Pedro Castillo: las cinco bancadas que intentaron blindarlo de la denuncia constitucional en el Congreso

Fueron 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención [ver cuadro]. La oposición vino de representantes de Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Perú Democrático, mientras que en el Bloque Magisterial hubo una ausencia y una abstención. Todas esas bancadas son de izquierda y fueron aliadas de Castillo Terrones durante su gobierno.

MIRA: ¿Cuál es la situación de los congresistas señalados como ‘azuzadores’ de la violencia?

Votaron a favor legisladores de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú e Integridad y Desarrollo. En contra se manifestaron el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, y sus colegas de bancada Margot Palacios y Segundo Montalvo. También Edgard Reymundo (Cambio Democrático), José Balcázar (Perú Bicentenario) y Hamlet Echevarría. La única abstención vino de parte de Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), mientras que su compañero Segundo Quiroz –hombre de confianza de Pedro Castillo que promueve un partido con las siglas del nombre de este– se ausentó por estar con licencia.

El 7 de diciembre pasado, cuando se aprobó por mayoría en el pleno la vacancia de Pedro Castillo por dar un autogolpe de Estado, Margot Palacios y Hamlet Echevarría votaron en contra, mientras que Segundo Montalvo y José Balcázar no participaron de la votación. A favor se expresaron Flavio Cruz, Elizabeth Medina y Edgard Reymundo.

De Perú Libre derivaron Bloque Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario durante el actual período parlamentario, bancadas que se opusieron a la aprobación de la denuncia constitucional contra Castillo Terrones.

“Lo que estamos haciendo aquí es el proceso de antejuicio para que, de ser aprobado este informe final –tanto en la subcomisión, Comisión Permanente y pleno del Congreso– ya el Ministerio Público proceda con lo que le corresponde: formalizar la denuncia ante el juez supremo instructor que corresponda”, explicó Lady Camones, presidenta de la SAC, antes de la votación. Tras la misma, estimó que la Permanente vería el tema en la segunda semana de enero.

El caso relacionado a hechos de corrupción también alcanza a los exministros de Transportes y Vivienda, respectivamente Juan Silva (prófugo) y Geiner Alvarado. Al primero se le imputa organización criminal y colusión, mientras que al segundo solo organización criminal.

De aprobarse en el pleno, el penalista Andy Carrión detalló a El Comercio que ello habilitaría a la fiscalía a pasar de la investigación preliminar a la etapa de investigación preparatoria en los casos Petro-Perú, Ministerio de Transportes-Provías Descentralizado y Ministerio de Vivienda.

Ello, precisó, permitiría que la fiscalía solicite al Poder Judicial medidas limitativas como prisión preventiva, impedimento de salida del país, levantamiento del secreto de comunicaciones y secreto bancario, entre otros. “Para los tres se habilita la medida más gravosa, que sería la prisión preventiva. Y como está vinculado el tema de organización criminal, eso habilita para que se pueda solicitar hasta por 36 meses, el plazo máximo”, refirió.

“Si los delitos están configurados en concurso real, hablamos de una pena máxima de 35 años”, indicó también Carrión respecto del caso de Castillo, a quien se imputan tres delitos.

Debate

El congresista Diego Bazán (Avanza País), delegado del caso, sustentó el informe final. Subrayó que, pese a haber sido notificados de la denuncia el pasado 6 de diciembre –a Castillo en Mesa de Partes de Palacio y a Silva y Alvarado en sus domicilios–, “ninguno de los denunciados ha presentado sus descargos”.

En esa línea, recordó que el artículo 89 del Reglamento del Congreso habilita a la subcomisión a continuar con la investigación si el denunciado no formula sus descargos en el plazo previsto, y en caso existan pruebas o indicios suficientes de la comisión de un delito o infracción constitucional.

Durante el debate, ello fue materia de cuestionamiento por parte de congresistas de izquierda, quienes intentaron dilatar el procedimiento al cuestionar una presunta violación del derecho a la defensa y debido proceso. Por ejemplo, Segundo Montalvo (Perú Libre), dudó de que la mesa de partes del Despacho Presidencial informara a Pedro Castillo de la denuncia debido a que la notificación llegó un día antes del golpe de Estado de aquel y de su detención.

“No se trata de una persona, sino del procedimiento y cumplimiento estricto del principio del debido proceso […] Eso podría traer secuelas posteriormente en otras instancias como la jurisdiccional. Las personas no tenemos mesa de partes, tenemos manos y vista para recibir una notificación”, advirtió Flavio Cruz (Perú Libre).

Para José Balcázar (Perú Bicentenario), el informe adolecía del otorgamiento del derecho de defensa, puesto que el 13 de diciembre se comunicó a la subcomisión que el abogado José Palomino Manchego renunció al patrocinio de Pedro Castillo.

“Ni una coma nueva que no sea la denuncia de la Fiscalía de la Nación. Se ha reproducido íntegramente, no hay un trabajo enriquecedor. ¿A qué personas se invitó para que hagan descargos? Nada. Este dictamen peca de deficiente […] La indefensión a la que hacía referencia, el señor presidente está detenido tras las rejas, tenía que notificársele nuevamente para que señale su abogado defensor, pero no se ha hecho”, criticó.

Ante los cuestionamientos, Camones aseveró que la notificación se dio de manera efectiva para todos los investigados. Incluso refirió que, tras la renuncia de Palomino Manchego, se dio un plazo de cinco días hábiles a Castillo para que acredite a otro abogado, pero no lo hizo.

“La comisión cumplió con el debido proceso notificando al abogado del expresidente. Y no presentó a ningún abogado defensor ni los descargos respectivos, ni él ni los dos exministros. Ni ellos ni sus abogados defensores solicitaron ampliación del plazo para sus descargos”, añadió.

Camones recordó, además, que ante esa situación, la subcomisión acordó por mayoría continuar con el procedimiento y el informe final. “Acá tenemos tres instancias, lo que se resuelva en esta subcomisión, será elevado a la Comisión Permanente. Si es que los acusados consideran hacer uso de su derecho de defensa en esa instancia, lo podrán hacer. Si no lo hacen, tienen la tercera opción, que es el pleno del Congreso de la República, que va a ser la instancia final donde se debatirá y votará este informe. Opciones tienen todavía”, recalcó.

Por su parte, Bazán calificó de “vergüenza” que “se intente defender a través de esos cuestionamientos lo que hoy resulta indefendible”.

“Cuando el caso pase a la Comisión Permanente, se le va a volver a notificar. Y solicito que se haga al penal de Barbadillo, donde está en este momento el señor Castillo Terrones y no se quiera volver a justificar esto diciendo que no se le ha notificado a tiempo. Y el señor podrá hacer uso de su derecho de defensa. Si no lo hace, hay una clara voluntad de no querer hacerlo no tener los argumentos para defenderse”, concluyó.