Terreno del Minsa de unos 15 mil m² invadido hace 4 años se convirtió en barrio y crece sin control

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Mientras una empresa contratista ejecutaba una obra de Sedapal en el asentamiento humano Santa Teresa y que había instalado su campamento en dicha área, un grupo de sujetos aprovechó y ocupó el terreno el 19 de diciembre del 2020. Ellos alegaron que un exalcalde de Chorrillos “les prometió entregarle el área”, sostuvieron. Días después, otro bando intentó tomar posesión del lugar, pero fueron repelidos a balazos y piedras, según reportaron en su momentos los testigos del hecho.

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Tras unas semanas, en enero del 2021, varios grupos de personas se apostaron en el lugar e instalaron viviendas precarias. Ante ello, la Policía ejecutó un operativo de desalojo, lo que desencadenó enfrentamientos. Los agentes policiales permanecieron en la zona una semana para evitar que los invasores regresen, pero las autoridades no colocaron cercos.

Las personas desalojadas se instalaron en un área verde contigua al terreno y en una parte de la pista de la avenida Santa Rosa, lo que dificultaba el tránsito de los vecinos y de los vehículos. Ante la falta de presencia policial, los invasores regresaron al terreno del Minsa el 29 de enero del 2021, incluso extendieron el área usurpada hasta las puertas del colegio Virgen del Morro. Desde aquella fecha, los sujetos cercaron la zona y empezaron a lotizar el terreno.

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El Comercio visitó la zona invadida y constató que el terreno tiene una extensión de dos cuadras y se han instalado ahí unas 50 casas precarias que no cuentan con los servicios básicos, por lo que tienen conexiones clandestinas de luz. Actualmente, el terreno invadido va desde el inicio del estadio La Bombonera hasta la puerta del colegio Virgen del Morro.

También se pudo ver que el terreno ha sido cercado con una malla de metal a lo largo de los cerca de 400 metros de extensión que tiene. La mayoría de las casas tienen tanque de agua en sus techos. El predio tiene dos accesos: uno por la avenida Santa Rosa y otro por el frontis del colegio Virgen del Morro, pero las puertas están encadenadas y no se permite el ingreso.

Una vecina que prefirió el anonimato por temor a represalias contó a este Diario que el terreno es habitado por unas cuantas familias, las cuales, en su mayoría, trabajan o tienen un negocio cerca del lugar. Incluso, indicó que algunos extranjeros han alquilado algunas de las viviendas precarias.

También refirió que un grupo de personas que vive en el terreno forma parte de una iglesia evangélica, incluso promocionan las actividades religiosas. A ellos se les ve con frecuencia en las noches y los fines de semana, indicó la mujer.

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Otro vecino afirmó que los invasores han alquilado el terreno a terceras personas o han llevado a vivir a familiares para no perder la posesión, ya que los usurpadores cuentan con sus casas en otros lugares cercanos. Señaló que los ataques contra vecinos y los episodios de violencia han disminuido con relaciones a años anteriores.

El Ministerio de Salud señaló que ha realizado “las acciones que la ley le ampara” para tratar de retirar a los invasores de su terreno ubicado en Chorrillos y recordó que logró retirarlos en una oportunidad, pero que han ocurrido otras invasiones en los últimos años.

En un comunicado enviado a El Comercio, el Minsa remarcó que “la fuerza de la ley” contra los invasores la ejerce la Policía Nacional del Perú y que hechos como “la pandemia, conflictos sociales y paros” han retrasado la ejecución de esta medida.

“El espacio ocupado ilegalmente es de gran tamaño y el Minsa no ejerce la fuerza de la ley contra los invasores, sino que esta se realiza a través de la Policía Nacional del Perú (PNP). La pandemia, conflictos sociales, paros y huelgas han retrasado la ejecución de esta medida, pero se continua con este proceso a fin de recuperar los terrenos. Cabe señalar que dicho terreno invadido no afecta las instalaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) ni lo perjudica en algún aspecto”, afirmó.

No obstante, el Minsa precisó que el terreno fue solicitado por Sedapal para ejecutar un proyecto en el que se instalarán colectores y que el proceso de transferencia se encuentra en trámite en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), por lo que los invasores tendrán que ser desalojados.

