En el marco del Jueves Minero, por la Semana de Aniversario 82° del Instituto de Ingenieros del Perú (IIMP), su presidente, Darío Zegarra, señaló que uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país es la excesiva burocracia que afecta tanto a la inversión pública como privada.
Ante ello, anunció una serie de propuestas orientadas a destrabar inversiones y mejorar el clima de competitividad de la industria minera. Zegarra destacó que el IIMP, con el soporte técnico del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha identificado una serie de desafíos administrativos que deben ser atendidos de forma urgente.
Entre las propuestas más relevantes figura la implementación del silencio administrativo positivo, mecanismo que permitiría agilizar procesos ante entidades del Estado que actualmente mantienen plazos prolongados y generan incertidumbre para los inversionistas.
Asimismo, planteó la aprobación automática de trámites redundantes, lo que permitiría la eliminación de procedimientos duplicados entre distintas instituciones públicas y reduciría significativamente los tiempos de evaluación.
“No podemos permitir que la excesiva tramitología siga frenando oportunidades para el país. Con una gestión eficiente, los recursos del Perú sí pueden convertirse en bienestar para las personas”, enfatizó. Otra medida clave presentada por el IIMP es el fortalecimiento institucional del Senace y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismos fundamentales en la evaluación y supervisión de proyectos mineros.
Zegarra advirtió que sin capacidades técnicas y operativas adecuadas, los procesos regulatorios seguirán presentando cuellos de botella que afectan el desarrollo de inversiones. El presidente del IIMP recordó que la minería es responsable de generar más de 276.000 empleos directos, alcanzar US$3.900 millones en inversiones entre enero y septiembre de este año, y aportar S/ 9.183 millones en transferencias a las regiones por canon y regalías.
Zegarra también destacó la importancia de la Política Nacional de Minería al 2050, que plantea un enfoque territorial, multisectorial y colaborativo para impulsar el desarrollo equitativo del país. Reiteró que el Perú requiere estabilidad, institucionalidad y una agenda clara que permita transformar sus recursos en prosperidad.
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