Las dos condiciones para que las empresas en el Perú NO paguen el 80% de su IGV

El panorama tributario para las empresas en el Perú acaba de dar un giro radical con la actualización del reglamento de Obras por Impuestos (OxI). Bajo el nuevo marco legal, las compañías cuentan ahora con una ventaja financiera sin precedentes: la posibilidad de liquidar hasta el 80% de sus obligaciones corrientes, incluyendo el IGV y el ISC, mediante certificados de inversión. Con este cambio, las empresas tendrán más dinero disponible en sus cuentas mientras ayudan a que las obras y servicios lleguen más rápido a las zonas que más lo necesitan. Sin embargo, acceder a este beneficio no es una concesión automática ni libre de exigencias técnicas. El Estado ha condicionado esta flexibilidad a la expansión de las intervenciones hacia sectores estratégicos y al cumplimiento de nuevos estándares de transparencia digital. Conoce los requisitos esenciales y las nuevas reglas de juego que transformarán el pago de impuestos en beneficios sociales este 2026.

¿CUÁLES SON LAS DOS CONDICIONES PARA ACCEDER AL PAGO DEL 80% DE LOS TRIBUTOS?

Para que una organización logre aplicar sus certificados OxI sobre el 80% de sus tributos (superando el antiguo tope del 50%), debe cumplir con dos condiciones introducidas por el Ejecutivo:

1. Diversificación del objeto de inversión: la empresa debe migrar o incluir en su cartera el financiamiento de “servicios” y no solo infraestructura física. Esto implica ejecutar proyectos de telemedicina, programas de nivelación escolar, conectividad digital o gestión operativa de sistemas de agua potable.
2. Modernización y calidad técnica: El nuevo reglamento exige que cualquier proyecto de diseño y edificación utilice el sistema digital BIM (Building Information Modeling), una metodología que permite rastrear costos y avances con total transparencia. Asimismo, la compañía debe garantizar que la obra no presentará fallas por un periodo de 7 años, extendiendo así su responsabilidad legal.

¿QUÉ TRIBUTOS SE PUEDEN PAGAR AHORA CON ESTE MECANISMO?

La normativa actual es mucho más flexible que la anterior, ya que permite que los certificados obtenidos por las obras o servicios realizados se utilicen para cancelar una variedad de obligaciones con la SUNAT. Entre los tributos que ahora pueden pagarse con este mecanismo se encuentran:

• Impuesto General a las Ventas (IGV).
• Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
• Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN).
• Impuesto Especial a la Minería.
• Regímenes especiales y el MYPE Tributario.

¿QUÉ ÁREAS SOCIALES SERÁN LAS PRIORIDADES PARA ESTAS INVERSIONES?

El nuevo reglamento pone el foco en mejorar la vida diaria de las familias mediante proyectos que ofrecen resultados inmediatos. Las empresas ahora pueden financiar la construcción de viviendas en zonas rurales para reducir el déficit habitacional y llevar salud mediante telemedicina o brigadas móviles a lugares remotos.

Asimismo, se prioriza la educación a través de la conectividad digital y el refuerzo escolar, junto con la gestión directa de sistemas de agua potable para asegurar que el recurso llegue realmente a los hogares más vulnerables.

¿QUÉ ROL CUMPLIRÁ PROINVERSIÓN EN ESTA ETAPA?

La agencia estatal se transforma en un facilitador técnico que acompaña de cerca al inversionista privado para acelerar la ejecución de las obras. Su labor consiste en brindar asesoría estratégica para que las propuestas se alineen con las metas de cada ministerio y en actuar como un puente que elimine las trabas burocráticas en las regiones.

Al centralizar la asistencia técnica, PROINVERSIÓN garantiza que los proyectos de servicios y construcción se realicen con eficiencia, logrando que el bienestar social se materialice de forma rápida y transparente, según informa Infobae.

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