Ponernos en “modo reforma”

Recientemente se presentó el “Estudio económico de la OCDE: Perú 2023″, como una primera acción dentro del proceso de adhesión del Perú a esta organización de países con mejores prácticas de políticas públicas. En el marco de una tendencia a la reducción de las expectativas de crecimiento del país para el próximo año, el informe realiza una reflexión sobre las prioridades que se deben atender y las recomendaciones que la OCDE propone.

Deseo resaltar dos elementos centrales que los peruanos debemos tomar con mucha atención: la reducción de la informalidad como tema prioritario y trabajar las reformas estructurales que se requieren para tener un crecimiento de largo plazo sostenido. En los últimos años la inestabilidad política e institucional, aunada a la pandemia del COVID-19 y la guerra de Rusia y Ucrania, entre otros, han hecho que nos olvidemos de trabajar las bases fundamentales de la economía.

Los niveles de informalidad que tiene el Perú son los más altos de Latinoamérica, afecta a cerca del 80% de trabajadores, lo que se traduce en una muy baja productividad y un limitado acceso a las prestaciones sociales. Luchar contra la informalidad tiene varias aristas que atender. Una de ellas es tener una educación de calidad que permita tener puestos de trabajo de mayor valor, pero también contar con una atención de salud de calidad que permita al trabajador estar en buen estado físico y mental, lo que ayudaría a incrementar la productividad. También es necesario reducir los altos costos laborales, lo que nos lleva a pensar en una reforma laboral. Encarecer el empleo formal es justo todo lo contrario a lo que se debe hacer, dado que no habrá incentivos para la formalización.

En lo que respecta a las reformas estructurales que requiere el país, hay cuatro áreas particularmente urgentes: tributación, laboral, justicia, pensiones y protección social. La recaudación tributaria actual, 17% del PBI, es insuficiente para garantizar la provisión de servicios públicos y la protección social requerida. Por ello es necesario transitar hacia un esquema tributario más eficiente y equitativo. Ello implicaría incluir la revisión de los regímenes tributarios, la ampliación de la base tributaria, la simplificación de los procedimientos y la lucha contra la evasión fiscal.

La pandemia del COVID-19 hizo evidente la baja protección social de la población, por lo que es necesario ampliar la cobertura de las transferencias monetarias condicionadas, las pensiones sociales y la cobertura de salud. Se requiere construir un sistema básico de protección social y, a la par, impulsar la formalización.

La reforma laboral es clave para reducir la informalidad. Una normativa flexible en un contexto de cambios se hace muy necesario, de la mano de una modernización de inspecciones laborales, el refuerzo de las capacitaciones y la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Las reformas en el mercado laboral pueden ayudar a promover el empleo formal y la inversión.

Finalmente, se puede mejorar la normativa y la implementación de las políticas, pero a la par se necesita un sistema de justicia que haga respetar el estado de derecho y así mejorar el clima de inversiones. La lucha contra la corrupción y la eficiencia en el sistema judicial (digitalización e interoperatividad) son elementos sustanciales en esta reforma.

El Perú cuenta aún con un marco macroeconómico estable, ventaja que no podemos perder. Sin embargo, no es suficiente. Hay brechas sociales muy grandes, a pesar de que somos un país de ingresos medios. Hay brechas de competitividad entre sectores y entre ámbitos territoriales. Tenemos que ponernos en “modo reformas” si es que no queremos perder la senda de crecimiento futuro.