El Perú enfrenta problemas estructurales profundos que no se resolverán únicamente con una buena macroeconomía. Aún nos falta consolidar la institucionalidad, desarrollar una infraestructura básica y superar la precariedad del sector público. Es más, el esquema de gobernanza es obsoleto y deficiente, y por ello el proceso de rendición de cuentas es inoperante.
Discutiendo sobre distintas aristas de esta problemática con un grupo de empresarios, uno de ellos me preguntó: ¿qué podemos hacer? Le respondí que la agenda era extensa, pero que podríamos comenzar recalibrando el sistema de rendición de cuentas en favor de la sociedad civil. Algunas ideas muy breves.
Primero, es inaceptable que, hasta hoy, el frente gubernamental no rinda cuentas apropiadamente, ni al ciudadano ni al sector empresarial. Ambos sostienen y financian al aparato público, su organización y funcionamiento, que involucra a más de un millón y medio de trabajadores.
Segundo, los problemas asociados a la infraestructura son conocidos y por años no encuentran solución: reiterados arbitrajes y adendas que dilatan la ejecución de obras, problemas en expedientes técnicos, dificultades de financiamiento, exceso de trámites, la deficiente supervisión y mantenimiento de obras, etc. A nadie se le rinde cuentas por las serias deficiencias estructurales que esto refleja.
Tercero, el empresariado debería trascender a participar en eventos y/o congresos que no cuenten con mecanismos que permitan hacer un seguimiento periódico y público de una agenda mínima vinculada al accionar del Estado. La fiscalización de origen puramente político, como está, simplemente no funciona. Mientras no lo haga, es imprescindible crear mecanismos alternativos de rendimiento de cuentas con la participación del frente privado.
Cuarto, una forma de empezar a avanzar en el camino para construir una operativa efectiva del rendimiento de cuentas podría estar vinculada a la urgencia de ordenar el proceso de desarrollo de infraestructura pendiente, especialmente aquella ligada a megaproyectos. Ello permitiría alcanzar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, articulando el esfuerzo público-privado.
Quinto, la creación de un consejo para el desarrollo y supervisión de la infraestructura, conformado por personalidades reconocidas y ajenas al sector público, se encargaría de dar seguimiento detallado a los principales megaproyectos en cartera, opinar sobre métricas, mecanismos de selección y priorización, así como de las alternativas de financiamiento empleadas y de la calidad con la que se ejecutan los proyectos.
Sexto, el Consejo Privado de Competitividad y la Asociación de Fomento de la Infraestructura podrían participar dándole vida a este mecanismo de rendimiento de cuentas a favor del desarrollo de la infraestructura. El mismo elevaría su opinión periódica a la instancia pertinente del gobierno de turno de manera pública. Esa opinión, aunque no vinculante, podría convertirse en un catalizador de la inversión.
¿Qué podemos hacer? Para empezar, el mecanismo de rendimiento de cuentas tiene que redefinirse en el Perú a favor del frente privado. El ámbito de la infraestructura podría constituir un buen comienzo.
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