Una de las características principales que muestra la evolución demográfica del Perú ha sido la de un proceso de urbanización creciente. En otras palabras, familias enteras que vivían en el pasado en el campo decidieron –por búsqueda de bienestar económico o por huir de la violencia– migrar a las ciudades. Según los últimos Censos Nacionales de Población y Vivienda del INEI, entre el 2007 y el 2017, la población urbana en el país se incrementó en más de 3,4 millones de personas mientras que, entre ambos años, la población rural disminuyó en casi 1,5 millón de personas. Lima Metropolitana encabeza el crecimiento. Entre los censos de 1972 y el del 2017 su población casi se multiplicó por tres, pasando de 2,9 millones a 8,6 millones. Los más de cinco millones y medio de personas que llegaron a Lima y sus alrededores durante esos 45 años tuvieron que acomodarse a un territorio que los recibió casi sin ninguna planificación urbana; es decir, sin un diseño de la ciudad que promoviera su expansión ordenada y que contara con servicios básicos. Esto ocurrió ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura. Lo más urgente para los migrantes fue conseguir un techo. Los que tenían algún familiar o amigo fueron cobijados por un tiempo en sus domicilios; los que no, tuvieron que mayoritariamente ocupar algún terreno del Estado.
Una de las características principales que muestra la evolución demográfica del Perú ha sido la de un proceso de urbanización creciente. En otras palabras, familias enteras que vivían en el pasado en el campo decidieron –por búsqueda de bienestar económico o por huir de la violencia– migrar a las ciudades. Según los últimos Censos Nacionales de Población y Vivienda del INEI, entre el 2007 y el 2017, la población urbana en el país se incrementó en más de 3,4 millones de personas mientras que, entre ambos años, la población rural disminuyó en casi 1,5 millón de personas. Lima Metropolitana encabeza el crecimiento. Entre los censos de 1972 y el del 2017 su población casi se multiplicó por tres, pasando de 2,9 millones a 8,6 millones. Los más de cinco millones y medio de personas que llegaron a Lima y sus alrededores durante esos 45 años tuvieron que acomodarse a un territorio que los recibió casi sin ninguna planificación urbana; es decir, sin un diseño de la ciudad que promoviera su expansión ordenada y que contara con servicios básicos. Esto ocurrió ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura. Lo más urgente para los migrantes fue conseguir un techo. Los que tenían algún familiar o amigo fueron cobijados por un tiempo en sus domicilios; los que no, tuvieron que mayoritariamente ocupar algún terreno del Estado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 2023 del INEI, existen el Perú 10,2 millones de hogares. Las características más visibles de las viviendas que habitan dichos hogares es que –según la misma encuesta– dos de cada tres viviendas no tuvo licencia de construcción municipal y 9 de cada 10 no tuvo asistencia técnica de un ingeniero o un arquitecto durante su proceso constructivo. En una investigación reciente realizada en Videnza Consultores, se encontró que parte importante de esas viviendas construidas, especialmente en los distritos de Ate, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo; además de ser frágiles por sus materiales y técnica constructivas fueron construidas sobre suelos no aptos y expuestos a múltiples peligros como, por ejemplo, sismos, deslizamientos y reptaciones. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estima que en la actualidad existe un déficit cuantitativo de viviendas en el Perú –es decir, de viviendas que “faltan”– de alrededor de 586.000 viviendas y otro déficit cualitativo (precarias o tugurizadas) de viviendas de 1,3 millones. Si uno analiza con más detenimiento la definición del MVCS, en realidad encontraría que al menos la tercera parte del déficit cualitativo, al ser viviendas con materiales precarios ubicadas en suelos con exposición a riesgos no mitigables deberían contabilizarse como déficit cuantitivo. Subestimar la real magnitud de dicho déficit podría minimizar la importancia de repensar la política de vivienda en el Perú y lograr los consensos necesarios para su priorización en la agenda pública.
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