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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó ayer el informe sobre libertad de expresión en nuestro país, que señala que en el último semestre se registraron nuevas agresiones y amenazas contra periodistas en el Perú. Durante la clausura de la reunión de medio año realizada en Cartagena, Colombia, la asamblea consideró que esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de alerta y protección para ellos.
Silvia Miró Quesada, licenciada en Periodismo y vicepresidenta para el Perú de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, presentó el informe sobre los hechos ocurridos entre octubre y marzo en nuestro país. Este da cuenta de nuevos procesos judiciales que enfrentan por sus investigaciones.
Entre ellos, destaca el caso de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz por sus investigaciones sobre abusos perpetrados por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.
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El obispo de Piura, José Antonio Eguren, los demandó por supuesta difamación agravada. En su demanda, exige una reparación civil de S/200 mil y una pena de cárcel no efectiva de tres años.
El informe aprobado por la SIP también da cuenta de que en junio pasado el Congreso aprobó por insistencia una ley que prohibió la publicidad estatal en medios de comunicación privados, impulsada por el congresista Mauricio Mulder (Apra).
Consideró que esta norma, que quedó sin efecto por decisión del Tribunal Constitucional en octubre pasado, atentó contra la libertad de prensa.
También se menciona que en el Perú “existe falta de voluntad política sobre transparencia y acceso a la información pública, con lo que quedaron encarpetados proyectos de ley que buscan fortalecer a la Autoridad Nacional de Transparencia”.
El informe resaltó que, en un contexto en que el crimen organizado, la delincuencia común y la corrupción ocupan los titulares y los mecanismos de protección para periodistas muestran severas deficiencias, el ejercicio de la profesión es una actividad de alto riesgo, “sobretodo a nivel regional”.
—Delegación—
Por otro lado, la SIP acordó encargar a su presidenta, María Elvira Domínguez, del diario colombiano “El País”, que encabece una delegación para que se reúna con el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.
Esto con la finalidad de obtener su compromiso para que el proceso por la demanda de amparo planteada por ocho periodistas contra la Empresa Editora El Comercio y otros sea tramitado de acuerdo a los plazos de ley.
Los ocho periodistas presentaron una demanda de amparo por la supuesta violación de la libertad de expresión y libertad de acceso a información plural, tras la adquisición que hizo la Empresa Editora El Comercio de acciones de la Empresa Periodística Nacional (hoy Prensmart).
Este caso aún no se resuelve en primera instancia en el Poder Judicial.
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