Vacunas fabricadas en Perú | ¿Cuánto tiempo tomaría comenzar a producirlas?

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Gobierno peruano y Rusia para establecer una planta de producción de las vacunas contra el COVID-19 Sputnik V ha causado revuelo. Y con ello, muchas preguntas siguen sin responderse: ¿el anuncio del presidente Pedro Castillo quiere decir que tendremos acceso a dosis fabricadas en el país pronto? ¿Qué se necesita para llevar a cabo este proyecto? ¿Cuál es la experiencia en la región?

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Los expertos consultados por El Comercio coinciden en que -si bien esta es una propuesta importante, porque permitirá que dejemos de depender del abastecimiento internacional-, tomará tiempo desde el anuncio hasta que la primera vacuna salga de la posible planta de producción. Es un proyecto a mediano y largo plazo, afirman.

En este momento, el limitado acceso a las vacunas COVID-19, un bien clave para el retorno a la llamada normalidad, afecta a los países de ingresos bajos y medios, afirman entidades como GAVI, Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, para inicios de setiembre, solo una de cada cuatro personas estaba completamente vacunada y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mostraba su preocupación, pues la región necesita 540 millones de dosis para garantizar que todos los países puedan proteger como mínimo al 60% de su población.

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Este problema preocupa a más de un gobierno. En la región, países como Chile, México, Argentina y Brasil llevan a cabo iniciativas similares, e incluso algunas ya producen sus propias vacunas, como Cuba. Laboratorios internacionales como Sinovac, Pfizer y Gamaleya (detrás de la Sputnik V) tienen proyectos para producir en la región.

Es importante aclarar que ningún laboratorio en el Perú produce actualmente vacunas para uso en humanos.

Un proyecto a mediano y largo plazo

Sin embargo, dejar atrás esta dependencia a través de la producción local de vacunas no será un proyecto que solucionará, en este momento, el problema de abastecimiento, que ha mejorado para algunas naciones en las últimas semanas, como es el caso del Perú.

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Consultado sobre la propuesta del Gobierno, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, le dijo a este Diario que iniciativas de este tipo requieren pasos complejos previos y que, ahora, la respuesta frente a la escasez de vacunas COVID-19 pasa por negociar donaciones con países con dosis extra.

“Seguro que esta no es una respuesta para el corto plazo, porque para implementar una fábrica de vacunas, con todos los requisitos de calidad, de seguridad, de capacidad técnica... Eso toma tiempo. Es una iniciativa estratégica para reducir la vulnerabilidad [de los países frente a la dependencia tecnológica]”, asegura.

En esa línea, Pedro Riega, ex subjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), destaca que esta es una propuesta válida, aunque compleja: “Como estrategia, la implementación de plantas de producción de vacunas es una estrategia válida que ha demostrado que los países que tienen esta ventaja poseen mayor capacidad de acceder a vacunas”.

Aunque es una decisión estratégica importante, el experto advierte que por el momento no se conocen mayores detalles respecto a este proyecto. No se sabe, por ejemplo, si este anuncio se realizó luego de evaluar las distintas alternativas tecnológicas que hay en el mundo respecto a las tecnologías detrás de las vacunas o si solo responde a una voluntad de ambos gobiernos.

“Es un proceso altamente especializado, porque las tecnologías son complejas de implementar; se requiere una evaluación técnica profunda para poder seleccionar, de la oferta global mundial, cuál sería la mas apropiada para nuestro país. Entonces, esta decisión debe darse luego de evaluar todas las posibilidades y también, obviamente, considerando un componente político y diplomático”, añade.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Para poder llegar a implementar una planta de vacunas en el país, ya sea con una participación total o parcial del Estado, se deben superar pasos administrativos y jurídicos, por un lado, y aspectos técnicos (transferencia tecnológica).

En el primer paso, se debe considerar el sistema nacional de inversiones que establece una serie de pasos y plazos para elaborar un proyecto de inversión con una participación pública total o parcial.

