En esta ocasión, los fiscales anticorrupción sí pudieron ingresar a la Secretaría del despacho presidencial. Estos buscaron hasta en los tachos de basura. (Foto: César Bueno)
En esta ocasión, los fiscales anticorrupción sí pudieron ingresar a la Secretaría del despacho presidencial. Estos buscaron hasta en los tachos de basura. (Foto: César Bueno)
Karem Barboza Quiroz

y otros 14 inmuebles fueron allanados el viernes por un equipo de fiscales del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima, que investiga a funcionarios y empresarios por el Caso .

La diligencia fue autorizada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta a pedido de la fiscal anticorrupción , encargada de la investigación de presuntos actos de corrupción en la compra de biodiésel B100 en la que se han visto implicados funcionarios de la empresa estatal, así como la lobbista .

Los representantes del Ministerio Público, acompañados por integrantes de la Policía Anticorrupción, buscaron hasta en los tachos de basura de las oficinas de la Casa de Pizarro.

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También recogieron las agendas y documentos digitales almacenados en las computadoras de las oficinas contiguas al despacho del presidente Pedro Castillo.

La finalidad de esta acción fue indagar sobre la presunta reunión que sostuvo López con funcionarios de Petro-Perú en la Casa de Pizarro el 18 de octubre pasado.

A diferencia de las dos primeras diligencias de exhibición de documentos del 20 y 22 de diciembre del 2021, esta vez la fiscalía sí ingresó a la oficina de la Secretaría General del despacho presidencial, de acuerdo a la orden judicial a la que accedió El Comercio.

En las diligencias previas, el personal del Ministerio Público no pudo ingresar a esos ambientes.

Esta vez también entraron a la Oficina de Protocolo, la Secretaría de la Presidencia de la República y a los salones ubicados frente o contiguos al despacho de la presidencia.

El juez Chuyo precisó en su resolución que el allanamiento no afectaba los derechos del presidente Castillo, ya que él no está siendo investigado. Agregó que la medida recaía “sobre oficinas que forman parte de una entidad u organismo público”.

La operación, que se inició a las 5 a.m., se prolongó por diez horas y fue ejecutada en inmuebles del Cercado de Lima, San Miguel, San Borja, Surco, Magdalena del Mar, La Molina, San Isidro y Lurín.

Las propiedades allanadas pertenecían también al gerente general de Petro-Perú Hugo Chávez; el gerente de Distribución de Petro-Perú, Gunter Document; el gerente de Suministros de Petro-Perú, Muslaim Abusada; el gerente de Compras de Petro-Perú, Roger Liy, y al asesor de Petro-Perú Gregorio Sáenz Moya.

La policía tuvo que trepar los muros del inmueble de Chávez. (Foto: César Grados)
La policía tuvo que trepar los muros del inmueble de Chávez. (Foto: César Grados)
/ Cesar Grados

Asimismo, se allanaron inmuebles de la empresaria Karelim López; del gerente de Heaven Petroleum Operators (HPO) S. A., Samir Abuyadeh; del gerente de HPO, Carlos Siles, y la sede de la referida compañía.

Seis reuniones

Entre los argumentos mencionados por la fiscal Córdova –respaldados por el juez Chuyo–, se destaca la realización de seis reuniones entre Karelim López y el gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez, en la sede de la institución.

Según los registros, una de las citas se habría celebrado el 19 de octubre del 2021, un día después de la presunta reunión en Palacio de Gobierno. Los otros encuentros fueron los días 21, 22, 25, 27 y 28 de octubre del 2021.

“También contribuirían a la hipótesis delictiva las seis visitas o ingresos a la sede de Petro-Perú que habría realizado [Karelim] López Arredondo después de haberse reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a fin de presuntamente entrevistarse o reunirse con el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez”, explicó el juez.

El magistrado Manuel Chuyo explicó que de las visitas de López y los actos realizados por los funcionarios de Petro-Perú para la adquisición del biodiésel B100 , se desprenderían indicios de la presunta comisión de los delitos de colusión simple y negociación incompatible.

Por ello, sostuvo que al analizar el caso “de manera agrupada”, los hechos suponen “el reflejo de un acuerdo concertado y de una decisión de actuación común” que podrían ser aclarados más adelante.

Al término de la diligencia, el fiscal adjunto Luis Alberto Medina confirmó que en Palacio de Gobierno se recabó información para la investigación del Caso Petro-Perú.

“Hemos ejecutado la resolución que autoriza el allanamiento en Palacio de Gobierno. Hemos recabado documentos, hemos recabado algunos materiales”, sostuvo al término de la diligencia.

Por otro lado, el Ministerio Público incautó teléfonos y más documentación vinculada al caso en las viviendas de Karelim López, funcionarios de Petro-Perú y empresarios de Heaven Petroleum Operators S. A.

En declaraciones a la prensa, el abogado César Nakazaki, defensor legal de López, calificó como abuso el allanamiento a la vivienda de su patrocinada, pues, agregó, es el tercero que se efectúa.

“Si Karelim López hubiera cometido un delito, ya hace rato la hubiera sometido a un proceso de colaboración eficaz y ahora sería una heroína, y el presidente Castillo de repente ya no continuaría”, enfatizó el abogado.

Más medidas

En la resolución judicial también se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados cuyas viviendas fueron allanadas en el Caso Petro-Perú.

También se autorizó la extracción de información de sus equipos telefónicos, agendas telefónicas, comunicaciones de WhatsApp, de los equipos de cómputo e incautación de documentos y otros que sirvan para la investigación.

El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo, llegó a Palacio de Gobierno mientras la fiscalía ejecutaba la orden de allanamiento autorizada por el juez Manuel Chuyo.

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