UPP presenta proyecto: ¿Es posible que el Congreso determine el retiro del Perú del Pacto de San José?

Como ocurre cada cierto tiempo, el restablecimiento de la pena de muerte en el Perú –una vieja promesa del etnocacerismo liderado por Antuaro Humala- ha vuelto a asomarse en el plano político. Esta vez, Rubén Ramos Zapana, congresista de Unión por el Perú (UPP), ha presentado un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional y necesidad pública el retiro del Perú del Pacto de San José, un tratado internacional que impide la aplicación de la pena capital en territorio peruano.

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“Al imponernos prohibiciones respecto a las decisiones que deberían ser tomadas de forma democrática por los ciudadanos del Perú, como por ejemplo el disponer la pena de muerte para los gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos, así como para los violadores de niños, y delincuentes avezados, que hacen mucho daño a la sociedad y que no pueden regenerarse o resocializarse, nos impiden ser un país que puede tomar decisiones de forma autónoma y democrática sobre asuntos internos”, se lee en el documento.

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La iniciativa legislativa, que cuenta con solo dos artículos, autoriza al presidente de la República a denunciar (es decir, retirarse del tratado) la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Saludo a la bandera

Los profesores de Derecho Internacional Elizabeth Salmón y Gattas Abugattas coinciden en algo: más allá de sus intenciones, si la propuesta llegase, eventualmente, a ser aprobada en el pleno, esta no tendría ningún efecto jurídico.

Ello debido a que, según la Constitución, el único que puede decidir el retiro de un tratado es el presidente de la República. En palabras de Gattas Abugattas, la norma sería “un saludo a la bandera”.

“La Constitución es clara: en el artículo 57 se dice que la potestad de denunciar un tratado internacional es del presidente de la República. El Congreso no puede obligar al presidente a través de una ley a que denuncie un tratado, no tiene ni pies ni cabeza”, explica el profesor.

En la misma línea, Salmón recalca que, en el marco de la Constitución, la decisión de denunciar un tratado internacional corresponde únicamente a la voluntad del jefe de Estado. “Incluso si saliera esa norma por parte del Congreso, no es que el presidente se encuentre obligado a hacerlo”, precisa.

¿Cuál es el procedimiento legal para retirarse de un tratado?

La Constitución establece que, en el caso de los tratados que han sido aprobados por el Congreso –como el Pacto de San José-, el presidente debe obtener la autorización previa del Legislativo para denunciarlo.

Abugattas explica que, si el jefe de Estado decidiera retirar al Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, luego de obtener la aprobación del Congreso tendría que enviar un preaviso al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunciando la denuncia del tratado. Recién al cabo de un año, el retiro se haría efectivo. Ello está establecido en el mismo convenio.

Sin embargo, sostiene Salmón, los hechos ocurridos antes de que se haga efectiva la denuncia continuarían bajo la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. “Incluso si se denuncia, todos los hechos acaecidos antes de la denuncia podrían seguir sido vistos por la Corte”, precisa.

Las consecuencias

“Muchos políticos han prometido la forma de implantar la pena de muerte en el Perú, sin embargo, la principal barrera es precisamente nuestra pertenencia en el Pacto de San José”, se lee en la exposición de motivos del proyecto de ley de UPP.

En efecto, Elizabeth Salmón recuerda cómo es que la pretensión de imponer de la pena de muerte en el país es una constante que resurge cada cierto tiempo en el plano político.

“Esta idea de reestablecer la pena de muerte es una que cíclicamente se presenta en nuestro país desde hace 20 años, probablemente. No hay ninguna novedad en este pedido, es un reciclado”, indica.

En el 2006, por ejemplo, el entonces presidente Alan García envió al Congreso una propuesta de modificación Constitucional para permitir la pena de muerte en casos de violación de sexuales de menores de siete años de edad, seguida de muerte. El proyecto, sin embargo, no fue visto en el Parlamento.

En el 2017, la entonces congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer presentó un proyecto de ley en el mismo sentido.

Para los especialistas, el retiro del Pacto de San José y el restablecimiento de la pena capital en la legislación peruana generaría consecuencias perjudiciales para el país.

“Evidentemente, (el retiro de la Convención) traería consecuencias sociales, políticas y económicas, desincentivos de inversión, riesgo país y conflictos sociales”, señala Abugattas.

“¿Qué se gana saliéndose (del tratado) y qué se pierde? Se pierde ser un Estado con una trayectoria internacional de respeto por los instrumentos internacionales. Se pierde la posibilidad de seguir recibiendo activamente todas las posibilidades que nos brinda ser parte del sistema internacional. ¿Qué se gana? Estar del lado oscuro de la fuerza, estar en el grupo de los Estados que tienen, hasta el momento, pena de muerte, a pesar de que no se ha demostrado que la imposición de la pena de muerte disminuye la criminalidad”, afirma Salmón.

Actualmente, son 56 los países en los que se aplica la pena de muerte. Entre ellos se encuentran: China, Siria, Afganistán, Cuba, Zimbabue, Botsuana, Somalia, Egipto y Estados Unidos (dependiendo del Estado).

Según Amnistía Internacional, 106 países han abolido el castigo capital de sus legislaciones.

Las otras ideas radicales de UPP

Pero el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos no es la primera propuesta polémica que ha presentado, en lo que va del periodo legislativo, el movimiento político liderado por Antauro Humala. Desde que se instaló el Congreso en marzo, la bancada upepista ha propuesto una serie de proyectos legislativos que colisionarían con la Constitución:

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