El Gobierno del Perú le dio la bienvenida a Edgar Stuardo Ralón Orellana, Relator País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los miembros de su delegación.
La visita del representante de la CIDH responde a una invitación del Gobierno peruano y se inició con una primera reunión oficial en la sede de la Cancillería.
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La cita estuvo presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y contó con la presencia del canciller Javier González-Olaechea y del titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
La misión del comisionado Ralón tiene por objeto continuar el diálogo con el Gobierno del Perú en torno a las recomendaciones efectuadas por la CIDH en su informe de 2023.
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En el marco de esta primera reunión, las autoridades peruanas ratificaron su adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y su compromiso de continuar dando cumplimiento y culminar con la implementación de las citadas recomendaciones.
Durante su visita de trabajo al Perú, el comisionado Ralón sostendrá reuniones con altas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos autónomos.
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Entre ellos, tenemos al Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Como se recuerda, en su informe dado a conocer en mayo pasado, dicha instancia supranacional concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.
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En el documento, la CIDH afirmó que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco durante su visita entre el 11 y 13 de enero, “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los manifestantes.
Refirió que eso se confirma por la cantidad de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego y la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera participaban de las protestas o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflicto.
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En sus conclusiones, la CIDH destacó que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
Sobre el caso de Juliaca, la comisión observó que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
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