Todos los abogados del presidente, una crónica de Carlos Cabanillas

Benji Espinoza, abogado del presidente y de la primera dama, sostiene que quienes acusan a sus patrocinados “tienen una gran capacidad de imaginación” al hablar de “organización criminal”. Sin embargo, su colega Eduardo Pachas sí cree que hay indicios de una organización criminal, pero en la otra orilla, es decir en la Fiscalía de la Nación. Y por cierto, tanto Espinoza como Pachas respaldaron el pedido para pasar al retiro al coronel PNP Harvey Colchado. Ese es el nivel de la principal defensa legal del presidente Pedro Castillo.

Acaso imitando al pollo de la parábola presidencial, Benji Espinoza ha pasado de renunciar a retomar la defensa legal del maestro más de una vez. Y quizá su permanencia en el equipo legal traiga más sorpresas, porque su nombre aparece en la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Según un colaborador, Espinoza estuvo en la reunión donde se decidió la salida del ministro del Interior, Mariano González. El lado bueno de ese episodio es que por fin los colaboradores de este gobierno se han vuelto eficaces.

MIRA: Pedro Castillo: Benji Espinoza y Eduardo Pachas niegan ser autores de acción de amparo presentada contra Congreso

Como Espinoza, Pachas es también un abogado de cierta trayectoria. Defendió antes a personajes ligados a los casos de Lava Jato, Orellana y Óscar López Meneses. El obsecuente Pachas no solo defendió la tesis de Castillo, sino también emitió un hábeas corpus para evitar que la residencia de Palacio fuera allanada. Y en un desliz freudiano, ha incursionado en el psicoanálisis aplicado a la ley con la lógica del caldero prestado, presentando tres excusas contradictorias para el Caso Sarratea: 1) “No hay una lista de visitantes”. 2) “Las reuniones eran de carácter personal”. 3) “El video fue cortado y manipulado y se faltó a la verdad”.

Ananías Narro Culqui es otro abogado que apareció en el entorno presidencial. Él presentó la acción de amparo firmada por Pedro Castillo. “No sé quién es el señor y nunca lo he visto”, dijo Espinoza sobre Narro, confirmando que el presidente consigue abogados con la misma lógica con la que recluta ministros. Narro, además, registra una sentencia por apropiación ilícita. Ministrable, sin duda.

Espinoza, Narro y Pachas son solo tres ejemplos de un fenómeno creciente: el protagonismo del abogado presidencial. Una consecuencia lógica de la judicialización de la política peruana. A más ‘lawfare’, más Benjis.

Nakazaki es un caso único en la historia reciente. Ha sido el abogado de tres expresidentes, todos muy distintos entre sí: Alberto Fujimori, Ollanta Humala y PPK.

Nakazaki fue el alumno más aventajado del recordado penalista José Antonio Santos Chichizola, quien murió el 1 de enero del 2022. El juez del Caso Banchero falleció exactamente 50 años después del asesinato del magnate de la pesca. “Fue el mejor juez que he conocido”, dijo Nakazaki. “Era un huracán cuando hacía una defensa, además que medía 1,90 y su voz era de tormenta”, explica. Ese histrionismo le sirvió también de escuela, a juzgar por su instrumentalización de lo que acuñó como el “juicio mediático” y su incidencia en el juicio jurídico. “Defender el juicio mediático es una necesidad: si uno pierde el juicio mediático, es difícil ganar el juicio jurídico”, dijo durante el proceso a Fujimori. “El mismo Nakazaki tiene un discurso más mediático que legal, pues pretende desautorizar a la corte frente al público”, le respondió en ese entonces Teresa Quiroz, exdecana de Comunicaciones de la Universidad de Lima, donde el penalista se formó y sigue formando alumnos.

El proceso a Fujimori tuvo un antecedente histórico a inicios del siglo XX con el juicio al expresidente Augusto B. Leguía. Ambos dictadores vivieron historias similares y despertaron pasiones paralelas. El abogado Alfonso Benavides Laredo tuvo la difícil misión de defender al expresidente Leguía, con un Poder Judicial refundado y copado por sus rivales políticos. Como recuerda el historiador Antonio Zapata, Benavides argumentó tres puntos principales en su alegato final: la ilegitimidad del Tribunal de Sanción, puesto que no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un expresidente; la carencia de recursos de su defendido, quien no se habría enriquecido ilícitamente porque entró solvente y salió sin un centavo; y el deslinde de las acciones de sus hijos y familiares. Al final, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se leyera sentencia. Leguía murió y el juicio fue sobreseído, pero el primer proceso a un presidente del siglo XX marcó la historia política peruana.

Tras el Caso Fujimori, los juicios a expresidentes se convirtieron en casi una sección fija en los medios. Alejandro Toledo, fiel al país donde se mantiene a buen recaudo, contrató a dos norteamericanos: Richard James Douglas, exasesor jurídico del Comité Selecto de Inteligencia del Senado y Roger Francisco Noriega, quien fue embajador ante la OEA durante la era Bush. A ellos se le sumaron Roberto Su Rivadeneyra y el oscuro Heriberto Benítez. Este último, quizá siguiendo los pasos de su patrocinado, pasó de luchar contra la dictadura desde el FIM a caer en desgracia, involucrándose con Orellana y ‘La Centralita’.

Alan García siempre ha tenido varios abogados, aunque es conocido que él mismo dirigía su defensa legal. Wilber Medina y Erasmo Reyna complementaron el rol del longevo abogado Genaro Vélez, quien fue también diputado por el Apra en el 90. No es un caso único en ese partido. La figura del abogado-político empezó con el recordado Carlos Enrique Melgar y continuó con Javier Valle Riestra. Ambos fueron senadores y defensores legales de Haya de la Torre. Otros dirigentes apristas de primer nivel han sido también abogados de Alan García, como Jorge del Castillo. El último abogado-exministro de la estrella es Aurelio Pastor, representante de Luis Alva Castro en el Caso Odebrecht.

En setiembre del 2017, Nakazaki volvió a defender a un expresidente, esta vez al tándem Ollanta Humala-Nadine Heredia por el Caso Odebrecht. Ambos aún son investigados por el delito de lavado de activos agravado. “Yo lucharé para que Humala y su esposa no sean víctimas de un ajusticiamiento, sino de un justo juicio en el cual los tribunales determinarán si son inocentes o culpables”, explicó en ese entonces. No es casual que el 12 de noviembre del 2018, el mismo día, que Alberto Fujimori anunció que el letrado volvía a asumir su defensa, Ollanta Humala confirmó que la pareja presidencial dejaba de contar con sus servicios.

Finalmente, asumió también la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por el Caso Lava Jato y a quien también se acusa del delito de lavado de activos.

Sin embargo, el defensor más recordado de PPK fue Alberto Borea Odría. El elocuente constitucionalista y exparlamentario se lució con su intervención en el Congreso, con sofismas y argumentos retóricos, y hasta con un ‘name dropping’ que pasó de Montesquieu a Raymond Aron, pasando por Aristóteles, Vallejo y Condorito. Pero ni así se salvó PPK.