Comunidades indígenas de Yurúa cercadas por el narcotráfico e invasores brasileños en la Amazonía de Perú

“No es fácil vivir aquí. En meses como estos, cuando el río baja al mínimo, nuestros botes se atascan en la arena y prácticamente quedamos incomunicados. Tampoco hay autoridades, por eso viene gente de fuera y nos invade, se llevan nuestros alimentos o talan los bosques para sembrar drogas”, dice uno de los habitantes de la comunidad indígena Oori. Él forma parte de una de las 29 familias asháninkas, yaneshas y amahuacas que viven en el límite más extremo de la región Ucayali, en la frontera con Brasil; peruanos que no conocen de agua potable, medicinas ni vías de acceso, solo de violencia y olvido.

La comunidad de Oori se ubica entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. Llegar hasta este punto de la frontera de Perú y Brasil solo es posible si el tiempo permite el despegue de las avionetas que unen Pucallpa con Puerto Breu, capital del distrito de Yurúa, en la provincia ucayalina de Atalaya. Algo que sucede, a lo mucho, tres veces por semana, y siempre que sus habitantes puedan pagar S/100 (US$25) por tramo. Una vez en Puerto Breu, la única forma de entrar a las comunidades indígenas de frontera es navegando por los ríos Yurúa y Breu, durante cuatro horas o más si es que el caudal está muy bajo.

Cuando un habitante de Oori, o de las comunidades fronterizas aledañas Santa Rosa y Koshireni, necesita atención médica, prefiere buscarla en el poblado brasilero Foz de Breu, que es donde compran la mayoría de sus insumos, desde alimentos hasta hélices para sus lanchas. En el lado peruano, la ciudad más cercana para acceder a una posta médica y a una escuela secundaria es Puerto Breu, aunque en ambas fronteras el costo de la desigualdad es el mismo: 10 soles (US$2.5) por una botella de agua y 45 (US$11) por cada galón de gasolina.

Estas tres comunidades de frontera tienen un doble rol en la defensa de la selva peruana. Junto a otras seis localidades nativas, Oori, Santa Rosa y Koshireni forman el cinturón de protección de la Asociación de Conservación Comunal de Yurúa (ACCY), un área de 45 669 hectáreas de bosques y ecosistemas en preservación. Además, en conjunto con las comunidades que confluyen al sur con los ríos Yurúa y Huacapishtea, actúan como bloque de amortiguamiento de la Reserva Indígena Murunahua y de la Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) mashco piro, mastanahua y otro cuya pertenencia técnica aún no se identifica.

Sin embargo, líderes de comunidades indígenas y voceros de organizaciones civiles, entrevistados por este medio, indican que estas 29 familias nativas están siendo afectadas por la expansión del narcotráfico, cuyas redes de comercialización y consumo han alcanzado a sus niños y adolescentes. Además, han asumido el rol de guardianes del bosque para proteger su territorio de invasores brasileños que cazan, pescan y talan sus recursos, aprovechando la ausencia del Estado.

Ruta de narcotráfico

Según el líder de la comunidad indígena de Santa Rosa, Fernando Aroni Lozano, al menos hasta el mes de mayo fueron testigos del paso de avionetas clandestinas que volaban a baja altura sobre sus territorios, entre las 3 a.m. y 5 a.m. Esta modalidad de transporte, usada para sacar la droga que se produce en el país, también ha sido reportada por comuneros de la localidad nativa Koshireni, y de las comunidades Dulce Gloria, Nueva Bella y Paititi, ubicadas en la cuenca sur del río Breu, de acuerdo con la información recopilada por Carlos Iván Torres, coordinador sectorial de la Asociación Propurús en Yurúa.

“Hace dos meses hicimos un patrullaje por la cuenca del río Huacapishtea, con personal del Ministerio de Cultura, y entrevistamos al jefe de la comunidad Paititi. Él nos contó que durante sus acciones de caza encontraron latas de atún y empaques de galletas, indicios del paso de foráneos en zonas inaccesibles que conectan con la Reserva Indígena Murunahua. Es posible que estas avionetas, cuyo sobrevuelo se escucha en las madrugadas, estén aterrizando cerca del área protegida”, añade Torres.

