Reconstrucción con Cambios: “para culminar [las soluciones integrales] podríamos llegar incluso más allá del 2026″

La vigencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) culmina el 31 de diciembre de 2022. Por ello, el Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley que amplía su vigencia hasta finales del 2026. Robert López López, director ejecutivo de la ARCC, explica que necesitan de más tiempo para culminar la construcción de soluciones integrales para la Reconstrucción del Norte, como son los drenajes pluviales.

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—El Ejecutivo propuso un proyecto de ley para que se amplíe la vigencia de la ARCC hasta el 2026. ¿Por qué se debe esto? ¿La entrega de las intervenciones pendientes se va a dilatar hasta 2026?

Cuando asumimos en mayo encontramos un 52% de avance en el total de intervenciones de reconstrucción. Hemos avanzado, un promedio de 2.200 proyectos todavía falta intervenir y están por financiar. En este 2023 se prevé que se debe terminar el financiamiento de esos proyectos para que en 2024 terminen las obras.

En el componente de construcción solo tenemos un 4% de avance total, que es referido a las soluciones integrales en siete regiones, a los drenajes pluviales y al plan de soluciones para los ríos y las quebradas. Para este componente hicimos una proyección de inversión de S/22.000 millones y el tiempo que necesitaríamos para culminar esta inversión podría llegar más allá del 2026 por la magnitud de los proyectos. Puede llegar hasta el 2028.

—¿Cuántas intervenciones ya se entregaron?

De las 10.635 intervenciones aproximadamente 6.500 están terminadas y entregadas. 2.500 están en intervención y otros tantos están por financiar e iniciar obra para ser concluidas en 2024.

—¿Entonces se busca ampliar la vigencia de la ARCC para que se puedan culminar las soluciones integrales, no para las obras de la Reconstrucción del Norte?

La vigencia de la ARCC concluye el 31 de diciembre del 2022. Entonces si todavía quedan obras por financiar, ejecutar y que se culminarán en un año y medio o dos años más adelante, necesitamos tener el tiempo para concluirlas.

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—¿Eso solo lo puede aprobar el Congreso?

Sí, la ley fue aprobada por el Congreso en el 2017 con la inversión que se planteó en ese año. El nuevo proyecto se presentó ante el Consejo de Ministros, se explicó la importancia de que sea aprobado y hoy está en el Congreso para su debate [en comisiones de Economía y Presupuesto]. Se ha explicado a los presidentes de las comisiones, a Ronsángella Barbarán y a José Luna, que somos la unidad ejecutora que más invierte. […] Estoy seguro que el Congreso votará de manera unánime.

En octubre ejecutamos 121% del presupuesto asignado mensual y hemos llegado a un 86% de ejecución del presupuesto anual. A fines de noviembre se estima llegar al 92% asignado.

—¿Ese resultado se debe a una mayor ejecución de las obras asignadas al acuerdo gobierno a gobierno (G2G) o a otros motivos?

Cuando ingresamos, entre enero y mayo solo se había ejecutado el 10% del presupuesto. […] Cuando llegamos hemos encontrado aproximadamente 350 obras paralizadas por un monto que superaba los S/3.200 millones. En cinco meses hemos destrabado 190 obras que superan los S/2.200 millones. Ese es un componente muy importante que elevó el nivel de ejecución.

—¿Cuál es su opinión de la gestión de Amalia Moreno, su predecesora en la dirección ejecutiva de la ARCC?

Creo que las cifras hablan por si solas por el avance de la ejecución y en relación al destrabe de las obras paralizadas.

—Entonces, ¿para usted no fue una buena gestión, tomando en cuenta que la ARCC fue un motor de la economía en 2020 y 2021?

Ellos seguramente han tenido sus motivos, los problemas que han ido evidenciando en su momento. Sí puedo decir que nosotros hemos avanzado mucho.

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—El programa Panorama emitió un reportaje indicando que Sheyla Fernández, una señorita de 18 años que es pareja de un sobrino del presidente Pedro Castillo, ganó una orden de servicio de S/10.000 para trabajar en la ARCC. Si bien ella desistió en setiembre, eso no quita que el hecho ocurrió. ¿Qué puede decir al respecto?

