Perú gana arbitraje a exsocio de Vladimiro Montesinos: tribunal concluyó que el documento del demandante era falso
La demanda interpuesta por Charles Acelor, exsocio de Vladimiro Montesinos y exigía al Estado 7.500 millones de dólares. El caso fue desestimado tras probarse que la firma del exprocurador Carlos Reaño fue insertada digitalmente. Acelor deberá pagar más de US$ 3,5 millones por costos del arbitraje y gastos legales del Estado.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Charles Max Damien Acelor, ciudadano francés que estuvo preso durante quince años por la venta ilegal de armas a las FARC -y fue exsocio de Vladimiro Montesinos- inició un arbitraje internacional contra el Perú exigiendo US$ 7.500 millones, alegando que no se habría cumplido un arreglo pactado. Este Diario reveló que la supuesta promesa se habría basado en documentos falsos. Tras ello, hace una semana, en un laudo definitivo, el tribunal arbitral desestimó su pedido.
Charles Max Damien Acelor, ciudadano francés que estuvo preso durante quince años por la venta ilegal de armas a las FARC -y fue exsocio de Vladimiro Montesinos- inició un arbitraje internacional contra el Perú exigiendo US$ 7.500 millones, alegando que no se habría cumplido un arreglo pactado. Este Diario reveló que la supuesta promesa se habría basado en documentos falsos. Tras ello, hace una semana, en un laudo definitivo, el tribunal arbitral desestimó su pedido.
La Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Londres, desestimó la demanda tras concluir que el documento en que este sustentaba su reclamo no era auténtico. El laudo fue dictado el 26 de octubre de 2026 (Caso CCI N.° 27059/PDP) y es considerado como uno de los reclamos más grandes que se le hayan planteado en un foro internacional.
El sostén de la demanda era un supuesto acuerdo de conciliación fechado el 25 de enero de 2022. El documento presentado por Acelor registraba la firma del entonces procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño Balarezo, e incorporaba sellos y rúbricas correspondientes a la notaría de Pucallpa a cargo de Ovidio Telada Huamán.
Laudo arbitral desestimó la demanda presentada por Charles Acelor en proceso iniciado en el 2024.
Los que le dieron respaldo político
En 2024, la defensa de Acelor presentó ante el tribunal declaraciones juradas notariales de personajes políticos peruanos: Carlos Almerí (excandidato a diputado), Jorge Rimarachín (funcionario regional), Américo Prieto (hermano del ex ministro de Transportes y Comunicaciones) y el exvicepresidente Omar Chehade. Sostenían que los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo habrían evaluado fórmulas para indemnizar a Acelor.
En dichos escritos se pretendía avalar la postura del demandante sosteniendo que las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo habrían evaluado salidas conciliadas para indemnizar a Acelor.
Sin embargo, la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la asesoría de la firma internacional Orrick, Herrington & Sutcliffe (UK) LLP, rebatió la pretensión demostrando la ilegalidad del documento y entablando en forma paralela una denuncia por falsedad ideológica con acusación fiscal en el fuero local.
Esta Unidad se comunicó con Omar Chehade para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. Carlos Almerí, en cambio, dijo desconocer que el laudo ya había sido emitido y que este había desestimado el valor de su carta.
Decisión arbitral desestimó el pedido de Charles Acelor señalando que las "firmas fueron manipuladas".
Lo que determinó el arbitraje
En el laudo definitivo dictado el 26 de octubre de 2026 por el Tribunal Arbitral, el juzgado desestimó cualquier efectividad probatoria de la documentación presentada por el demandante:
“En el presente caso, la autenticidad del supuesto Acuerdo de Conciliación, el contrato matriz en el que se apoya el Demandante, incide directamente sobre la existencia del convenio arbitral contenido en el mismo... Por lo tanto, la cuestión que se plantea ante el Tribunal no es la de la validez o exigibilidad de un acuerdo de arbitraje existente, sino si llegó a existir alguna vez un acuerdo de arbitraje”.
Además, las pericias grafotécnicas y forenses digitales determinaron que la firma atribuida a Reaño fue extraída de otro documento e insertada en el contrato, y que los sellos de la notaría de Pucallpa carecían de autenticidad.
La orden de pago del tribunal pesa contra Charles Acelor y bordea los 3 millones de dólares.
El tribunal fue categórico: “El documento C-0001 es un documento digitalmente construido que incorpora imágenes de firmas manipuladas”.
La razón de fondo de la desestimación es lógica: el Estado solo puede ser llevado a arbitraje si lo consintió. Por tanto, sin un convenio genuino no hay lugar para reclamos. Por eso el panel concluyó que no tenía competencia ni siquiera para examinar el fondo del reclamo y resolvió que «carece de competencia respecto de las reclamaciones sometidas por el Sr. Charles Max Damien Acelor en este arbitraje, que, por consiguiente, se desestiman».
Quien perdió, paga
El tribunal también condenó a Acelor a “soportar la totalidad de los costos del arbitraje fijados por la Corte de la CCI en 1.400.000 USD y a pagar a la República del Perú todos sus costos legales (incluidos honorarios legales y desembolsos), más intereses”.
Los costos legales del Estado peruano fueron fijados en US$ 2.192.771,05 y S/ 93.214,17. Sumados a los US$ 1,4 millones del costo del arbitraje, el demandante deberá desembolsar en total más de US$ 3,5 millones, además de los intereses.
El fallo es relevante porque evitó un eventual pago de US$ 7.500 millones (monto equivalente a más del 10% del presupuesto nacional) a una causa ilegal. En paralelo, continúa avanzando la denuncia penal por falsedad ideológica presentada contra Acelor.