“Eso toma su tiempo, alrededor de un año o año y medio para poder contar con un expediente técnico y poder iniciar la construcción de una planta”, detalla el experto. Con lo cual, si ese fuese el camino que seguiría el Gobierno, entonces para fines del 2022 se tendría este documento clave.

Tras el anuncio del presidente Castillo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos brindó más detalles: las conversaciones con las autoridades rusas se iniciaron el 31 de agosto. “[La implementación de la planta] sería de todas maneras para el año 2023, con mucha suerte para el 2022”.

Para los expertos entrevistados por El Comercio, será clave la voluntad política del Gobierno para darle prioridad a este proyecto y, de este modo, que se haga realidad en el plazo más breve.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Salud (INS) tendrá un rol fundamental en lo que sería un posible centro nacional de producción de vacunas, ya que, como ente rector, está bajo sus atribuciones conducir la innovación en salud y “la producción de biológicos y bienes de importancia estratégica en salud pública”, según señala el reciente Decreto Legislativo 1504 que fortalece sus competencias para la prevención y control de enfermedades. Además, el INS es la institución encargada de la transferencia tecnológica “con la participación de las instituciones públicas, privadas y del sector académico, nacional e internacional”.

Actualmente, el INS produce antídotos para mordeduras por serpientes venenosas desde finales de los años 70. Su Centro Nacional de Productos Biológicos es considerado de referencial nacional e internacional.

En la región, Argentina espera tener una nueva planta para producir la Sputnik V y otros productos biotecnológicos para agosto de 2022, cuando se iniciaría la producción a baja escala y se prevé que la planta opere completamente en febrero de 2023. El laboratorio privado Richmond, detrás del proyecto, consiguió 85 millones de dólares de inversores internacionales para el proyecto.

Más allá del COVID-19

Con estos plazos, las vacunas contra el COVID-19 producidas en el país no estarán disponibles al menos en dos años. Debido a que aún no sabemos cada cuánto tiempo tendremos que recibir una vacuna contra el COVID-19, contar con una planta en el país nos pondría en una mejor posición en el acceso a las dosis.

Además, una planta de este tipo podría servir para poder producir vacunas que el país necesita para otras enfermedades prevenibles y que actualmente son adquiridas a otros países, ya sea de manera directa o a través del fondo rotatorio de la OPS. Actualmente, el Esquema Nacional de Inmunización incluye 17 vacunas que protegen de 26 enfermedades potencialmente graves, como la varicela, el sarampión, polio, neumococo, entre otras.

“Siempre van a existir estas enfermedades que a nivel global, digamos, no afectan a tanta población, pero para nuestro país sí son importantes. Entonces, es necesario que el país pueda dar este salto cualitativo hacia una capacidad de desarrollo de innovación y de producción de vacunas. No estamos hablando de que este proyecto deba servir para vencer el COVID-19 a un plazo inmediato o a un corto plazo, pero sí es importante que inicie porque hay otros países como Chile, Argentina, Brasil y México que ya nos llevan la delantera. Si no lo hacemos, vamos a seguir manteniendo nuestra dependencia tecnológica que tanto daño nos ha generado como país durante esta pandemia”, advierte Riega.

Para la OPS, “es importante fortalecer la capacidad de producción de vacunas, de medicamentos y otros productos médicos en la región”; por ello, hace poco lanzaron una plataforma regional para lograr producir vacunas con la nueva tecnología de ARN mensajero, detrás de las vacunas Pfizer y Moderna. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los países de América Latina y el Caribe en el acceso a vacunas, no solo de COVID-19.

Por ello, la entidad reitera que esta iniciativa se proyecta a mediano y largo plazo, y la alternativa “más inmediata para ampliar el acceso a vacunas [COVID-19] es estimular más donaciones por parte de los países desarrollados”.

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