Abandono y contaminación a cuatro meses del derrame de Repsol

Pedro Álvarez mira todas las mañanas al mar, se persigna y, con pesar, le da la espalda. Hace cuatro meses que no puede pescar como lo ha hecho más de la mitad de su vida porque el derrame de petróleo de Repsol le quitó su fuente de trabajo. Tiene 53 años y toda la experiencia para bucear y pescar sin más equipos que una red y una chalana llamada ‘La Chili’. Hoy, sin embargo, se ‘recursea’ en lo que puede mientras su chalana, rota por la falta de uso, permanece varada en la playa Bahía Blanca de Ventanilla.

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Solo en esta playa hay diez familias de pescadores independientes que no han sido incluidos en el padrón único de afectados por el derrame ocurrido el 15 de enero pese a que viven y trabajan en el lugar desde hace años. “Consideraron a los pescadores y comerciantes asociados, a los independientes no nos dio nadie un sol, ni Repsol, ni la municipalidad ni el Gobierno”, dice.

Sin posibilidad de trabajar en el mar, sobreviven recurséandose en albañilería, haciendo taxi colectivo, pidiendo ayuda en mercados o vendiendo lo poco que tienen. Al inicio de la temporada, antes de que se derramaran 11.900 barriles de crudo en la refinería La Pampilla, invirtieron entre todos unos 10 mil soles para renovar mallas, flotadores y otros materiales. En estos meses han ido vendiendo poco a poco sus materiales. “Eso es lo que más te duele, el verano era la temporada más grande para pescar. El lenguado está de 60 a 70 soles y este era un criadero inmenso, acá desova la corvina, los cangrejos, todo se perdió y nos quedamos con residuos de petróleo”, lamenta.

Sin ayuda

El daño producido por el derrame de Repsol alcanzó cinco distritos del departamento de Lima: Santa Rosa, Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay, los últimos de la provincia de Huaura. A mediados de marzo, se publicó el padrón de damnificados que fue elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) con la información proporcionada por las municipalidades y en coordinación con Repsol. En la lista se incluyó a 5.555 jefes de familia de las zonas afectadas.

Sin embargo, trabajadores independientes de distintos rubros relacionados con la pesca, gastronomía y comercio ambulatorio denuncian que no fueron incluidos. Se estima que son unas 3.000 personas en esta situación.

Martín Rodríguez, abogado representante del colectivo Defendiendo Ancón, sostiene que solo en su distrito son aproximadamente 2.300 personas, entre vendedores ambulantes de golosinas, sombrilleros, heladeros, cocineros y pescadores independientes, que no han recibido el adelanto de indemnizaciones entregado por Repsol. “Tenemos heladeros que vendían en el muelle, en las playas Conchitas o Pocitos, que fueron cerradas por el derrame, y se quedaron sin trabajo pero no están en el padrón. Han reconocido solo a los vendedores que tenían licencia, pero el 80% de trabajadores del país son informales, no tiene sentido ese criterio”, denuncia a este Diario.

El problema, dice, surgió porque no hubo información adecuada al inicio del empadronamiento. “Al inicio vino Indeci a inscribir sin explicar bien qué era, algunos entendieron que era para que entreguen canastas, pero la gente quería soluciones reales y no se apuntaron. De ahí salió el padrón”, sostiene.

Lo mismo denuncian en Chancay. Carmen Cabanillas, vicepresidenta de la Asociación de pescadores, recurseros y vendedores independientes del puerto de Chancay, asegura que son 220 personas que no fueron empadronadas pese a tener pruebas de que su trabajo dependía del mar: desde vendedoras de gelatinas, fileteadores de pescado hasta pinteros de orilla (de cordel y anzuelo) que no formaban parte de ninguna asociación.

Graciela Paredes Mejía, del pueblo joven Santa Rosa, añade que solo ellos son 45 personas dedicadas a la producción y venta de artesanías en el puerto de Chancay. “Hemos adjuntado declaraciones juradas, tenemos fotos de nuestras máquinas procesadoras, rodadoras, cortadoras, tenemos cómo probar que nosotros hacemos las chaquiras que vendemos, pero nos ignoran”, añade. La historia se repite con la Asociación de tolderos, sombrilleros y comerciantes ambulantes de la playa Chorrillos parte sur, con 51 integrantes, o la Asociación de sombras y sombritas del puerto de Chancay, de 11 miembros. Son todas asociaciones creadas después del derrame, precisamente para tener un respaldo que ayude a los independientes a ser reconocidos. Indican que son al menos 1.000 en total.

