“Nos vamos a convertir en un México más pobre, donde se tiene que vivir rodeados de guardaespaldas”: Expertos alertan sobre avance del crimen

La minería ilegal, su conexión con el crimen organizado y la fragilidad del Estado dominaron el debate en el Foro Sociedad Civil de Perumin 37. Empresarios, académicos y líderes gremiales coincidieron en que la ausencia estatal, la corrupción y la falta de incentivos para la formalización han creado un escenario de riesgo que compromete la inversión, el crecimiento económico y la gobernabilidad. El consenso fue que el país debe actuar de inmediato para recuperar institucionalidad, cerrar brechas de infraestructura y fortalecer la confianza ciudadana antes de las elecciones de 2026.

María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú, afirmó que “hay una relación absolutamente directa entre la minería ilegal y la criminalidad organizada y no hay la menor duda sobre eso”. Criticó que estas mafias operen con absoluta impunidad debido a la compra de autoridades locales, regionales e incluso congresales. Además, advirtió que, si hubiese voluntad política para luchar contra la ilegalidad, esta no habría crecido como lo ha hecho.

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Villegas llamó a los empresarios a involucrarse en política y alertó que, de no actuar, “nos vamos a convertir en México, y ni siquiera en lo rico que es México, sino en un México más pobre, donde los ciudadanos tienen que vivir rodeados de guardaespaldas”, dijo.

La empresaria añadió que es urgente revisar el rol de las empresas estatales. “Vemos un círculo vicioso alrededor de Petro-Perú, que solo demanda más recursos de todos los peruanos”, anotó.

Desde la academia, Waldo Mendoza, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministro de Economía, señaló que el Perú está desaprovechando un contexto internacional histórico. “Los términos de intercambio están en su nivel más alto, pero la economía ha crecido apenas 2% y la inversión 1%”, dijo. Explicó que esta brecha se debe al debilitamiento de la política pública y al impacto de la criminalidad, lo que eleva los costos y riesgos de inversión y termina deprimiendo el crecimiento privado.

Alonso Rey, presidente de Comex, cuestionó que el Perú tenga entre 80% y 85% de informalidad y afirmó que el propio Estado es responsable de expulsar a quienes intentan formalizarse. “El informal quiere tratar de ser formal y el Estado le mete puertazos en la cara, le tira piedras y no lo deja ser formal. Las municipalidades para mí son lo peor, porque persiguen al informal y no le permiten abrir su puesto”, dijo.

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Rey criticó que para desarrollar una mina se requieran “400 autorizaciones” y advirtió que, a pesar de que las empresas mineras pagaron S/ 26.860 millones en canon entre 2022 y 2024, no se han ejecutado S/ 17.460 millones. Propuso que estos recursos se gestionen mediante fideicomisos que prioricen proyectos de alto impacto, para evitar que se acumulen miles de obras inconclusas. Además, instó a los ciudadanos a informarse antes de votar y romper el ciclo de malas autoridades que frenan el desarrollo.

En el plano de soluciones, Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, resaltó la importancia del mecanismo de obras por impuestos. “En el caso de Cerro Verde, hemos empezado a usar recién el mecanismo a fines del año 2023. Ya tenemos siete proyectos en camino, muy contentos con los resultados”, dijo.

Torreblanca celebró las recientes modificaciones legales que agilizan expedientes técnicos y permiten incluir mantenimiento y servicios, pero advirtió que se deben priorizar las necesidades básicas. “Si la población no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene escuelas, no podemos dedicar las obras por impuestos a hacer un estadio o una piscina”, afirmó. También planteó digitalizar trámites, profesionalizar la carrera pública y garantizar recursos para la Policía y el Poder Judicial.

El foro concluyó con un mensaje de acción de cara a 2026. Torreblanca planteó impulsar un pacto por la gobernabilidad y la transparencia que comprometa a los candidatos a no financiar sus campañas con dinero de economías ilegales, mientras Villegas insistió en que “los líderes empresariales tenemos una voz muy fuerte y necesitamos ponerla al servicio de los ciudadanos y del desarrollo del país”. El llamado final fue a recuperar el Estado y fortalecer las instituciones, con el consenso de que solo así se podrá asegurar crecimiento, empleo y seguridad en el largo plazo.