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Gobiernos del Grupo de Lima no reconocen elecciones en Venezuela

El Perú y otros trece países acordaron llamar a consulta a sus embajadores en el país gobernado por Nicolás Maduro

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El Grupo de Lima se pronunció sobre la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. (Foto: EFE)

Los gobiernos del Perú y otros trece países del Grupo de Lima emitieron un pronunciamiento este lunes señalando no reconocer la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la víspera en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de este último país para un segundo mandato de seis años.

De acuerdo a los países que suscriben el pronunciamiento, el proceso electoral venezolano no cumplió con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.

Asimismo, acordaron “reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta”.

En tanto, reiteraron su preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela y decidieron presentar una nueva resolución sobre esa situación en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

—Más medidas—
Ante el incremento de la cantidad de venezolanos que abandonan su país, el Grupo de Lima también decidió convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral. El Perú será sede del encuentro en la primera quincena de junio.

“Considerar la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región, especialmente los países vecinos, para atender el flujo migratorio de venezolanos”, es otro de los acuerdos.

También acordaron convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector Salud a fin de coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica. Además, apoyarán el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, principalmente en cuanto a sarampión, paludismo y difteria.

—Iniciativas de orden financiero—
En tanto, el Grupo de Lima también plantea que, siempre que la legislación interna lo permita, se solicite a las autoridades competentes de cada país la emisión y actualización de circulares o boletines a nivel internacional “que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior –incluido bienes militares y de seguridad”.

También coordinar acciones “para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables.

Otra de las medidas es intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades criminales.

“De igual forma, se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción”, se señala también en el pronunciamiento.

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