Más de 40 asesinatos en el transporte público: ¿Cuáles son las bandas criminales detrás de los ataques a choferes, cobradores y pasajeros en Lima y Callao?

Paul López, por ejemplo, fue asesinado el 2 de abril mientras conducía por la avenida Canta Callao. Tras recibir varios disparos, perdió el control del bus y terminó estrellado contra una vivienda. La empresa para la que trabajaba, Aquarius S.A., era blanco de extorsión por una de las bandas más violentas: Occidentales Criminales Sanguinarios Intocables (OCSI), que llegó a exigir a la empresa hasta S/100.000 por “derecho a trabajar” y un pago diario de S/20 por unidad. Cuando se negaron, asesinaron a Paul.

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Los responsables de esta escalada de violencia son bandas criminales, grandes y pequeñas, que exigen pagos diarios de entre S/5 y S/20 por cada unidad de transporte, ya sean buses formales o colectivos informales. Fuentes del sector transporte han indicado que solo una empresa con flota de 120 vehículos, pueden generar pagos de hasta S/67.200 mensuales. A cambio, los delincuentes ofrecen una supuesta “protección” que no se cumple, dejando un saldo de muertos, amenazas y familias devastadas.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) ha identificado a varias organizaciones responsables: ‘Los Temibles del Centro’, ‘Los Mexicanos’, ‘Los Galácticos del Puente’, ‘Los Indeseables del Mal’ y ‘Los Despiadados de Timoti’. Estos grupos no solo extorsionan, sino que también asesinan para enviar mensajes. Se infiltran en los paraderos disfrazados de jaladores o dateros, observan qué vehículos pagan los cupos y cuáles no, y luego atacan sin piedad.

Las bandas no solo asesinan, también roban los celulares de sus víctimas y acceden a grupos de mensajería interna donde están los demás conductores, para continuar con las amenazas. Otra organización criminal identificada es ‘D.E.S.A’, compuesta por extranjeros que también exigían pagos ilegales. Asimismo, ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderados por Erick Moreno Hernández, alias ‘Mostruo’ —el criminal más buscado del país, con una recompensa de S/1 millón— han expandido su poder vendiendo franquicias para que otros delincuentes puedan extorsionar en su nombre.

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Este crecimiento ha desatado guerras territoriales entre bandas que compiten por el dominio de rutas. El 27 de agosto de 2024, Rutman Berrios Pajuelo, conductor de la empresa El Mandarino, fue asesinado a sangre fría mientras esperaba pasajeros en Comas. Un papel dejado en la escena reveló que el crimen fue una advertencia: una banda quería que la empresa dejara de pagar a los aliados de Moreno Hernández para que ellos tomaran el control del cobro de cupos.

Un papel dejado en la escena del crimen reveló que una banda de extorsionadores buscaba que la empresa deje de pagarle cupos a un grupo relacionado a Moreno Hernández para que ellos puedan ingresar. Esto se ha repetido en otros crímenes. Fuentes del sector transporte revelaron a El Comercio que las empresas pagan en simultáneo hasta a tres bandas criminales diferentes para evitar ser atacadas.

Los ataques no solo se dirigen a los conductores: también han caído pasajeros, cobradores y gerentes. El 11 de julio pasado, Carlos Ríos (cobrador) y Edgar Durán (conductor) recibieron múltiples disparos cuando finalizaban su jornada en una unidad de la empresa Emptonsa, que cubre la ruta San Luis-Carabayllo.

Más de 40 familias han quedado destruidas: viudas, huérfanos, madres sin hijos. Muchas de ellas han denunciado que las investigaciones avanzan con lentitud. Algunas ni siquiera han superado la fase preliminar, a pesar de que el crimen ocurrió hace casi un año. “Tuvimos que presionar bastante para que se hicieran las diligencias”, relataron algunos familiares en condición de anonimato.

Intentos como asignar policías por unidad, instalar cámaras en los vehículos, crear líneas de denuncia o declarar estados de emergencia no han detenido los asesinatos. Las empresas más golpeadas, según un análisis realizado por este Diario,son: La Nueva Estrella, Aquarius, Los Mandarinos, El Rápido, Uvita, Etmosa, Etuchisa y Emptonsa. También sufren los colectivos informales que operan en las periferias de Lima.

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El panorama del transporte urbano formal en Lima y Callao es cada vez más sombrío, según advierte Martín Ojeda, vocero del gremio formal. A pesar de reuniones, compromisos y anuncios, la violencia continúa y el Estado no ha dado respuestas efectivas. “Estamos hablando de al menos 33 conductores asesinados desde septiembre hasta hace unos días, cuando mataron al cobrador y al conductor”, señaló Ojeda, mostrando su consternación ante la dimensión de la tragedia. A esto se suma la devastación social: niños huérfanos, familias destrozadas y una ciudadanía que no obtiene justicia.

Desde otro gremio, Martín Valeriano, representante de ANITRA, destaca que las cifras son alarmantes. Además, menciona 28 atentados y revela que “más del 80% de empresas ya son acordonadas que están pagando sus cupos.”

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El comandante en retiro de la PNP, Francisco Rivadeneyra, propone un enfoque más agresivo. “Esto ocasiona un sentimiento de indignación. Vemos que algunas autoridades se cruzan de brazos (...) la gente sigue pagando montos de S/5, S/10, S/20 soles diarios, otros hasta S/10.000 soles mensuales, y eso no ha parado.” Para él, se debe actuar en tres frentes: desarticular a los sicarios, capturar a los cabecillas con colaboración eficaz, y cortar el flujo económico de las bandas.

“El modelo de Bukele no es lo que se necesita exactamente, pero sí un trabajo firme. Basta con cruzar la pista, coordinar con la Fiscalía y el Poder Judicial, y tomar las medidas necesarias para acabar con esto”, enfatiza.

La violencia continúa, las promesas no se cumplen, y la impunidad se instala como norma. Los gremios ya no descartan medidas extremas. Mientras tanto, los conductores siguen abordando cada día sus buses sin saber si volverán con vida.