El Congreso sufrió, la semana pasada, un revés en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Mediante una resolución, el tribunal solicitó archivar el proceso de denuncia constitucional que se sigue a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) por cambiar el sentido de un voto en una sentencia del Caso El Frontón.
Nueve días después, el titular del Parlamento, Luis Galarreta, se reafirma en que esa resolución es inaplicable. Aunque eso, asegura, no signifique salir de la Corte IDH.
—¿Cómo tomó la reciente decisión del Ejecutivo de trasladar el pedido de aclaración solicitado por el Parlamento ante la Corte IDH?
Con satisfacción. En política internacional, el Congreso y el Ejecutivo coincidimos 100%. También quiero resaltar la postura de congresistas que no estaban de acuerdo con el proceso que se sigue a los magistrados. Es coherente, valiente e institucional que hayan dicho: “Voté contra el informe, pero es inaceptable que una corte nos diga cómo votar”. Lo que solicitamos es que aclaren cómo se supone que se aplicaría esta resolución en nuestro marco constitucional.
—¿El Congreso acatará una ratificación de la Corte IDH como parte de su pronunciamiento sobre el recurso de aclaración?
Su resolución resulta inaplicable. Porque no respondemos a mandato imperativo, porque ellos dicen que no se puede juzgar a un miembro del TC cuando la Constitución dice que sí, y porque el artículo 205 dice que debe agotarse la vía interna [para ir a la corte]. No niego que sea positiva la existencia de instancias internacionales para velar por cualquier violación de los derechos humanos. Pero se ha distorsionado el objetivo de la Convención [Americana de Derechos Humanos]. El control de discrecionalidad nunca fue parte de lo que el Perú firmó. No se adhirió pensando en que una corte podía decir a su Parlamento que vote de tal forma.
—¿El Parlamento plantea salir de la Corte IDH?
Ninguno de los miembros de la Junta de Portavoces ha planteado la salida de la Corte IDH. Lo que sí hemos dicho es que habría que repensar cuál es la visión y la incidencia del tribunal. No hay que asustarnos cuando digan que todo el mundo cumple los fallos de la Corte IDH al 100%. Creo que los ciudadanos que votaron por sus parlamentarios no van a respaldar que alguien venga y les diga cómo votar.
—El desacato, sin embargo, sí podría derivar en una salida del Perú del Pacto de San José. ¿Por qué ir hacia ese camino?
El Parlamento no ha planteado la salida de la corte, a pesar de que algunos discrepamos de ella por motivos como la forma de tratar a los terroristas para indemnizarlos, mientras en Venezuela se demoran años en actuar. Salir o no es un debate que puede seguir, en el cual yo tengo una opinión pública para volver a entrar con reservas, pero no vamos a agarrarnos de eso.
—El Parlamento critica que la Corte IDH se pronuncie cuando “el caso no se ha agotado en la vía interna”. ¿Cómo, entonces, inician un proceso de acusación constitucional cuando existe un recurso no resuelto sobre el mismo caso en el TC?
El proceso se lleva en el Congreso porque llega la denuncia de ciudadanos. La Subcomisión [de Acusaciones Constitucionales] hace un análisis de la denuncia que está relacionada a un posible prevaricato, por haber cambiado el sentido de una resolución anterior.
—Pero, precisamente, a través del recurso pendiente los magistrados podrían subsanar el error en el que habrían incurrido. ¿Es una presión de cara a ese fallo?
La subcomisión no tiene obligación de esperar a que termine en el TC. Ya lo hubiesen resuelto hace rato. No hay ninguna presión. Aquí han sido denunciados un montón de miembros del TC, fiscales de la Nación. Solo que, al parecer, ahora uno de los acusados tiene amigos en determinados sectores y cuestionan una decisión legítima del Parlamento.
—Señaló que el Congreso no correrá en el proceso de acusación constitucional contra los miembros del TC. ¿Cuándo se discutirá el tema en la Comisión Permanente?
Tenemos que hacer una sesión esta semana [ya convocada para el miércoles 21], pero, si no hay tiempo, tal vez convoquemos otra para marzo. Como es una semana de representación, tal vez un tema como el de acusaciones constitucionales debería verse cuando quienes quieran participar puedan ir. Nuestro procedimiento sigue conforme al marco reglamentario y a consensos de los voceros.
—Si se aprobara la suspensión y destitución de magistrados, el proceso estaría terminado en el fuero interno. En ese contexto, ¿el Congreso acataría un posterior pedido de nulidad de la Corte IDH?
Es que los magistrados se han colgado de un caso de la corte que no tiene nada que ver con ellos. En el supuesto de que se aprobara el informe, los deudos del Caso El Frontón no se verían perjudicados. Acá hay un accionar de un tribuno y una corte que dice: “Los tribunos son intocables”. Tendríamos que esperar la resolución o el fallo que planteen en ese momento. Ahorita, su resolución es inaplicable.
—Lo pregunto porque, con lo sucedido en este caso y con la resolución de inconstitucionalidad dictada por el TC sobre la ley antitránsfuga, da la impresión de que al Congreso le cuesta acatar fallos desfavorables.
Tengo varios años acá y no siempre el Congreso ha dicho “no acato”. Ahora tampoco. Ha dicho que la resolución es inaplicable y en el caso de la ley antitránsfuga hizo una modificación del reglamento.
—Una modificación a regañadientes.
Nadie va a cumplir alegremente algo con lo que se discrepa. Pero se cumplió. Y en eso seguimos porque hay una acción contra esa modificación.
—Ya que menciona ese tema, ¿Kenji Fujimori y su grupo de diez parlamentarios podrán formar una bancada en el próximo período legislativo?
Con el reglamento actual, no. El oficial mayor ya les respondió y ellos han dicho que van a esperar el fallo del TC sobre esa modificatoria. Actualmente, solo pueden formar parte de la bancada mixta aquellos que han renunciado a la suya cuestionando un debido proceso y no es el caso. Para cuestionarlo tienes que haber apelado y llegado hasta el Consejo Directivo del Congreso, que finalmente define si se han violado o no derechos.
—¿Prevé más fraccionamientos de bancadas hacia el 2021?
Espero que los que hayan tenido que salir de cada bancada ya lo hayan hecho.
—Respaldó la postura del gobierno frente a la llegada de Nicolás Maduro para la Cumbre de las Américas. ¿Qué evalúa hacer el Congreso si Maduro llega a Lima?
Respaldamos lo que fue una decisión valiente y riesgosa. Desde el Congreso se plantearon dos cosas: que el 30 de enero se viabilice la no venida de Maduro y que el Perú se sume a denuncias ante la Corte Penal Internacional sobre la violación de derechos humanos. Por otro lado, estamos convocando una reunión con presidentes de parlamentos, el 11 y 12 de abril, para dejar claro que rechazamos su llegada.
—¿Para rechazarla o buscar prohibirla? Hay toda una discusión al respecto.
Es una situación difícil, pero creo que la postura del Perú es muy positiva. Y el Parlamento viene marcando una posición incluso antes de que llegara el gobierno actual. Lo que pasa es que no teníamos la acogida por el lado del Ejecutivo, como era evidente.
—¿Podría haber alguna sanción para parlamentarios que se acerquen al presidente venezolano en su eventual llegada a Lima?
No. Los 130 tienen derecho de adoptar la postura que corresponda. Políticamente, el pueblo verá quiénes son los que quieren acercarse al dictador Nicolás Maduro.
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