‘Call centers’ de la extorsión: el brazo tecnológico que sirve a la delincuencia y operan alrededor de las cárceles

Durante la realización del Taller de Telecomunicaciones y Seguridad Ciudadana, organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), un panel de expertos analizó la relación entre el aumento de robo de celulares con el incremento sostenido de las extorsiones, de cómo estas se realizan desde centros penitenciarios. Por ello, concluyeron en el reconocimiento del papel del Estado como principal actor en la lucha contra la delincuencia, pero también el rol de la empresa privada como apoyo a la misma aportando experiencia como tecnología.

Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, reveló una preocupante situación: que entre 2017 y 2024 se reportaron 14.25 millones de teléfonos celulares robados, así como más de 12,600 denuncias por extorsión solo en el primer semestre del 2026, con una media de 3 denuncias cada hora.

“El teléfono celular es una herramienta potencial para el robo y la extorsión”, comentó: “Este fenómeno se explica por el aumento del acceso a estos objetos: cada vez hay más teléfonos en las calles. Hoy, el delincuente ya no roba en la calle porque es más rentable extorsionar. Es un costo-beneficio que el delincuente termina eligiendo”.

Zevallos está convencido que el robo y la extorsión no son problemas paralelos, sino que van de la mano, pues el celular robado se convierte en una línea anónima que “abastece el circuito extorsivo y permite el contacto masivo sin exposición del infractor”.

Ante esto, el fundador del Instituto de Criminología reconoce que hay buena voluntad de parte del Estado, pero que las medidas actuales no consiguen los objetivos planteados, pues, “se reducen a trámites administrativos, con sistemas complejos en el registro. No comprenden cómo funciona el circuito de la extorsión”.

Un ejemplo de esto, en su visión, es el Registro Nacional de Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), manejado por OSIPTEL y que se encarga de combatir el robo como comercio ilegal de celulares. En ese sentido, considera que hay tres actores que se ven perjudicados: el ciudadano, las empresas y el propio Estado.

“El ciudadano da mucha información cuando compra un celular. Da más datos personales que cuando se casa, está expuesto a sistemas digitales vulnerables; las empresas, desde la más grandes hasta las pequeñas realizan mucho trabajo para la verificación. Y, el Estado tiene responsabilidad sobre este tema, pero sin presupuesto”, acotó.

Uno de los problemas que están enfrentando las autoridades relacionados al crimen organizado y las telecomunicaciones, son las economías ilegales que, por ejemplo, surgen alrededor de los penales, lo que algunos califican como “call centers ilegales”, que son uno de los tantos “servicios” que tienen la función de abastecer de conectividad a los internos.

“Se colocan al costado de los penales, como en Costa Rica. La población se va asentando alrededor de las cárceles. Comienzan a comercializar estas señales de WiFi, que es otra tecnología. Tienes sistemas para bloquear la señal móvil, pero no para WiFi. No estamos hablando de algo necesariamente organizado, sino de personas, individuos, aunque también pueden ser parte de una organización”, dijo Juan Pacheco, presidente de AFIN a El Comercio.

Del mismo modo, reiteró que esta actividad aparece porque hay una alta demanda de la misma, y que la estrategia no debe ser atacar la oferta formal, sino concentrarse en la demanda, “muchas veces informal. Estas actividades existen porque se van acomodando saltándose todas las normas”.

También identificó como parte de este accionar el envió de mensajes de texto (SMS) con link para ingresar, una supuesta deuda con el banco o un paquete que recoger en el correo postal: “esos mensajes fueron emitidos por máquinas directamente hacia un celular. Contra eso no se ha hecho mucho porque no han dejado de proliferar”.

Carlo de Los Santos La Serna, ex viceministro de comunicaciones, fue claro al asegurar que en el Perú no existe innovación ni reingeniería, “ni siquiera en estructura académicas”: “en (el penal) Castro Castro encontramos antenas, frecuencias de WiFi y muchos departamentos sin vista a la calle, con bloques de concreto, cocheras que atraviesan los edificios”.

