La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) sostuvo que si se ejecutaran los más de US$30.000 millones de inversiones pendientes en infraestructura de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), otras concesiones no incluidas y la cartera de Proinversión se generarían 1,7 millones de empleos en el país.
Indicó que uno de los impactos negativos más graves del COVID-19, que aún no se logra superar, es en el empleo. En 2020 se registraron 320.000 empleos menos en el sector privado formal que en 2019.
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Resaltó que aún cuando se esperaban mejoras en 2021, muchas regiones del país experimentaron la caída del empleo formal y el incremento del empleo informal respecto al 2020.
“La construcción de infraestructura contribuye a la generación de empleo. Antes de la pandemia, por ejemplo, el sector construcción, que depende de manera significativa de los proyectos de infraestructura, registraba 209.398 empleos formales. En 2021 registró 19,1% menos. Por ello, a mayor demora en los procesos de adjudicación y en el destrabe de las obras paralizadas, más tardará en recuperarse la economía en su conjunto”, puntualizó el gremio.
De otro lado, AFIN mencionó que el cierre de la brecha de conectividad ocupa un lugar clave en la agenda pospandemia.
“En marzo 2021, más de 223.000 trabajadores del sector privado formal realizaron teletrabajo, un crecimiento de más de 73 veces respecto a situación prepandemia si tomamos en cuenta que en febrero 2020 se registraban alrededor de 3.000 teletrabajadores. La conectividad evitó un mayor golpe al empleo y la economía”, dijo AFIN.
En ese sentido, remarcó que se necesita incrementar el acceso a internet. “Para esto es necesario el impulso de las inversiones en telecomunicaciones y el destrabe al despliegue de infraestructura, lo que incluye la simplificación de procesos, eliminación de barreras burocráticas y educar a la población sobre la inocuidad de la infraestructura”, refirió.
Cabe señalar que el acceso a internet es más reducido en las áreas rurales, donde solo el 9,9% de hogares cuenta con conexión a internet fijo y 68,3% a internet móvil.
El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica. 
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