Pedro Pablo Kuczynski: Entre el indulto y la presunta compra de votos

Han pasado diez meses desde que Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo de presidente de la República. Su dimisión se dio luego de dos pedidos de vacancia a propósito del indulto humanitario que le otorgó al ex presidente Alberto Fujimori y la presunta compra de votos de algunos congresistas a cambio de participar en la elaboración de obras públicas del Gobierno.

Desde entonces, el ex jefe de Estado ha sido sometido a sendas investigaciones por los dos episodios. Estos, ocasionaron que en noviembre del 2018, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, presente una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

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Kuczynski ha recurrido ante la Corte Suprema para anular la denuncia interpuesta por Chávarry.

Hoy miércoles, su abogada Gladyz María Vallejos sustentó un recurso de tutela de derecho para anular la denuncia constitucional por la presunta compra de votos a fin de evitar la segunda vacancia y donde es investigado por los supuestos delitos de tráfico de influencia y otros.

Ante el juez de investigación preparatoria, Hugo Núñez, la abogada sostuvo que desde que se inició la investigación contra los suspendidos congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramirez, Guillermo Bocángel y el ex ministro Bruno Giufra, la fiscalía sostuvo que PPK no era investigado.

Fue recién el 18 de octubre que el ex fiscal de la Nación declaró complejo el caso y amplió por ocho meses la investigación. No obstante, a solo un mes y 15 días, la fiscalía emite acusación contra PPK.

Por ello, Vallejos adujo la vulneración al derecho necesario para preparar una defensa en la investigación preliminar pues al momento de abrir la investigación a PPK se dispuso ocho meses de investigación, pero culminó al mes. Además, sostuvo que existió una vulneración al derecho de participar en los medios de investigación y proponer y actuar medios de defensa.

A su turno, el fiscal superior Luzgardo Ramirez adscrito del área de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación, consideró que la tutela solicitada debe considerarse infundada.

Sostuvo que es la fiscalía la que tiene la prerrogativa de determinar el momento en el cuál cierra una investigación.

“Es por eso que no resultan afectados sus derechos como alega la parte investigada el derecho a participar en actos de investigación o proponer los actos de investigación”, indicó.

Luzgardo indicó que lo que en realidad está solicitando la defensa de PPK es la reapertura de una investigación preparatoria y a que se declare nula la denuncia constitucional, cuando ello no está provisto vía una tutela.

“El procedimiento ya no está en competencia de la fiscalía sino en el Congreso que ya empezó el trámite”, indicó.

Tras analizar el caso, el juez Núñez rechazó lo solicitado por PPK y declaró infundada la tutela de derechos al sostener que no se han afectado sus derechos. Además, sostuvo que es el fiscal el titular y director de la investigación.

Por tanto, si bien el Ministerio Público dispuso ocho meses como plazo de investigación preliminar tras incluir a PPK, no necesariamente debe usar ese plazo.

“En este mes y 10 días no se ha afectado el derecho de defensa, sus abogados han podido acceder a los actuados, ha pedido declarar en compañía de sus abogados”, sostuvo el juez.

-Indulto relevado-

En el caso del indulto que fue otorgado a Fujimori Fujimori -finalmente anulado por el Poder Judicial- a fin del año pasado, la Fiscalía de la Nación ha ampliado por ocho meses las pesquisas.

Este caso se inició tras la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción por el presunto delito de cohecho activo genérico.

Según el abogado César Nakazaki, defensa legal de PPK, han solicitado que se recojan los testimonios de los médicos de la Comisión de Gracias y por ahora se vienen recabando los testimonios de otros investigados.

En la denuncia se incluye ha PPK, y a los ex ministros Bruno Giuffra, Enrique Mendoza, Fernando D’Alessio y José Berley Arista.

-Los otros dos casos-

PPK también es investigado por los presuntos aportes que habría recibido de la Empresa Odebrecht para su campaña del 2016 tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Además, por las asesorías a la misma empresa a través de su empresa Wesfield Capital. En ambas, por presunto delito de lavado de activos.