Servicios digitales e institucionalidad, por Caroline Gibu

Llegar a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL 06) en Ate desde cualquier otro distrito no es tarea fácil. El tránsito por la Av. Nicolás Ayllón resulta caótico entre buses y camiones que van camino a la Carretera Central. Imagine a una profesora que acude a la UGEL 06, luego de más de dos horas de viaje, para solicitar su informe escalafonario y le digan que tiene que regresar en 30 días para recibirlo.

El informe escalafonario es un documento que resume la trayectoria de cada docente en actividad o pensionista. Es indispensable para participar en los concursos de la carrera pública magisterial. La UGEL 06 debe administrar la información de 7.800 profesores de colegios públicos en Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina, Lurigancho-Chosica y Santa Anita.

En un esfuerzo por servir mejor, la UGEL 06 logró ordenar su información y rediseñar procesos incorporando tecnología digital para entregar el informe escalafonario en 30 minutos. Ello le hizo acreedora del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, un importante reconocimiento para quien tiene la responsabilidad de mejorar los logros de aprendizaje de 140 mil estudiantes.
Poner al ciudadano en el centro de la gestión pública es quizás la premisa más importante que toda estrategia de modernización del Estado debe incorporar.

De hecho, dicha premisa se repite constantemente en diversos foros como también que la incorporación de tecnologías digitales es una tarea impostergable para dicho fin.En setiembre de este año, el Ejecutivo decretó la Ley de Gobierno Digital, con el fin de normar “el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público”.

En particular, la ley establece un marco para la gestión de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos.

Para los especialistas, esta norma genera entusiasmo, pero también desafíos: por ejemplo, en el caso del informe escalafonario, el paso siguiente sería que este se solicite y llegue al correo electrónico o celular, y que no se tenga que imprimir para mostrarlo a otra entidad, sino que se pueda ingresar a dicha información desde un repositorio en la nube, con la seguridad debida.

Transitar hacia un gobierno digital ayudará a mejorar los servicios al ciudadano, pero además debe contribuir a mejorar la institucionalidad haciendo más predecibles los procesos y compartiendo información vital.

En las últimas elecciones quizás miró la hoja de vida de su candidato en una plataforma en línea, pero luego se enteró de que tenía sentencias o rentas no declaradas. De cara al bicentenario, la meta sería que, para las elecciones del 2021, las entidades de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral hayan sumado esfuerzos para lograr una mayor interoperabilidad de datos y, por ende, fortalezca una ciudadanía digital plena.