Escuché esta noticia. Tengo una reunión con los directores para recibir información de esta señorita, que no conozco. Vamos a ver cómo ella llegó acá. Y es importante saber que la ARCC se maneja de autoridad técnica. Fue contratada por 120 días con un sueldo de S/2.500 mensual. Nosotros no estamos al tanto de lo que ocurre en el nivel de contratación de órdenes de servicio, por lo que vamos a tener una reunión para conocer más de cerca cómo es que llega acá y los motivos de su contratación.

—Una crítica al Gobierno de Castillo es el nombramiento de funcionarios que no están capacitados a todo nivel. ¿Qué opina de la meritocracia en el sector público?

Creo que los funcionarios responsables son los gerentes y directores de las entidades. Deben tener la capacidad de poder contratar y revisar de a quién contrata. Es la responsabilidad de cada director de cada pliego. Por lo que ocurre en la ARCC, el responsable soy yo.

—Precisamente quería consultarle sobre la salida de Eduardo Canales, jefe de la oficina de gestión de proyectos (PMO) de la ARCC, quien dejó el cargo en julio luego de dos años trabajando aquí, siendo que él contaba con amplia experiencia en el sector público y tuvo excelentes resultados en la Autoridad. ¿Era necesario cambiar al jefe de los PMO?

Nosotros no lo cambiamos, nosotros lo quisimos. Nos apoyó por tres meses. Con Eduardo tenemos el mejor de los agradecimientos. Lo que resulta es que, a mi buen entender, quiso migrar a un proyecto privado. Me parece sumamente bien y las puertas siempre están abiertas. Nosotros siempre pedimos a los directores que convoquen profesionales con expertise que vengan a sumarse porque esta es una entidad totalmente técnica.

—El señor Jhon Mego Bardalez es el reemplazante de Canales como jefe de PMO. Al revisar su hoja de vida se ve que fue funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en San Martín y que estuvo menos de un mes en la dirección de Salud de la ARCC antes de asumir el cargo. ¿Esa es toda su experiencia? ¿Podríamos conocer algo más de su perfil?

Él se ha dedicado más a la actividad privada. Hemos revisado su especialización. Es ingeniero industrial. Es un magíster de la Universidad Católica. Es un joven con ganas de aprender y avanzar. En vista de que Eduardo se fue, tratamos de buscar una persona con su expertise, no pudimos encontrarlo, pero tenemos a Jhon con ese compromiso. Debajo de él hay personas con mucho conocimiento que les hemos pedido que lo capaciten. Lo han capacitado aproximadamente por un mes y lo están apoyando. Este es un trabajo de equipo no de una persona. […] Jhon ha avanzado muchísimo, es joven, sin denuncias, transparente, que se está desarrollando.

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—Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, la ARCC aprobó una serie de sobrecostos injustificados que aumentaron el precio de las obras de la Reconstrucción. Por ejemplo, indicó que el hospital de Chulucanas tuvo una actualización de gastos, pasando de costar S/83 millones a S/247 millones. Este incremento se dio durante su gestión. Así como este, se enumeran otras obras. ¿Cuál es el motivo por el que se aumentó tanto el costo?

Hay sobrecostos post Covid-19 y actualización del costo por la modalidad “Fast Track”, que inicia con un estimado que termina con mayores montos. Cuando nosotros tenemos un proyecto, se licita por el modelo “Fast Track”, es decir, es el diseño más la obra. Cuando se licita un proyecto, se licita una idea de lo que puede ser el proyecto y cuánto podría costar. Hildebrandt habla de la ampliación de costos frente a lo que se licitó. Estos se licitaron al inicio de la pandemia. Luego de la pandemia todo ha subido.

—Una vez se entreguen los hospitales y los colegios construidos a través del G2G, ¿quién los va a operar y mantener?

Cuando se concluyan estos colegios, los responsables serán los Gobiernos Regionales mediante la Dirección Regional de Educación. Ellos están viendo de qué manera podrán hacer el mantenimiento. Pasa lo mismo con la infraestructura de salud. Ahí estamos hablando de equipos médicos de alta especialización y manejados por los médicos, por lo que los médicos tienen que estar capacitados.

—¿Pero quién será el encargado de operar y mantener las infraestructuras de salud? ¿Se lanzarán asociaciones público-privadas para que una empresa con experiencia lo haga?

Ahí estamos trabajando un proyecto de ley para que podamos tener la asignación de recursos a los Gobiernos Regionales para que ellos se encarguen de la operación y el mantenimiento. Las Direcciones Regionales de Salud son los responsables. Los hospitales ya son unidades ejecutoras y se deben encargar de ello.