Waldemar Cerrón y sus 13 proyectos que pretenden debilitar el sistema de justicia tras fuga de su hermano

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, ha impulsado 13 proyectos que buscan debilitar el sistema de justicia desde que su hermano pasó a la clandestinidad para no cumplir con una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por el Caso Aeródromo Wanka.

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Las iniciativas han sido presentadas entre octubre del 2023 y agosto de este año y han sido derivadas, en su mayoría, a la Comisión de Justicia, que preside Perú Libre [ver recuadro].

La más reciente propone la creación de una comisión parlamentaria que se dedique a examinar el trabajo de jueces y fiscales. Esta generó el rechazo del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, congresistas y especialistas, que la calificaron de inconstitucional y antidemocrática.

Cerrón inició su agenda contra el sistema de justicia el 20 de octubre del año pasado, dos semanas después de que la condena de su hermano Vladimir por el delito de colusión fuera ratificada en segunda instancia.

En esa fecha, el congresista de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea regular el proceso de nombramiento de jueces y fiscales. El dictamen de esta propuesta obtuvo la luz verde de la Comisión de Constitución en junio último y deberá ser debatida y votada por el pleno del Parlamento.

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Un mes después, el congresista de Perú Libre impulsó la propuesta que busca facultar a la policía para dirigir la investigación preliminar de los delitos. Esta iniciativa- que ha sido ampliamente cuestionada- acaba de ser aprobada en primera votación por el pleno del Parlamento.

En lo que va del 2024, el hermano del prófugo líder perulibrista ha promovido once proyectos de ley entre los cuales se encuentra el que plantea modificaciones a la figura de la detención preliminar.

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En otra iniciativa legislativa, Cerrón busca que se pueda denunciar a jueces y fiscales por el delito de prevaricato en cualquier jurisdicción a nivel nacional. Actualmente, en el criterio prima el lugar donde se produjeron los hechos.

El delito de prevaricato cuestiona la actuación misma de un magistrado. Es aquel que se le atribuye a un fiscal o juez por haber dictado una resolución o dictamen contrarios al texto expreso de una ley, citando pruebas inexistentes o hechos falsos o apoyándose en leyes ya derogadas. Las penas van entre los tres y cinco años de pena privativa de la libertad.

También está la propuesta para modificar la figura de colusión simple, agravada y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Lo que plantea el segundo vicepresidente del Congreso es que se precise que el funcionario solo ha cometido delito si ha participado “directamente” de la acción o ha “tomado la decisión final”. Actualmente, se considera delito si los servidores están implicados de forma directa o indirecta.

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Finalmente, está la iniciativa busca que aquellos jueces que tengan un proceso de inhibición o recusación solo puedan decidir sobre la libertad o encarcelamiento del imputado en caso de flagrancia. Esta fue presentada el pasado 21 de agosto, en paralelo con la propuesta para crear una comisión que investigue a jueces y fiscales.

Cerrón promovió con menos frecuencia normas contra el sistema de justicia cuando su hermano gozaba de libertad. Dos de las tres propuestas que presentó antes de la sentencia de su familiar prosperaron en el Congreso y se convirtieron en norma.

Estas son la ley que cambia la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado y la que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal. La primera fue promulgada a inicios de agosto y la otra en junio.

Pero también está la propuesta para que la prisión preventiva no pueda extenderse más de doce meses en casos de organización criminal, que continúa en la agenda de la Comisión de Justicia.

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No solo Cerrón presenta iniciativas que atentan contra el sistema de justicia. Los integrantes de su bancada también han promovido proyectos similares.

El parlamentario Américo Gonza impulsa desde el jueves, por ejemplo, una propuesta para cesar en sus cargos a jueces y fiscales supremos que se hayan desempeñado como fiscales de la Nación o presidentes del Poder Judicial.

Asimismo, Segundo Montalvo y otros perulibristas presentaron en febrero un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público y suspender al fiscal de la Nación.

Desde el 2022, la bancada de Perú Libre está al frente de la Comisión de Justicia, primero con Gonza a la cabeza y ahora con Isaac Mita.

Este Diario buscó sin éxito contactarse con Cerrón para recoger sus comentarios.

Dieciséis proyectos presentados por Cerrón desde marzo del 2023

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El exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el abogado penalista Carlos Caro señalaron que con estas iniciativas Cerrón está usando su cargo para debilitar al sistema de justicia y beneficiar a su hermano prófugo.

Andía indicó que, al revisar los proyectos, “podemos darnos cuenta que estos tienen como objetivo principal beneficiar la criminalidad, disminuir las competencias del Ministerio Público” y “evitar la prisión preventiva en casos graves. Además, “entorpecer las investigaciones y controlar tanto a la fiscalía y el Poder Judicial, desde el nombramientos hasta la fiscalización”.

“Por ejemplo, el proyecto de ley que habla de la optimización de la prisión preventiva, cuando uno lo revisa, se da con la sorpresa de que lo que plantea son más requisitos, casi imposibles, para que se pueda dictar a esta medida. Esto conllevaría a que los fiscales no pidan la medida y no se pueda dictar. Abre las puertas a fugas y obstaculizaciones”, advirtió.

Otra iniciativa grave, según Andía, es el que propone que la PNP dirija las investigaciones. Este es el más peligroso. “La policía no está capacitada para hacerlo”. A su juicio, si esta norma es aprobada en segunda votación y promulgada abriría la puerta para casos de corrupción en esta institución.

“¿Las presentan en beneficio de la ciudadanía o en beneficio de la criminalidad? … Para ellos la Constitución no es un límite [...] (Lo que buscan) Es proteger las organizaciones criminales que han formado”, expresó.

Finalmente, el exviceministro cuestionó que Cerrón platee limitaciones a los delitos de colusión y negociación incompatible. “Va en contra del derecho penal”, señaló.

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En tanto, Caro, opinó que estos proyectos reflejan la existencia de una “agenda propia de Cerrón y su bancada con la finalidad de favorecer” a su líder.

“Busca favorecerlo en los procesos que está investigado y en los que está condenado. Está buscando espacios donde pueda ganar tanto en la parte procesal, como material. Y también amedrentar a los jueces”, aseveró.

“Para mí es una instrumentalización de la justicia para fines personales”, subrayó.

Caro añadió que le parece sumamente peligroso el proyecto para fiscalizar a magistrados, así como el que pretende cambiar la norma para la carrera fiscal y judicial y las modificaciones en los delitos de colusión y negociación incompatible.

“Esta última es aplicable como anillo al dedo al caso de su hermano [...] No descartaría que el propio Vladimir Cerrón esté detrás de estos proyectos”.

Finalmente, advirtió que estos proyectos tendrán impacto en las investigaciones por corrupción a altos funcionarios.