No se trata de hechos aislados. En julio y agosto, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Ministerio de Cultura realizaron sobrevuelos por la Reserva Indígena Murunahua, la Reserva Territorial Madre de Dios, la Reserva Indígena Mashco Piro y el Parque Nacional Alto Purús, y presenciaron el mismo fenómeno. Según el Informe 006-2022-Sernanp, al que Mongabay Latam tuvo acceso, el equipo evidenció el vuelo de avionetas pequeñas sobre el Parque Nacional Alto Purús. “Esta acción se registró tanto en horas de la mañana y al cerrar la tarde”, se lee en el documento.

También se fotografiaron tres campamentos foráneos dentro de la Reserva Indígena Mashco Piro y dos chozas en la Reserva Murunahua que no pertenecen a población indígena. Además, se identificó un área de menor vegetación en el distrito de Sepahua, “probablemente producto de la tala ilegal o futuras parcelas para el establecimiento de cultivos ilegales”, señala el informe.

El Jefe del Parque Nacional Alto Purús, Arsenio Calle, añadió que el Sernanp cuenta con información de nueva actividad de deforestación en la Quebrada La Raya, en el afluente del río Inuya que limita con la Reserva Murunahua, exactamente en una zona que era usada como pista de aterrizaje clandestina para el transporte de drogas. Según Calle, esta pista ilegal se habría reactivado. “Lo cierto es que la trocha carrozable que se abrió desde Nueva Italia, y que pretendía llegar a Puerto Breu, ha contribuido a la aparición de pistas clandestinas y a una invasión desordenada del bosque”, dijo en diálogo con Mongabay Latam.

Al respecto, fuentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa explicaron que estas avionetas modelo Cessna que cruzan la región tienen como destino final Bolivia, país que recibe la cocaína que llega del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por el corredor fluvial. De acuerdo con esta información, los pilotos experimentados reciben USD 25 mil por cada vuelo en el que se transportan hasta 350 kilos de droga.

Sin embargo, sostienen que en los últimos años la región Ucayali ha escalado en su actividad productora de cultivos de hojas de coca. Esto debido a la presencia de organizaciones del narcotráfico que migraron del Vraem, huyendo de los operativos antidrogas, y al ingreso al Perú del Comando Vermelho, un grupo criminal brasileño dedicado al sicariato y a la extorsión, que desde 2018 busca concentrar el control del transporte de estupefacientes en la Amazonía. El Comercio y OjoPúblico alertaron de la presencia de organización delictiva en Madre de Dios y Ucayali, respectivamente.

Crecen cultivos ilegales en Ucayali

En entrevista con Mongabay Latam, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, confirmó que uno de los hallazgos del nuevo Informe sobre la situación del Tráfico Ilícito de Drogas 2021 es el drástico incremento de cultivos de hoja de coca en Ucayali, impulsada por migrantes cocaleros del Vraem y mafias brasileñas. “En Ucayali encontramos una situación súper delicada, por estar en frontera con la zona andina del Vraem y en frontera con Brasil, segundo consumidor mundial de pasta básica de cocaína. Eso convierte a la región en el blanco de concentración de intereses ilícitos, que afectan directamente a las poblaciones indígenas”, detalló.

De acuerdo al informe, Ucayali se ha convertido en la región con el mayor incremento de producción de hoja de coca, por encima de Loreto, Puno y Junín. Solo entre el 2020 y 2021, la superficie cultivada aumentó en 266 %, al pasar de 3822 hectáreas a 10 151 hectáreas. El mayor crecimiento se registra en el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, pero por primera vez se incluye al Bajo Ucayali entre las zonas monitoreadas por Devida.

En este bloque se encuentran dos distritos de Coronel Portillo: Iparia y Masisea, y tres distritos de la zona sur de la provincia de Atalaya: Tahuania, Raimondi y Sepahua, que en conjunto reportan 1750 hectáreas de cultivos de hoja de coca. La cuenca del Yurúa, sin embargo, no aparece en el informe. En conferencia de prensa realizada por Devida, Soberón añadió que no tienen los medios operativos para llegar al mencionado sector fronterizo, “pero sabemos, por referencias e imágenes satelitales que realiza el Observatorio Peruano de Drogas, que es un territorio en riesgo”.