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“Es decir, los terrenos dejarían de pertenecer al Ministerio de Salud y pasarían a Sedapal. Al instalarse los colectores bajo tierra, no se podrá edificar ninguna vivienda ni oficinas”, refirió.

Mario Solís Córdova, catedrático de Derecho de Propiedad en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló, al comentar el caso del terreno invadido en Chorrillos, que ha existido una “desidia” de parte de los funcionarios del Ministerio de Salud, pues consideró que se debieron realizar todas las acciones legales para recuperar el bien, incluso durante la época de la pandemia, ya que el Poder Judicial siguió funcionando.

“El Ministerio de Salud ha tenido dos salidas: una primera salida es un desalojo extrajudicial (al amparo de la Ley N°30230), ya que el Estado está habilitado para eso, pues puede acudir a la municipalidad y a la Policía y desalojar a los invasores rápidamente mediante el uso de la fuerza”, indicó Solís.

“El otro camino es que el Estado se vista de particular e inicie procesos de desalojo de manera judicial, pero con la diferencia que este proceso judicial tardará, por los menos, tres años”, agregó.

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“La invasión un fenómeno que se da en el Perú a cada momento con estos traficantes de tierra. El Estado es el que más sufre invasiones, los particulares también, pero en menor medida. Ellos (los privados) siguen un proceso de desalojo o reivindicación ante el Poder Judicial, pero son procesos bastante largos, sobre todo cuando se trata de una invasión masiva, ya que requiere de toda una operación policial para desalojar a 500 o 600 personas”, manifestó.

El especialista indicó que existe en el tema de las invasiones “el modelo Jicamarca”, donde mafias usurpan terrenos, lo lotizan, transfieren la posesión y lavan el dinero recaudado. En todo el proceso ocurren balaceras y crímenes entre bandas que se disputan el terreno. Para darle legalidad, los invasores buscan apoyo político, ya sea de congresistas y alcaldes, para que se reconozca un supuesto derecho de propiedad sobre el predio invadido.

“Sujetos invaden terrenos, luego lo lotizan y transfieren a terceros, de ahí ocurre todo un problema, ya que las personas son estafadas, y de ahí fuerzan con apoyo, hasta político, la regularización de esta situación y ahí entra el Cofopri. En el caso de un terreno público, luego la entidad regulariza de alguna forma”, afirmó.

“Actualmente las invasiones son más sofisticadas, funcionan bajo el mecanismo de la formación de falsas urbanizadoras que comienzan con la invasión de terrenos, tiene la posesión, y luego a la lotización y la falsa venta, y en los documentos solo se señala que se transfiere la posesión. Los invasores de terrenos obtienen dinero ilícito y se blanquea el dinero bajo estos mecanismos”, añadió.

Solís recordó que el fenómeno de las invasiones comienza en los años 50 en las ciudades de la costa, lo que dio origen a los grandes conos. “En el cono sur, la más conocida invasión es la de Villa El Salvador, en el cono norte fue más ordenada, ya que los hacendados lotizaron”, indicó.

Las invasiones a los terrenos ocurren en épocas festivas, como Navidad, Año Nuevo o Semana Santa, informó una exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) a El Comercio. Precisó que las regiones en las que más operan los traficantes de terreno son Lima, Ica y Áncash.

Además, precisó que los cabecillas de las mafias que trafican terrenos actúan con impunidad debido a que el Ministerio Público nos los denuncian cuando perpetran una invasión masiva, pues se les hace difícil de identificarlos o capturarlos.

En ese contexto, recordó que el Código Penal establece hasta 12 años de cárcel para los sujetos que cometan usurpación o tráfico ilícito de terrenos estatales, pero que, según dijo, no muchas personas son condenadas por esos delitos.

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Incluso, remarcó que actualmente las organizaciones que están detrás de las invasiones cuentan con la asesoría de estudios jurídicos para cometer sus delitos y muestran una fachada de empresa formal, a fin de ‘blanquear’ el dinero obtenido de manera ilícita.