eso es otra ignorancia absoluta”.

“Solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces esa es la verdad”, agregó el ahora primer ministro. Cuestionado en esa misma entrevista sobre por qué el Ejecutivo ratificó a Julio Velarde, Torres comentó que “lo tuvieron que nombrar por la enorme presión que hay en vista de que hay mantener la estabilidad económica”.

“Si no hace eso el gobierno, entonces viene la presión, pero en términos gigantescos, de tal manera que distorsiona el mercado. Se eleven los intereses, se elevan los precios, escasean los bienes en los mercados. (…) Se ha hecho eso por prudencia, pero si a ese señor [Julio Velarde] no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse”, expresó.

Días después, en el mismo medio, Torres reconoció un posible exceso: “Una palabrita, que le haya dicho gordito ¿es ofensivo eso? El fondo del asunto es el interés bancario excesivo (…) Si la palabra le ha afectado, quizá me pasé, pero eso no debe significar para él ninguna preocupación. No hay ninguna amenaza. Él tiene seguro su cargo, ha sido nombrado por el presidente, ratificado por el Congreso. Su estabilidad está garantizada”.

Otra instancia en la que Aníbal Torres tuvo que rectificarse fue cuando sugirió investigar a los accionistas de la minera Antamina por el paro de la comunicad de Aquia (Áncash) en el corredor minero.

“Yo lo que pido es que se investigue, no vaya a ser que dentro de esos empresarios quieran hacer caer al Gobierno, para vacar al presidente. Se debería conocer a sus accionistas para saber quiénes son. Muy claramente estoy diciendo que se debe conocer a sus accionistas no vaya a ser que haya personas que estén entre los empresarios que quieren vacar al presidente”, manifestó a Canal N.

Al día siguiente, retiró lo dicho. “Ante la aclaración sobre los accionistas de Antamina, retiro la declaración que formulé anoche en un programa periodístico y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos en el país”, escribió el ministro de Justicia y Derechos Humanos en su cuenta de Twitter.

Procuraduría e Inpe sin cabeza

En paralelo, Aníbal Torres enfrentó una controversia relacionada a la separación de Daniel Soria, procurador general del Estado. Fue él quien, en diciembre del 2021, denunció a Pedro Castillo por el caso Provías-Puente Tarata y pidió a la Fiscal de la Nación que lo investigue. El pedido eventualmente fue acogido, pero las indagaciones están suspendidas hasta que el presidente deje su cargo.

El martes 4 de enero, el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se reunió con Aníbal Torres en su despacho ministerial. Al día siguiente, el primero dijo en una entrevista que el nombramiento de Daniel Soria debería ser revisado por presuntas irregularidades, argumento que fue compartido por el ministro en otra entrevista.

La posibilidad de que Daniel Soria sea removida fue rechazada por decenas de procuradores, al rechazar cualquier tipo de injerencia política en el trabajo de la Procuraduría General del Estado, así como por congresistas y organizaciones civiles. Aníbal Torres dijo después que el tema iba a ser enviado a la Contraloría para que sean ellos quienes evalúen si hubo una irregularidad en el nombramiento.

El 1 de febrero, la Contraloría emitió un informe según el cual Daniel Soria fue nombrado como procurador general del Estado sin haber cumplido con el requisito de tener trayectoria en defensa jurídica del Estado. Horas después, se publicó una resolución en edición extraordinaria de El Peruano en la que Pedro Castillo y Aníbal Torres daban por concluida su designación, alegando una pérdida de confianza.

Esta decisión fue criticada por abogados, exprocuradores y organizaciones como Proética, quienes advirtieron que la pérdida de confianza no era una causal para la remoción de un puesto como el de procurado general del Estado, lo que está regulado por ley. Este lunes 7, Soria presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto su cese del cargo.

A esta remoción se suma la de Susana Silva como presidenta del Consejo Penitenciario del INPE, hecha oficial el 5 de enero. Su salida se dio en medios de versiones sobre la intención del Gobierno de otorgar un beneficio de redención de pena a Antauro Humala, preso por los asesinatos en el ‘Andahuaylazo’.

Aníbal Torres ha negado que el Gobierno quiera indultar a Antauro Humala. “Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, ironizó el pasado viernes al ser cuestionado sobre el tema.

Sobre Susana Silva, la cuestionó por haber dispuesto que Alberto Fujimori retorne a la prisión de la Diroes en noviembre del año pasado. “La expresidenta del INPE, contra lo dispuesto, ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados”, manifestó.

En sus explicaciones sobre este punto, atribuyó las versiones sobre un beneficio a Antauro Humala a “un sector que tengo ya bien identificado” y que “casualmente, muchos son de la misma casa de estudios”, sin dar mayores detalles.

La renuncia del viceministro

Cuando la continuidad de Aníbal Torres parecía estar en duda por la nueva recomposición del Gabinete, el viceministro de Justicia Gilmar Andía presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde septiembre del 2021. Lo hizo mediante una carta que él mismo hizo pública a través de su cuenta de Twitter. Allí advirtió que “nunca había evidenciado el debilitamiento institucional del que soy testigo ahora”, en relación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el documento, Andía dice que durante la gestión de Torres se han visto de su parte “autoritarismo”, “menosprecio al trabajo técnico” y “maltrato injustificado hacia los profesionales que integran nuestros equipos”. Esto, agrega, ha “impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta institución”.

