En medio de la alegría que nos ha producido la elección del Papa León a todos los peruanos, ha pasado casi desapercibida la publicación de los resultados de la pobreza monetaria en el Perú para el 2024 por parte del INEI. En términos agregados, el porcentaje de pobres descendió de 29% a 27,6%, y aunque pareciera una buena noticia porque cerca de 386 mil personas salieron de la pobreza, en comparación con el año anterior, si miramos con más atención, entenderemos queaunque hemos avanzado, seguimos lejos de los mejores resultados que se dieron en el 2019.
La pobreza no es solo una cifra, es un rostro. Es una madre en Loreto que lucha para alimentar a sus hijos, un joven en Cajamarca que no puede acceder a Internet para estudiar, una familia entera que vive sin agua segura o servicios básicos. En ciertas zonas como Cajamarca y Loreto, más del 40% de los habitantes subsiste en condiciones de pobreza. A pesar de los avances, el 5,5% del país —cerca de 1,9 millones de individuos— todavía subsiste en condiciones de pobreza extrema. El informe también nos habla de otro grupo silencioso: el 31,8% de peruanos que no son pobres, pero que son vulnerables. Es decir, viven al filo de la precariedad. Una enfermedad, la pérdida de un empleo o una mala cosecha, podría empujarlos directamente a la pobreza.
Por supuesto, superar la pobreza depende de las oportunidades, y una de ellas es el acceso al sistema financiero. Según el mismo informe del INEI, solo el 42,2% de la población pobre tiene al menos una cuenta bancaria. En la pobreza extrema, la cifra baja al 35,6%. Eso quiere decir que dos tercios de los peruanos más pobres no tiene acceso a los servicios financieros más básicos: ahorrar con seguridad, acceder a un microcrédito o enfrentar una emergencia a través de un seguro.
Aquí es donde las entidades microfinancieras tenemos una tarea urgente y estratégica, pues trabajamos día a día para cerrar esa brecha: con presencia en zonas rurales y urbanas, con productos adaptados a las realidades de nuestros clientes, con una cultura de servicio, centrada en la confianza y la cercanía, etc. Estamos convencidos de que el sistema financiero debe estar al servicio del desarrollo, no solo del crecimiento económico.
Las cifras muestran que la pobreza bajó más en el resto del país urbano que en Lima Metropolitana. Eso tiene que ver, también, con la reactivación económica de las ciudades intermedias, donde las cajas y otras instituciones de microfinanzas hemos jugado un papel clave apoyando a miles de emprendedores, agricultores, comerciantes y familias, que no acceden fácilmente a los servicios de la banca tradicional.
Pero esto aún no es suficiente. La inclusión financiera no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho. Si queremos reducir la pobreza de forma sostenible, necesitamos un país donde todos tengan acceso a herramientas financieras que les permitan planificar, protegerse y progresar. Donde la educación financiera comience en la escuela y se extienda a cada rincón del país. Donde el crédito no sea una trampa, sino una escalera. La inclusión financiera es una poderosa política social. Y no hay mejor política contra la pobreza que brindar oportunidades reales para salir de ella.