Asimismo, comparó la estrategia de Chile con la que se realiza en Perú, en el primero no se quitan los celulares, en nuestro país sí “como si eso fuera a cortar la comunicación. Hoy, el chip es electrónico o virtual, basta traer uno del extranjero y se acabó el control. Desde 2025 comenzamos a trabajar con el servicio estadounidense, así como la colaboración conjunta con entidades como la Policía, la fiscalía, entre otros”, reveló.

De Los Santos es un convencido que una herramienta de gran ayuda para combatir este tipo de criminalidad es contar con una oficina de Meta en el Perú: “necesitamos aquí una oficina desconcertada, pues tienen un enorme poder para descifrar mensajes: con el algoritmo detectas desde dónde y cuándo se envió el mensaje. Eso está pendiente de trabajar, espero que se continúe. Acabamos de firmar un pacto de inteligencia artificial con Estados Unidos, solo falta la inclusión de Meta. Con ello no habrá necesidad de cortar ningún chip”, explicó.

Manuel Cipriano, experto en telecomunicaciones y derecho digital, comenta que las cárceles no han impedido que el crimen organizado siga sus actividades, por que la legislación tuvo que comprender bloqueo de señales, geolocalización de equipos y corte del servicio. Pero no solo eso, pues de acuerdo a Resolución N° 000139-2025-CD/OSIPTEL, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a monitorear, geolocalizar y bloquear equipos que realizan funciones ajenas a su actividad y contratos de concesión.

“El Ministerio de Justicia y el INPE son los entes rectores de la seguridad penitenciaria, con potestad legal para adquirir tecnología y ejecutar la política de seguridad. Por su parte, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2025-MTC ordena financiar toda la implementación con presupuesto del MTC y OSIPTEL, sin cargar el costo al sector privado. Mientras que en cuanto a la coordinación interinstitucional, es el INPE el que articula con la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Inteligencia para garantizar la seguridad penitenciaria”.

Sin embargo, cuando desglosa sobre las funciones de la empresa privada en este respecto, nos dice que, de acuerdo al D.L. N° 1328, artículo 5, se debe cortar el servicio si el Estado lo determina, “bloquear equipo bajo criterios y procedimientos aprobados por OSIPTEL, pero también reportar de forma oportuna a las autoridades pertinentes”.

Asimismo, nos dice que no son competencias del sector privado: asumir la seguridad penitenciaria como función propia, financiar equipos, software o infraestructura de vigilancia, ni sustituir al INPE o Ministerio de Justicia en la conducción de la política penitenciaria: “trasladar la carga empresas no tiene sustento legal”, argumenta.

Sobre este punto, el presidente de AFIN, Juan Pacheco, reiteró la voluntad que tienen su sector para estrechar apoyo a las autoridades para luchar contra la delincuencia desde el aspecto de la tecnología:

“Necesitamos trabajar conjuntamente en un espacio donde se pueda intercambiar ideas y plantear soluciones que enfoquen este avance tecnológico, porque lo que hacemos normalmente es tratar de enfrentar esta tarea con normas que permanentemente son modificadas, no funcionan bien, se tienen que ajustar y al final no logran el objetivo. Es necesario entender el negocio de la criminalidad”, indicó.

Del mismo modo, Pacheco expresó que la labor del privado es apoyar, más no reemplazar ni cumplir las funciones que le corresponde a la PNP, al INPE o al Ministerio Público en su lucha contra la criminalidad.

“Hay cosas que el privado puede hacer, pero otras no, pues le corresponde a la autoridad. Hay que dotarlos de herramientas, tecnología y todo lo que se requiera para esta tarea. Nuestra propuesta es que tengamos un espacio. Hay total disposición del sector privado para colaborar, el principal objetivo es que el Perú esté mejor preparado, mejor enfocado en la tarea de enfrentar este flagelo”.