Hasta el mes de agosto, la Dirandro había identificado 47 zonas de expansión de cultivos cocaleros en Ucayali, así como 37 pistas de aterrizaje clandestinas en los distritos de Sepahua, Raimondi y Tahuania, en la provincia de Atalaya; y en los distritos de Masisea e Iparia, en la provincia de Coronel Portillo. Sin embargo, reconocen que no han realizado sobrevuelos ni patrullaje en la cuenca del Yurúa ni en las comunidades de frontera para saber cómo está operando allí el narcotráfico.

La presencia policial en este lado de la frontera con Brasil se reducía a un puesto de control instalado en el Hito 38, pero desde hace casi una década este se encuentra abandonado. Mongabay Latam pudo confirmar que sus instalaciones han sido saqueadas; no cuenta con mobiliario, baños ni tomacorrientes. En el frontis del local, los retazos de una bandera peruana son la única evidencia de que alguna vez el Estado estuvo ahí. A través de su área de prensa, se solicitó información a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú para conocer si tienen previsto reactivar el puesto fronterizo, pero no respondieron.

Doble consumo

Puerto Breu también se ha convertido en punto de conexión para el ingreso de cocaína y marihuana en territorios de las comunidades indígenas de frontera. En esta localidad, donde la corriente eléctrica llega solo de 6 a 10 pm, la noche no logra esconder a los adolescentes que se drogan en los alrededores de las canchas deportivas y en la trocha que sirve como aeropuerto a la ciudad, como pudo constatar Mongabay Latam.

De acuerdo con las fuentes entrevistadas en la zona, este año han detectado una mayor movilización de ‘mochileros’, es decir, cargadores de droga que llegan a Puerto Breu a pie, a través de la carretera ilegal que pretendía unir el centro poblado Bolognesi, en el distrito de Yurúa, con Brasil. Si bien esta ruta fue bloqueada a la altura de la comunidad nativa Sawawo, en 2021, el tránsito peatonal continúa y está afectando a la comunidad fronteriza más próxima: Santa Rosa.

Carlos Iván Torres, de la Asociación Propurús, señala que en lo que va del año han recibido cuatro comunicaciones de comuneros sobre la presencia de mochileros que hacen paradas en Puerto Breu, al ingresar o salir de Brasil. “El narcotráfico está afectando a la población de Yurúa desde dos frentes: por el consumo y por el uso de mano de obra indígena para la siembra, cosecha y transporte de coca, ya que están habituados a recorrer la selva en largas caminatas. Están aprovechando su vulnerabilidad y necesidad”, dice.

Los comuneros de Puerto Breu, que pidieron no identificarse por temor a represalias, detallaron que cada dos o tres meses llegan grupos de seis u ocho viajeros foráneos, portando mochilas, y se quedan un par de noches en la ciudad. Juegan ‘fulbito’ en la cancha municipal y gastan mucho dinero en cervezas, pero también distribuyen pequeños paquetes de pasta básica de cocaína entre vecinos de la localidad, que les ayudan en la red de comercialización.

El consumo de pasta básica de cocaína también ha alcanzado a los niños y adolescentes indígenas de la comunidad nativa Santa Rosa. Una de estas familias asháninkas cuenta que tuvo que sacar de la comunidad a su hijo de 14 años porque se volvió adicto durante la pandemia, e incluso llegó a sufrir una sobredosis. Pero ni en Puerto Breu ni en Pucallpa, lugares a donde lo enviaron, han podido alejarlo por completo de la adicción. A esta preocupación se suma que han recibido amenazas por intentar denunciar a los comercializadores.

