Fiscalía afirma que Perú Libre se creó para lavar dinero

La presunta organización criminal enquistada en Perú Libre y encabezada por Vladimir Cerrón habría cometido actos de lavado de activos para ingresar dinero ilícito a las campañas del partido del lápiz y financiar gastos procesales de su líder, de acuerdo con la exposición que hizo ayer la fiscalía durante una audiencia en el Poder Judicial por este caso.

Ante una sala de apelaciones, Elssie Garavito, fiscal adjunta superior, detalló que parte de la imputación al partido de gobierno es haber sido “inscrito con la finalidad de ingresar dinero ilícito”.

MIRA: Avelino Guillén: exministros del Interior plantean las prioridades que debe tener la nueva gestión

Además, ratificó la postura del Ministerio Público sobre la necesidad de haber allanado los locales del partido y los inmuebles de su líder. Advirtió que había “una completa renuencia por parte del investigado y del partido político de entregar la información”.

La representante de la fiscalía de lavado de activos tomó la palabra durante la audiencia en la que Cerrón y Perú Libre buscaban revocar la orden del juez que autorizó esa diligencia, realizada a finales de agosto.

Como parte de su argumentación, la fiscal señaló que la actividad criminal previa vinculada a esta investigación por presunto lavado de dinero se basa principalmente en el Caso Los Dinámicos del Centro.

Según el Ministerio Público, dinero fruto de actos de corrupción habría sido usado para cumplir dos objetivos: financiar indebidamente a Perú Libre y cubrir gastos relacionados con los diferentes procesos judiciales de Cerrón, incluido el pago de una reparación civil.

La fiscal indicó también que aspirantes a colaboradores eficaces han declarado que se los obligó a inscribirse en el partido, pagar cupos y participar en actos proselitistas.

Sobre Perú Libre, Garavito detalló que “la imputación del Ministerio Público es que este partido ha sido fundado por el líder de la organización criminal y ha sido inscrito con la finalidad de ingresar dinero ilícito” y que se han registrado “depósitos sospechosos en efectivo” en sus cuentas bancarias.

Allanamientos

Luego, la audiencia se centró en debatir si era necesario haber allanado los inmuebles de Cerrón y Perú Libre. Claudette Chatpman, abogada de Cerrón, no debatió el fondo de la hipótesis fiscal, pero sí rechazó que se refieran a su cliente como líder de una organización criminal, al recordar que el caso sigue en investigación.

Chatpman expresó que la disposición fiscal en la que se incluyó a Cerrón como investigado es del 6 de agosto y que allí le dieron 30 días para entregar documentos, tales como estados de cuenta y libros contables. Los allanamientos se ejecutaron el 28 de agosto en Lima y en Junín, por lo que –aseguró– aún estaban dentro del plazo para entregar la información.

La defensa de Perú Libre tuvo argumentos similares. “No era necesario hacer este allanamiento e incautación, porque muy bien podían pedir el levantamiento de la información, secreto bancario, reserva tributaria y el levantamiento de las comunicaciones”, dijo el abogado Bladimiro Chuquimbalqui.

La fiscal pidió confirmar la validez del allanamiento. Según afirmó, el 9 de agosto, una representante del Ministerio Público fue al local de Perú Libre para requerir la documentación. Ahí le indicaron que se la darían al día siguiente, lo que no se cumplió.

Garavito añadió que no eran necesarios 30 días para entregar lo requerido y que los partidos están obligados a tener esa información disponible. Además, comentó que hay información financiera que la fiscalía solicitó a los investigados y que hasta ahora no se entrega.

Después de casi dos horas, la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional dejó al voto su decisión sobre esta apelación.

En los próximos días, los jueces Víctor Enríquez, Yenny Magallanes y Javier Sologuren darán a conocer si confirman la validez de los allanamientos o si revocan la orden del magistrado de primera instancia que los autorizó.

CIFRAS

— 7 inmuebles fueron objeto de un allanamiento en Lima y Junín por su relación con Vladimir Cerrón y su partido político.

— 16 meses es el plazo máximo que tiene la investigación preliminar de la fiscalía por el financiamiento del partido Perú Libre.

VIDEO RECOMENDADO: