Una vez concluido el plazo, estas observaciones serán evaluadas por el ministerio de cara al proyecto final para el nuevo Código de trabajo que deberá ser debatido en el Congreso.
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Tal y como adelantó El Comercio, este proyecto enumera 17 medidas consideradas por el MTPE como “grandes cambios”. Entre ellas están la eliminación del trabajo remoto, la eliminación del tope para la indemnización por despido, la eliminación de tres mecanismos de contratación temporal incluyendo los contratos por nueva actividad, entre otras [ver infografía].
Sin embargo, según especialistas consultados, estas propuestas no buscarían la reducción de las contrataciones informales.
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“La línea del proyecto no es formalizar, sino cumplir con las promesas políticas dirigidas principalmente a los trabajadores y gremios sindicales. Las empresas están buscando el modo de subsistir actualmente y la intención del Gobierno es otra”, afirmó Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors.
“El anteproyecto no tiene medidas que contribuyen a los informales a pasar a la formalidad, porque no se ven alternativas que puedan reducir que casi el 80% de la población económicamente activa (PEA) siga en ese esquema”, resaltó, en el mismo sentido, César Gonzales, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
El anteproyecto también brinda precisiones sobre cómo se realizará la tercerización de empleados luego de que el Gobierno restringiera dicho mecanismo en actividades “nucleares” del negocio mediante un decreto supremo promulgado en febrero pasado.
“En el núcleo del negocio solo se permite la contratación indirecta de personal para cubrir necesidades de suplencia. Fuera del núcleo del negocio solo se permite la contratación indirecta de personal para cubrir necesidades de suplencia u ocasionales y tercerización de servicios y obras”, indica el documento.
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A pesar de estas definiciones, los especialistas señalaron que la norma impediría incluso que el Gobierno pueda contratar a personal tercerizado para grandes proyectos.
“Los cambios son bastante similares a los que plantea la modificación del reglamento, más allá de lo precisado. Hay actividades de infraestructura de gran envergadura en los que el principal afectado será el Estado que contrata a terceros”, advirtió Diego Castillo, socio del área laboral del estudio Hernández y Cía.
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