“Los conflictos sociales ya han llegado a las líneas de transmisión eléctrica”

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—La última vez que conversamos, en 2020, ISA tenía una cartera de US$650 millones para invertir. ¿Cuál es la proyección de inversión ahora?

Lo que ocurre es que en los últimos cinco a seis años el crecimiento de la demanda eléctrica ha sido más bajo que antes. Teníamos, inicialmente, unas perspectivas, pero hubo un espacio entre 2018 y 2021 sin muchas licitaciones por parte de Proinversión. Ahora hay una cartera de US$1.200 millones para este año y el siguiente, y nosotros vamos a participar porque son proyectos muy importantes.

—¿De qué proyectos se trata?

Hay (licitaciones de) líneas de transmisión en todo el centro del país y en el norte, hasta Piura. Y está también la interconexión entre Perú-Ecuador. Esas líneas tienen que salir en el 2022 y 2023.

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—¿La interconexión con Ecuador está avanzando?

Sí. Independientemente de mi cargo en ISA REP, también soy el presidente de la Comisión Internacional Eléctrica Regional (CIER), que tiene como función integrar energéticamente a todos los países de Latinoamérica. Y puedo decir que estamos trabajando mucho en la interconexión Perú-Ecuador.

—¿Se están reuniendo para ver este proyecto?

Cada mes nos reunimos. En 2021 fue de forma virtual. En febrero de 2022 ya estuvimos en Tumbes y en marzo estuvimos en Quito. Lo que estamos esperando ahora es que en Ecuador se asignen los recursos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y que, en Perú, Proinversión licite el proyecto. Sólo faltan esas dos cosas, porque todos los acuerdos ya se están trabajando y hay voluntad política.

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—¿Si Proinversión pone una fecha y lanza la licitación, ISA estaría interesada en participar?

Claro. ISA siempre está interesada en todo lo que es transmisión. Tenemos el 73% de la transmisión de energía a nivel nacional.

—¿Han incrementado su participación en el país? ¿Cuál es su interés en la zona norte?

Hemos crecido de 71% a 73%. Y en lo que respecta al norte, hace falta más inversión porque existe congestión en las líneas de transmisión. Eso significa que la energía es más cara allí. Por eso necesitamos construir esta línea [la interconexión con Ecuador] y todas las que bajan por Piura y Celendín hasta Huánuco, en el centro del país. Esos proyectos se van a licitar en 2022 y 2023.

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—¿Entonces, sí hay un retraso en la construcción de líneas de transmisión?

Sí. El COES y Osinergmin lo han dicho en estos días. Ambos son los que conocen la magnitud del problema que ocurrirá si no se licitan más líneas de transmisión. Esto es algo que el país requiere.

—¿Cuántas líneas de transmisión se han licitado desde que empezó la pandemia?

Ha habido una sola: la de las subestaciones Chicha y Nazca, que nosotros ganamos. Esa fue la única licitación del 2020. En el 2021 hubo otra en la que no participamos por el panorama no era claro.

—¿Qué proyectos están construyendo ahora?

Ahora estamos construyendo una línea de trasmisión que llamamos Yana-Coya, porque va desde Colcabamba, que es el Mantaro, hasta Carapongo, en Lima. Y de allí se dirige hasta Huánuco. Son 800 kilómetros, la mayoría en 500 kV. Estamos hablando de una inversión de US$500 millones.

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—¿Ese fue el último gran proyecto que se adjudicaron, me parece en 2018?

Sí. Es una línea, pero con dos contratos. Uno es Coya, que esperamos terminar en diciembre de este año. Este sería el proyecto eléctrico más grande que podría inaugurar el presidente Pedro Castillo este año. Es una inversión de US$200 millones donde tenemos trabajando a más de cinco mil contratistas.

—¿Qué piden al Gobierno para que este y otros proyectos salgan a tiempo, habida cuenta que su construcción puede tomar hasta cuatro años?

Ese punto es vital. Coya está tiene un 80% de desarrollo, y en dos o tres meses debemos empezar la etapa de energización para terminarlo en diciembre. El problema es que para energizar un proyecto hace falta una concesión definitiva, que otorga el Minem. Y para eso tiene que desarrollarse una consulta previa, según resolución judicial que salió en enero de este año.

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—¿Consulta previa para proyectos de transmisión eléctrica?

Antiguamente, las empresas de servicios públicos no necesitábamos consulta previa, pero desde el 22 de enero de este año ya se necesita. Y lo más pavoroso es que es retroactiva y también para los proyectos en curso.

—¿Qué están haciendo para resolver este problema?

Lo que estamos haciendo es reunirnos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Cultura (Mincu) para tratar de emitir una norma que diga que de aquí para adelante se aplica la consulta previa, pero no para los proyectos que ya están en camino, porque ya hemos hablado con los pueblos indígenas durante el proceso de participación ciudadana. Sería catastrófico para estos proyectos que no se defina esto en los próximos días. Ese es uno de los puntos graves.

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—¿Y el otro punto grave?

El otro son los conflictos sociales, que no solo son mineros. Los conflictos sociales ya han llegado a las líneas de transmisión, porque las localidades están pidiendo ahora renegociar algunas torres de transmisión. Y están haciendo paros y movimientos sociales en algunas regiones, lo cual afecta obras como ésta, que son servicios públicos.

—¿Este es un problema nuevo o ya ha ocurrido en años anteriores?

En años anteriores ocurría también pero muy puntual. Ahora ocurre muy concatenado en varios puntos. Cada vez es más fuerte, lo que significa que cada vez será más difícil construir este tipo de proyectos.

—Ustedes tienen el 73% de las líneas de transmisión, así que deben ser los que más sufren con los proyectos.

No es solo un problema de los proyectos, sino también de las operaciones de mantenimiento. Para poder realizar estas labores a veces nos piden dinero. La conflictividad social ha subido mucho.

—¿Qué solicitan al Gobierno para solucionar esto?

Allí necesitamos la ayuda del Minem, que, es el concedente, para que no nos dejen solos cuando vamos a hablar con las comunidades que se oponen a los proyectos. Queremos que ellos vayan, den la cara y les expliquen que ese proyecto es del Gobierno, porque lo que hacemos nosotros, simplemente, es administrar esas líneas. No son nuestras. Pertenecen a la población.