"Hay impaciencia por sacar los proyectos. Lo importante es que salgan bien para evitar problemas vistos en el pasado", asegura Quijandría. (Foto: El Comercio)
"Hay impaciencia por sacar los proyectos. Lo importante es que salgan bien para evitar problemas vistos en el pasado", asegura Quijandría. (Foto: El Comercio)
Gonzalo Carranza

En noviembre del año pasado, tomó las riendas de . En conversación con este Diario, el economista aclara que su llegada fue principalmente para llevar a cabo la reorganización de la agencia estatal y detalla cuáles son los avances conseguidos a la fecha.

—Fuentes del Gobierno afirman que se ha acordado su salida de Pro Inversión en las próximas semanas. ¿Cuál es su futuro en la institución?
Yo entré a Pro Inversión porque el Perú pidió al Banco Mundial que me dé una licencia para encargarme de la implementación de la reforma de esta institución. Esto es por un plazo limitado, un plazo que desde el inicio yo acordé que sería el período que tomara desarrollar la parte fundamental de la reforma. Y esto, más que de fechas, depende de alcanzar hitos.

—¿Y cómo va avanzando la reforma?
Es una reforma compleja. En años anteriores se han hecho varios diagnósticos de Pro Inversión y todos coincidían en tener una organización más eficiente y con procesos de mejor calidad. Para esto se necesitó una reforma del marco normativo y una reforma interna de la institución misma. En estos meses hemos avanzado de manera consistente y constante en la reforma, y se han alcanzado algunos hitos importantes.

—¿Cuáles son?
Uno de ellos ha sido el nuevo reglamento de operación y funciones, en el que ya se establece la nueva estructura de Pro Inversión, así como los nuevos roles y funciones para adecuarse al cambio de marco normativo.

—¿Cómo era la estructura anterior de Pro Inversión y cómo es ahora?
La estructura se parecía mucho a la de un ministerio. La nueva estructura se parece más a la de un banco de inversión, pues Pro Inversión es una fábrica de proyectos de asociaciones público-privadas (APP). En ese sentido, la reorganización busca que toda la institución esté al servicio de la estructuración de proyectos, y esto implica tener espacios para la incorporación de personal de alta calificación.

—Pero para atraer personal con alta calificación hay que modificar la escala salarial.
Eso es parte de nuestra propuesta. Ya se aprobó en el consejo directivo de Pro Inversión y está siguiendo su curso en el MEF. En paralelo, hemos planteado un nuevo cuadro de asignación de puestos que crea posiciones adicionales.

—¿Cuáles serán esas posiciones?
En la nueva estructura se llaman directores de proyectos. Un tema central es que Pro Inversión siempre ha tenido un portafolio de alrededor de 100 proyectos y personal limitado. El ratio de número de proyectos por jefe era de 8 a 10 por persona, eso es inmanejable. Tenemos que pasar a una mejor práctica internacional que es 2 o 3 proyectos por persona, y solo uno por persona si se trata de un megaproyecto. Eso va a permitir que los proyectos fluyan.

—El año pasado se modificó el marco de las APP. ¿La implementación de esta reforma está dando dolores de cabeza en el día a día?
Desde junio estamos operando con el nuevo marco. Hemos tenido un tiempo de preparación para afinar los nuevos procesos y lo que ahora se requiere es complementar esto con una cantidad de especialistas adicionales para fortalecer la capacidad de las direcciones de los proyectos. Esto es muy importante porque, con el nuevo marco legal, ahora los directores de proyectos conducirán los procesos, función que antes tenían los comités. Por eso, hemos establecido en el cuadro de asignación de personal calificaciones y necesidades de conocimientos más exigentes que en el pasado.

—¿Y ahora qué rol van a cumplir los comités?
Tendrán un rol de dar conformidad a los instrumentos centrales de las bases, los contratos y los mecanismos de asignación de riesgos. Hacia adelante, los comités van a estar formados por más personas independientes, porque lo que queremos es que, sobre todo, den su opinión en las partes sustanciales de la estructuración de las APP.

—Y más allá del tema económico, ¿qué tan complejo está resultando convocar nuevos cuadros técnicos siendo Pro Inversión una de las entidades que está en el ojo de la tormenta?
Lo fundamental para atraer gente es que haya la seguridad de que los procesos se manejan bien. Por otro lado, es importante tener una mejor escala remunerativa.

—Un aspecto que se cuestiona es que solo se ha avanzado con dos adjudicaciones cuando se habían anunciado varias a inicios de año.
Hay impaciencia en todos lados. Hay urgencia el sector privado, en el Gobierno y en nosotros por sacar las operaciones, pero lo importante es asegurarse de que salgan bien para que no sucedan los problemas vistos en el pasado. También se habla de atrasos, pero la proyección que tenemos ahora para las adjudicaciones es prácticamente la misma que hicimos en enero. La única operación que se ha aplazado hasta el próximo año es el tramo 4 de la longitudinal de la sierra, porque el Ministerio de Transportes consideró necesario actualizar el estándar de un tramo de la vía para evitar adendas innecesarias. Todo lo demás sigue su camino y estamos haciendo un seguimiento semanal.

—¿Y cuáles son los proyectos que vienen en el más corto plazo?
Ya hemos dado la declaratoria de interés para la iniciativa privada de modernización del Puerto de Salaverry y está abierta una ventana de 90 días para recibir propuestas de otros postores, lo que podría demorar el proceso, pero para darle mayor competencia. Tenemos dos líneas de transmisión eléctrica por US$500 millones, un proceso en el que la versión final de los contratos ya está circulando entre los 11 postores precalificados. También están los proyectos de banda ancha de Internet por US$280 millones, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica y la concesión de Michiquillay, que debe concretarse en noviembre. Finalmente, están la planta de aguas residuales en el Titicaca, cuya declaratoria de interés la daremos en unas semanas, y una iniciativa privada para alumbrado público en Arequipa.

—Si tuviéramos que sumar, con relativa certeza, lo que saldría este año, ¿de cuántos proyectos y de qué monto de inversión estamos hablando?
Son siete adjudicaciones más tres iniciativas privadas, que en total son 16 proyectos, que en algunos casos hemos juntado y saldrán como paquetes. Todas estas iniciativas suman alrededor de US$3.760 millones, y nuestros anuncios siempre han estado en el rango de los US$4.000 millones. La diferencia es por el [aplazamiento del] tramo 4 de la longitudinal de la sierra.

—Una preocupación de mediano plazo es que la reforma normativa implica una mayor planificación de proyectos por parte de los sectores, pero estos no están acostumbrados a trabajar así. ¿Cómo evitarán que el ‘pipeline’ de proyectos futuros quede vacío?
Hay tres líneas de trabajo para alimentar el portafolio. Una es definir con los propios sectores proyectos que van a entrar al ‘pipeline’, y en paralelo vamos a seguir con un proceso de limpieza para identificar proyectos que tienen dificultades de fondo muy grandes o que ya no son relevantes. La segunda línea es la presentación de iniciativas privadas autosostenibles, y ya hemos recibido 11 en lo que va del año. Y la tercera vía tiene que ver con el desarrollo de los planes multianuales de cada sector, algo que será obligatorio en el nuevo marco normativo. Con esto, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tendrán que establecer cuáles son sus proyectos de inversión en infraestructura y qué porción de ellos se harán vía APP. Cuando estén listos los planes multianuales, el MEF va a preparar el primer plan nacional de infraestructura y eso va a ser una señal muy clara para los potenciales inversionistas.

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