La estabilidad de un país no reside únicamente en su riqueza o en su fuerza militar, sino en la solidez y el respeto a sus instituciones públicas. Cuando esta base se resquebraja, el deterioro es rápido y catastrófico, marcando la diferencia entre el progreso sostenido y el estancamiento perpetuo. El proceso de descalabro institucional comienza con un acto de profunda gravedad: el irrespeto sistemático a la ley, donde la norma escrita deja de ser un mandato inquebrantable para convertirse en una herramienta opcional, o peor aún, en una fachada que oculta prácticas de impunidad y corrupción.
Esta violación del Estado de Derecho da paso a la enfermedad del cortoplacismo. La obsesión por el beneficio inmediato o por el cambio meramente cosmético engendra una inestabilidad crónica, manifestada en el constante reemplazo de políticas y funcionarios. Con cada giro, se pierde la memoria institucional, se anulan los planes estratégicos y se condena a la burocracia a la inacción, por el temor a que cualquier proyecto de largo aliento sea revocado al siguiente ciclo.
Esta miopía política tiene un efecto devastador en el desarrollo nacional. La ausencia de una mirada de largo plazo impide la formulación de verdaderas políticas de Estado, condenando al país a atacar las brechas de desarrollo (pobreza, desigualdad, infraestructura) con medidas paliativas en lugar de soluciones estructurales. Finalmente, esta cadena de irresponsabilidad se traduce en una peligrosa falta de respeto a las políticas fiscales, elevando el riesgo país, encareciendo el crédito y castigando la estabilidad económica que tanto necesita un país para poder invertir en el bienestar de sus ciudadanos.
Esta situación es exactamente lo que está pasando con la Sunat, que lamentablemente no ha sido ajena al debilitamiento de las instituciones públicas experimentado en el Perú desde el año 2016. A partir de entonces, vemos cómo los funcionarios públicos rectores de las más importantes entidades del Estado van y vienen de los cargos, sin permanencia que permita ejercer un liderazgo eficaz, capaz de impulsar cambios y reformas harto requeridos.
Cuando la estabilidad en el liderazgo de la Sunat se torna imperiosa, nuevamente, y con solo veinte días en el cargo, se vuelve a cambiar al superintendente -el sexto en dos años- con un gobierno en transición. Esta situación es francamente inaceptable.
Solo a través de una jefatura profesional y con una trayectoria probada y comprobada, y con continuidad, se pueden tomar decisiones estratégicas que trasciendan administraciones y que permitan avanzar en reformas significativas, favoreciendo una cultura de cumplimiento tributario basada en la colaboración y no en la coerción.
La predictibilidad en la dirección de nuestros organismos tributarios no solo fortalece la gestión de la recaudación, sino que también genera confianza en el ciudadano, quien percibe una administración comprometida con la eficiencia y la justicia fiscal. Es fundamental que volvamos a impulsar y asegurar la permanencia de los líderes de instituciones clave, garantizando así que las políticas y reformas no se vean interrumpidas por cambios frecuentes en la dirección. Continuar en este vaivén es una absoluta falta de respeto a la institución y una ligereza inaceptables.
Ciertamente una tarea pendiente es la de construir primero confianza. Quizá apelar al espíritu de los refundadores de la Sunat es lo que corresponda. Yo también creo, como Manuel Estela, que la Sunat debe volver a hacer la “confesión de fe” fundacional: “Donde haya corrupción, la Sunat pondrá honestidad; donde haya escepticismo, la Sunat sembrará credibilidad; y así la Sunat contribuirá a reemplazar la frustración por la esperanza en el Perú”. Y, además, que el ejecutivo respete a la institución.