Tony Mori Flores, técnico en laboratorio y jefe de la microred de salud de Yurúa, recuerda que en 2021 otro niño indígena de 13 años, del mismo Puerto Breu, fue llevado a su puesto de salud en estado convulsivo, por una sobredosis. “Se le estabilizó con calmantes y se le tuvo en observación, porque de repente si le damos algún medicamento lo podemos matar (…) Las familias que tienen hijos en adicción no suelen pedir ayuda al centro de salud, pero sería importante recibir capacitación para atender a pacientes de esta magnitud”, señaló. Según refiere, tras el primer año de pandemia se hizo más evidente que niños y adolescentes indígenas de Puerto Breu y Santa Rosa se habían convertido en consumidores.

Fernando Aroni Lozano, jefe de la comunidad indígena de Santa Rosa, resume el riesgo que esto representa para sus bosques y su legado: “Ya no van a necesitar matar a los líderes indígenas para tener nuestros bosques, desde niños ya los están envenenando (…) Hay problemas para el futuro que no estamos viendo”.

En tanto, el caso de la carretera ilegal que se bloqueó a la altura de Sawawo, y que hoy permite el tránsito de los denominados ‘mochileros’, es la única denuncia por afectación de los bosques que se encuentra en la vía penal de Ucayali.

Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Atalaya, la investigación acaba de concluir confirmando que la empresa maderera Inversiones Forestales JS afectó plantaciones de cedro y caoba al abrir y usar dicha trocha, por lo que la Procuraduría del Ministerio del Ambiente está pidiendo una reparación de S/200 mil (USD$51 948). En las próximas semanas, el Poder Judicial deberá decidir si la carpeta fiscal es suficiente para ir a juicio oral o dictar el sobreseimiento de la causa.

Invasiones y extracción de recursos

El apu Edwin Pérez, quien también es presidente de Asociación de Comunidades Nativas Para el Desarrollo Integral del Yurua, Yono, Sharakoiai (Aconadiysh), señala que existen indicios de cultivos ilegales de Santa Rosa a Koshireni, y de chacras no autorizadas dentro del área de Conservación Comunal de Yurúa, pero piden que Sernanp y la Policía realicen patrullajes específicos en sus territorios de frontera para identificarlos.

El también jefe de la comunidad indígena Oori, conformada por apenas cuatro familias, es uno de los defensores ambientales que monitorea el estado de sus bosques y ha sido capacitado para anotar en la plataforma Global Forest Watch las alertas de deforestación que encuentra a su paso. Como parte de esta labor, desde hace varios años viene denunciando un problema paralelo con el que deben lidiar en solitario: la presencia de pobladores indígenas brasileños que ingresan a territorio peruano para realizar caza, pesca y siembra ilegal.

“Hemos fotografiado plantaciones de plátano, yuca y hasta marihuana. En la quebrada Beu, cercana a Santa Rosa, hay una trocha por la que ingresan con sus animales a hacer ganadería; y tanto aquí como en Oori y Koshireni las imágenes aéreas muestran zonas deforestadas, pero necesitamos conocer el impacto real de este daño. Estamos pidiendo que la Policía Nacional retome su presencia en la frontera y que se realicen patrullajes continuos selva adentro”, señala Pérez.

Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre mayo y septiembre de este año se han activado la mayoría de alertas de deforestación en la zona mencionada en este reportaje. Comencemos por las comunidades fronterizas: entre Santa Rosa, Oori y Koshireni se han encontrado 2040 alertas de deforestación, sobre todo a lo largo de la frontera con Brasil. En el caso de Santa Rosa, el desbosque se extiende a lo largo del río Yurúa sobre todo en el mes de agosto.

En el caso de la reserva indígena Murunahua, toda el área protegida registra 5272 alertas de deforestación, lo que demuestra la pérdida de cobertura forestal en un espacio que debe ser protegido. Estas alertas se han encendido con más fuerza entre julio y agosto.

Un equipo periodístico de Mongabay Latam acompañó al apu Edwin Pérez en parte de su recorrido y confirmó que a lo largo del río Breu, en el tramo fronterizo que une las comunidades de Oori con Koshireni, es común ver botes de metal de los pobladores indígena brasileños kashinawas encallados en el lado peruano, a pocos metros de trochas que se dirigen selva adentro. Siguiendo esos caminos se pueden encontrar zonas, de una a tres cuadras, donde los árboles han sido reemplazados por plantaciones de maíz y plátano.

