La Municipalidad de Lima deberá pagar cerca de 200 millones de dólares al consorcio Rutas de Lima, luego de que una corte de apelaciones en Estados Unidos confirmara dos laudos arbitrales internacionales que favorecen al concesionario. La decisión fue emitida el 24 de junio por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó la apelación presentada por la comuna limeña.
El pronunciamiento ratifica un fallo previo de marzo de este año, el cual ya había desestimado los intentos del municipio por anular la concesión otorgada en 2013. Lima alegó que dicho contrato debía ser considerado inválido por presuntos actos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht, entonces parte del consorcio. No obstante, los tribunales determinaron que no se presentaron pruebas directas que vinculen los pagos ilícitos con la adjudicación del proyecto.
MIRA: Influencers: canjes, unboxing o sorteos en redes sociales califican como publicidad y deberán ser informados como tal
El conflicto se originó en 2017, cuando la comuna limeña bloqueó la implementación de un nuevo peaje en una de las vías administradas por Rutas de Lima. Esta decisión motivó que el concesionario iniciara dos arbitrajes internacionales bajo el reglamento de la Uncitral, con sede en Washington D.C.
En el primero, un tribunal ordenó a la municipalidad pagar US$ 68 millones más intereses, cifra que se ha elevado a aproximadamente US$ 190 millones. En el segundo proceso, se sumaron US$ 7,2 millones adicionales por la demora en ajustes tarifarios.
Durante la apelación, la municipalidad también acusó al consorcio de ocultar pruebas relevantes y al tribunal arbitral de rechazar evidencia clave. Sin embargo, la corte estadounidense concluyó que no se vulneró el debido proceso ni se produjo un perjuicio sustancial.
MIRA: Wall Street cierra en verde tras mensaje de la Casa Blanca sobre los acuerdos comerciales
El consorcio Rutas de Lima, actualmente controlado por Brookfield Infrastructure, mantiene además un tercer arbitraje contra la Municipalidad de Lima. Paralelamente, Brookfield ha iniciado un proceso ante el Ciadi contra el Estado peruano por una supuesta expropiación de su inversión, con una demanda por US$ 2.700 millones.
Finalmente, aunque la comuna buscó frenar la ejecución de los pagos, esta medida también fue rechazada por una jueza distrital que consideró que Lima no demostró probabilidad de éxito en su apelación.
Este diario se comunicó con Scott Nielson de Boies Schiller Flexner LLP, abogado de la MML, quien anotó que “la decisión fue un resultado procesal basado en un expediente ya obsoleto. El verdadero juicio legal está por venir: nuevas pruebas para el próximo juicio de Susana Villarán están listas para arrojar luz crucial sobre la trama corrupta detrás de este contrato. El miércoles por la mañana, por primera vez, el estado peruano se ha unido a la Municipalidad de Lima para solicitar la divulgación de documentos clave, incluyendo archivos de diligencia debida que podrían revelar qué sabían Brookfield y sus socios, y cuándo lo supieron”.
Data
