Pedro Castillo y ‘Los Niños’: ¿Qué denuncias priorizará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso?

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (Alianza para el Progreso), adelantó a El Comercio que el grupo de trabajo tendrá como prioridad en su agenda las denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo y los legisladores sindicados como ‘Los Niños’.

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Camones indicó también que “posiblemente el viernes” la subcomisión tendrá su primera reunión en este periodo anual de sesiones.

“Las denuncias de fiscalía, en general [incluyendo el Caso ‘Los niños’ y Pedro Castillo], son prioridad dada la importancia que tienen y los indicios que revelan”, dijo la presidenta de la SAC.

A mediados de agosto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una constitucional contra el expresidente Castillo y el exministro Walter Ayala Gonzales, por el caso denominado Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mientras que ‘Los Niños’ fueron acusados por la titular del Ministerio Público en mayo pasado, desde entonces el caso no avanza en el grupo de trabajo. La SAC también tiene pendiente evaluar las denuncias contra legisladores acusados de recorte de salarios a sus trabajadores.

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Caso 'Los Niños'

Denuncia contra Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Flores

A mediados de mayo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza. Ellos son investigados por el Ministerio Público por el caso ‘Los Niños’.

Días después, el 26 de mayo, la SAC dio cuenta de la demanda y, desde entonces, el caso no avanza.

Se trata de los parlamentarios Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinoza, quienes fueron acusados de la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

La demanda presentada por Benavides indica que el presidente Pedro Castillo habría encabezado una organización criminal enquistada en el gobierno. ‘Los niños’ habrían conformado el “brazo congresal” de dicha red”.

Ellos habrían brindado soporte al expresidente actuando como “escudo protector al control político” y tendrían como rol “garantizar la permanencia” de Pedro Castillo, así como de los miembros de la organización criminal a través de sus votos en contra de las mociones de vacancia, censuras e interpelaciones, así como su respaldo en cuestiones de confianza.

Los cuatro legisladores habrían tenido como espacios principales para desplegar presuntos actos de corrupción el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Provías Nacional; y el Ministerio de Vivienda, “buscando copar y aprovecharse de diversos procesos de contratación llevados a cabo en las citadas entidades”.

En el documento fiscal se desarrolla que a Auner Vásquez Cabrera, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia en el gobierno de Castillo, se le habría delegado buscar apoyo entre los “congresistas aliados” para trabar intentos de vacancia.

Asimismo, el exjefe del Gabinete Técnico le habría indicado al exjefe de Estado que los congresistas Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza estarían “solicitando obras, direcciones y ministerios”, ordenando a Castillo “que accedan a todo”.

La fiscalía concluye que queda claro el rol que desempeñaron ‘Los Niños’ como presuntos integrantes de la organización criminal que estaría encabezada por Pedro Castillo. El documento presenta también los votos que emitieron los legisladores en fechas clave que se abordó la vacancia presidencial y cuestión de confianza.

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La denuncia constitucional de la fiscal de la Nación llegó al Congreso poco tiempo antes de que la representación nacional volviera a blindar a ‘Los Niños’ al rechazar un informe de la subcomisión que proponía acusar constitucionalmente y suspender a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza por los mismo delitos que hoy propone el Ministerio Público. Se trata de la demanda presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) en septiembre del 2022.

Previamente, el Parlamento ya había rechazado, en marzo, un informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender por 120 días a Flores y Vergara por el mismo caso.

Caso ascensos en las FF.AA. y PNP

Pedro Castillo y Walter Ayala

A inicios de agosto, Benavides presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala Gonzales, por el caso denominado Ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al encarcelado exmandatario y al extitular de Defensa se les imputa ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros.

Este caso se deriva de la presunta organización criminal dirigida por Pedro Castillo dentro de su gobierno. El esquema fiscal también señala al congresista Américo Gonza, quien niega las imputaciones.

Como se recuerda, en noviembre del 2021 el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, denunció presiones desde el Gobierno para el ascenso de los oficiales Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, que serían cercanos al mandatario.

Del mismo modo, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, dio cuenta de injerencias desde el Ejecutivo para la promoción de los oficiales Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo y Herber Vilca.

También, de acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el excomandante general de la Policía Javier Gallardo habría sido quien encabezó el presunto esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos.

En total, se alega que nueve generales en actividad habrían pagado hasta US$40.000 para ascender. Así, a Gallardo Mendoza se le imputa los delitos de organización criminal y cohecho.

En diciembre de ese año El Comercio accedió a los mensajes de WhatsApp que Castillo Terrones intercambió con el general José Vizcarra cuando aún era comandante general del Ejército.

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Otro caso presentado por fiscalía ante el grupo de trabajo es la denuncia constitucional contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo Luis Alfonso Adrianzén Ojeda por el caso de pagos indebidos a la empresa Aionia Technology Corporation. La acusación llegó al Congreso el 21 de agosto.

Al extitular del MTPE se le imputa ser presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

El grupo de trabajo también debe resolver en este periodo las acusaciones contra Katy Ugarte (No Agrupadas), Rosio Torres, Magaly Ruiz y María Acuña Peralta (todas de la bancada de Alianza para el Progreso) por el presunto recorte de salario de sus trabajadores. En junio, la Comisión Permanente le otorgó a la SAC 15 días para investigar a cuatro legisladoras.

También quedó en suspenso la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán Pinto (presidenta), Antonio De la Haza y María Zavala por presuntamente haber intentado presionar a Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que emita un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Previamente, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) había presentado otra denuncia contra los miembros de la JNJ.

Según Montoya, Imelda Julia Tumialán Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, y Guillermo Santiago Thornberry Villarán cometieron un acto ilícito al publicar el 23 de octubre del 2020 una resolución para supuestamente favorecer de forma indebida a una sus integrantes, Inés Tello, para que permanezca en las filas de la junta pese a tener más de 75 años. En junio, el grupo de trabajo aprobó el informe de calificación que admite a trámite la demanda de Montoya en un extremo.

Ese mismo mes, la SAC dio cuenta de la denuncia presentada por la legisladora Silvana Robles (No agrupados) contra la presidenta Dina Boluarte, Alberto Otárola (exministro de Defensa), César Cervantes Cárdenas (exministro del Interior), Víctor Rojas Herrera (exministro del Interior), Jorge Chávez Cresta (ministro de Defensa) por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las protestas registradas en los primeros meses del año.

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