Vicente López Mariño, jefe de la comunidad Koshireni, es uno de los defensores ambientales que desde hace una década envía escritos al Gobierno Regional de Ucayali, al Ministerio del Interior y al sector Cultura denunciando estas invasiones, pero hasta el momento su esfuerzo no ha derivado en soluciones reales.

“Los peruanos que vivimos en este lado de la frontera somos poquísimos, ellos [los kashinawas] son más de mil. Cruzan el río y ya están del lado peruano, pero este año la invasión ha sido más fuerte. Vienen a cazar en grupos, con perros y armas, eso espanta a nuestros animales. También pescan de forma masiva, esparciendo en el agua una planta llamada Huaca, que perturba a los peces, y que es la que ha ahuyentado a los boquichicos y lisas que nadaban en nuestras cochas”, cuenta López, a lo que hay que añadir, según otras fuentes locales, la aparición de cultivos de marihuana.

Si bien los comuneros indígenas de ambos lados de la frontera mantienen un trato cordial, el mayor aprovechamiento de recursos por el lado brasileño amenaza con romper el equilibrio, pues mientras los kashinawas conforman una población de más de 1800, los asháninkas, yaneshas y amahuacas que habitan Santa Rosa, Oori y Koshireni son apenas 29 familias.

Gabriel del Águila Pezo, coordinador en Yurúa del Parque Nacional Alto Purús, señala que los invasores ni siquiera respetan la zona de concesión comunal ACCY ni la reserva indígena. “En 2017, con Sernanp, hicimos una supervisión exhaustiva en la Reserva Murunahua, en un recorrido de 19 horas por trocha, y constatamos la existencia de caminos de caza y casquillos de bala dentro de ambas áreas protegidas (…) En Brasil los kashinawa están sometidos a una severa regulación de caza, pero aquí no tienen ese control”, explica.

El ingeniero William Villacorta, de la organización ambiental Upper Amazon Conservancy, detalla que, por ejemplo, en el lado brasilero está prohibido cazar sachavacas, venados, motelos y tortugas taricayas, una especie que forma parte de proyectos de protección de fauna silvestre. Sin embargo, los kashinawa obtienen estos recursos en territorio peruano.

“Ellos ingresan con armas, perros y sacos de sal para llevarse la carne. Si no existiera el majaz, que es un animal que se reproduce muy rápido, las comunidades estarían pasando hambre. Algunos señalan que en estas comunidades no conocen de fronteras, porque sus culturas han hermanado sus prácticas de vivienda y consumo desde siempre, pero eso podría aplicar a poblaciones no contactadas, y este no es el caso”, señala.

Del Águila y Villacorta coinciden en que este aprovechamiento indebido de recursos generará una desigualdad alimentaria y, sobre todo, acentuará la deforestación en los bosques.

Una de las últimas inspecciones ambientales en las que participaron los apus Edwin Pérez y Vicente López, con apoyo de la Asociación Propurús, la Policía Nacional, el Ministerio de Cultura y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, fue en mayo de 2022. Allí pudieron ingresar a parte del territorio de Koshireni y fotografiar cuatro zonas que se han convertido en chacras de consumo.

En el Informe Técnico 001-2022-GRU, elaborado por la oficina regional forestal luego de esta visita, se confirman los daños forestales y ambientales en la mencionada comunidad, y se pide a la oficina de catastro hacer un análisis satelital para cuantificar la pérdida de cobertura boscosa. Además, se incluyen evidencias fotográficas de un árbol de shiringa con la corteza dañada para extraer su látex natural, y un árbol de shihuahuaco talado, pese a tratarse de una especie amenazada por el comercio maderero.

Producto de esta inspección, el 8 de agosto se abrió una investigación fiscal preliminar contra los que resulten responsables, por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del Estado. De acuerdo a la carpeta fiscal Nº 3006025200, el despacho de la fiscal Judith Gonzales Rondón tiene dos meses para investigar el hecho, pero de momento no han hecho una constatación en el lugar.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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