En los próximos días, el Congreso recién empezará a discutir la Ley MAPE, tema que debió ser central y prioritario, antes que extender el Reinfo. Es penoso constatar que, hoy en día en nuestro país, la extorsión y la violencia parecen ser más efectivas que la discusión política de ideas.
La minería a través del Reinfo es precaria para la salud y la integridad física de cientos de miles de trabajadores. Los mineros ilegales, en muchas ocasiones, para incursionar en concesiones otorgadas por el propio Estado a terceros se valen de actos criminales con exención penal. Además, y no menos relevante, esta actividad se realiza sin ninguna fiscalización ambiental, laboral o tributaria.
Se requiere un análisis más profundo y agudo para indagar acerca del ‘elefante en la habitación’: quién financió las asonadas, quién es el que minimiza sus riesgos y responsabilidades y obtiene el mayor lucro de esta situación ilegal e irregular.
Seamos claros: no podría haber mineros en procesos de formalización si no hubieran proliferado en las últimas dos décadas las plantas de procesamiento de mineral, todas ubicadas en zonas costeras (habría que verificar que no generen impacto ambiental sobre la población urbana), y autodeclaradas de pequeña dimensión (habría que verificar si la dimensión operativa y la declaración de producción es fidedigna). Todas han obtenido permisos de construcción y operación a través de los gobiernos regionales y, por tanto, están fuera del ámbito de fiscalización de Osinergmin y OEFA.
Son las mismas que, en el ámbito judicial, litigan entre sí por la captación de sus ‘clientes’, los mineros con Reinfo, y son las mismas que promovieron el acceso a concesiones de terceros con violencia criminal y muerte, como sucedió en Pataz y Secocha.
Esos son los ‘elefantes en la habitación’ y su negocio consiste en comprar, sin preguntar, los minerales auríferos y recientemente también cupríferos, que les proporcionan los mineros con Reinfo.
La actividad minera formal -ya sea a tajo abierto o subterránea, ya sea que se traten de cuerpos mineralizados o vetas angostas- es una actividad integrada: la exploración, el minado, el procesamiento y la comercialización requieren previamente de una serie de estudios técnicos que aseguren una extracción de mineral económica, preserve la seguridad de los trabajadores (expuestos a caída de rocas y/o gases tóxicos), minimice el impacto en los cuerpos de agua (ello supone siempre un plan de gestión integral de aguas de contacto y no contacto), armonice su desarrollo con el entorno social y, finalmente, que optimice su rentabilidad, adoptando tecnologías que minimicen costos y maximicen la recuperación del yacimiento.
La industria minera formal cuenta con planes de largo plazo que garantizan su sostenibilidad, mediante el respeto irrestricto a la normatividad vigente y con un impacto social y económico muy significativo para todo el país. Desde la prospección geológica primigenia, la posterior obtención de permisos ambientales para explorar, y luego eventualmente construir, tarda más de una década; finalmente, la minería opera durante muchas décadas más.
Es una falacia pensar que la minería informal aurífera y cuprífera pueda implementar una exploración sistemática, desarrollar la mina con sistemas de ventilación y accesos seguros, y dotar a los trabajadores de condiciones de trabajo dignas. Ojalá estos conceptos sean considerados en la próxima discusión de la Ley MAPE, porque nuestras futuras generaciones merecen tener acceso a empleos de calidad y no precarios.