Andía cita como ejemplo “la grave afectación al Sistema de Defensa Jurídico del Estado” pues al no haberse nombrado a alguien a cargo de la Procuraduría General del Estado tras el cese de Soria, “se ha dejado en indefensión los intereses del Estado peruano, que van más allá de los intereses del gobierno”.

También se refirió al cese de Susana Silva, destacando que había realizado una gestión correcta y que se le retiró “sin mayor sustento que el ‘no acatar una orden’”. “Esta es una clara muestra de injerencia en la autonomía de la que goza esta entidad”, afirmó.

El saliente viceministro también criticó que se impulsaran políticas populistas, problemas de carácter administrativo y el no pronunciamiento del sector ante las acusaciones de violencia familiar contra Héctor Valer luego de que se le nombró como primer ministro.

“Los hechos aquí narrados, así como la actitud recurrente que ha demostrado han generado un clima en el que me resulta imposible continuar ejerciendo el cargo de manera técnica para la protección y mejora del sistema de justicia”, concluyó.

Adicionalmente, fuentes ligadas al sector Justicia afirmaron a El Comercio que el malestar entre personal y funcionarios del ministerio por la conducta de Aníbal Torres y sus “malos tratos” se remonta a meses atrás.

Torres arremete contra su exviceministro

La respuesta de Aníbal Torres no tardó en llegar. Mediante su cuenta de Twitter, afirmó que lo dicho por Andía era falso y preguntó: “¿Si estaba tan disconforme en su puesto por qué no renunció antes?”.

En un comunicado, aseveró que el nombramiento de Soria fue un “acto de corrupción” y se ratificó en que Susana Silva “no informó sobre el traslado del señor Fujimori a su cárcel Dorada. Además, acuso a su exviceministro de haberse opuesto a proyectos aprobados por el Consejo de Ministros y afirmó que él viene trabajando “incansablemente para el fortalecimiento de la institución”.

“Lamento que, aprovechándose del momento político y pudiendo renunciar antes, se retire haciendo imputaciones falsas, sumándose a la campaña de desprestigio al actual régimen”, finalizó.

Torres volvió a politizar sus críticas a Andía en una entrevista dada este martes a Exitosa, donde dijo que Gilmar Andía “se suma a aquel grupo que existe para poder vacar al presidente, a las críticas infundadas, sin ninguna razón”. “Se le dio la confianza, trabajó aquí como viceministro, designó a su personal. Se opuso siempre a los proyectos de ley que nosotros formulamos”, aseveró.

“Todos aquellos que resuelven actos corruptos, como es el nombramiento del procurador, son unos corruptos”, añadió.

Balance negativo

En diálogo con el Comercio, el exministro Gustavo Adrianzén dijo que “es muy preocupante lo que está sucediendo en el sector Justicia, más aún si tenemos en cuenta que es el sector es la asesoría legal y jurídica al presidente”. “Estos pleitos intestinos entre el exviceministro y el ministro no hacen sino revelar el estado de descomposición en el que se encuentra el Poder Ejecutivo en general”, afirmó horas antes de que se conociera que Torres es el nuevo primer ministro.

“La carta de renuncia del viceministro nos trae a recordación aquello de ‘por fuera flores y por dentro temblores’. No sabíamos que internamente en el Ministerio de Justicia estaban sucediendo estas cosas sino hasta que el renunciante las ha informado (…) Por lo demás, están los exabruptos que han existido y a los que ya nos tenía malacostumbrados el ministro”, dijo Adrianzén al criticar la gestión de Torres.

En esa línea, consideró que Aníbal Torres debería dejar el cargo con la recomposición del gabinete en favor de una persona experta en derecho público y con “probadas credenciales en materia de Derechos Humanos”. Una opinión similar sobre la continuidad del ministro tuvo el exprocurador Antonio Maldonado, quien consideró que Torres desconoce los desafíos de su sector en materia de Derechos Humanos y que ha debilitado la institucionalidad del sector.

“Desde que el ministro Torres asumió esa cartera, hay un retroceso en varios asuntos claves y cruciales que están dentro de la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, opinó Maldonado. También dijo que los exabruptos protagonizados por el ministro durante su gestión denotan una “actitud inmadura” y un “comportamiento que tiene efectos negativos” para el trabajo de un funcionario.

Maldonado también lamentó que Aníbal Torres atribuya cualquier cuestionamiento que se haga al gobierno de Pedro Castillo a una supuesta intención vacarlo de la presidencia, y destacó la calidad profesional de Gilmar Andía. “No se ha puesto a pensar que en lo que dice el viceministro renunciante hay críticas duras, pero que, de haberse asumido con humildad, hubieran servido para reencausar la gestión del gobierno en el sector Justicia”, indicó.

Por otro lado, consideró que no se justifican las salidas de Daniel Soria de la PGE y de Susana Silva de la INPE.

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