El jueves 12 de mayo, estas agrupaciones marcharon hacia la Municipalidad de Chancay para pedir exigir que de una vez se les escuche. Ese día, Jorge Nuñez Carrión, jefe de la oficina de Defensa Civil de la comuna, reconoció que en la primera lista de beneficiarios “hubo muchos problemas de personas que no han sido afectadas” y prometió empezar una nueva lista que estaría lista recién para la quincena de junio.

El congresista Edward Málaga sostiene que los problemas de empadronamiento evidencian la desorganización del Estado para identificar y atender a los afectados. Prueba de ello es que nunca se entregó el bono prometido los primeros días del derrame, durante la gestión de la exprimera ministra Mirtha Vásquez. “Mucha gente fue excluida por no estar agremiada. Indeci no explica qué criterios consideraron”, señala.

Ante esta situación, Pedro Díaz, director de la Dirección Desconcentrada de Indeci de Lima y Callao, informó a El Comercio que se encuentran elaborando, junto a las oficinas de defensa civil de las municipalidades de los distritos afectados, una “segunda y última” lista que será concluida en unos 20 días. Se estima que incluiría a más de 3.000 personas. “Esta lista se entregará a Repsol y esta empresa procederá a firmar actas individuales con lo cual, en 7 días, se procederá al pago”, dijo a este Diario.

Restos de crudo

El último viernes, Indecopi presentó una demanda judicial ante los juzgados especializados en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en contra de Repsol por 4.500 millones de dólares por su responsabilidad civil extracontractual y daños ocasionados por el derrame.

Julián Palacín, presidente ejecutivo de Indecopi, precisó que la demanda se realiza en concordancia con las normas del Código Civil. “Esta indica que quien opera un bien riesgoso o el ejercicio de una actividad riesgosa y, causa daño a otro, está en la obligación de indemnizarlo”, añadió.

En un comunicado, la empresa española respondió que la demanda “resulta infundada, improcedente e incongruente” porque a la fecha han desembolsado más de 29 millones de soles en el adelanto de indemnizaciones a los 5.555 afectados del padrón, más el coste de los trabajos de contención, limpieza y remediación del litoral que en total todo sumaría 150 millones de dólares. Además, Repsol volvió a responsabilizar del derrame al “desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum en el momento de la descarga de crudo”.

El 13 de abril, la empresa terminó la limpieza superficial de las playas, pero todavía no se ha definido el daño en el fondo marino ni el impacto en la fauna marina que sobrevivió al derrame. De hecho, pescadores de Ventanilla y Chancay denuncian que siguen apareciendo restos de hidrocarburo en las zonas rocosas de las playas e islas.

Cristian Reyes Gonzaga, pescador artesanal de la playa Bahía Blanca, por ejemplo, mostró a este Diario un jueguete varado por el mar el día jueves que en su interior tenía restos contaminados. “Estamos mayo, cuatro meses de la catástrofe, aún encontramos residuos con petróleo”, denunció. A esto se suma que varios de ellos han presentado problemas de salud tras el derrame, desde dolores de cabeza, ardor de ojos, fatiga, diarreas y vómitos.

El congresista Málaga, quien realizó una visita a Ventanilla el martes 10 de mayo, confirma que la zona rocosa sigue visiblemente contaminada. “En los socavones de los acantilados vimos que, si pasas la mano, las rocas están aceitosas. Cuando el agua entra, estas rocas son lavadas y el residuo vuelve al mar”, explicó. Por ello, pide que Repsol asegure que la limpieza y monitoreo de todas las áreas contaminadas por lo menos durante un año, sin considerar, las investigaciones necesarias para determinar el daño en el fondo marino.

"Se necesita a alguien del Gobierno trabajando 24/7 en evaluar la limpieza que realiza Repsol. En toda la crisis, la información sobre el avance de limpieza ha venido de Repsol. Eso no está bien porque es una de las partes en conflicto"

Edward Málaga, congresista de la República.

Daniel Cáceres Bartra, representante en Latinoamérica de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), añade que desde que ocurrió el derrame entidades como Instituto del Mar del Perú (Imarpe) hayan realizado los estudios necesarios para evaluar las presencia de contaminantes en la fauna marina que resultó afectada directa e indirectamente por el crudo. El riesgo adicional, señala a este Diario, es que los stocks de recursos puedan colapsar cuando se reinicien las actividades extractivas.

“No hay un análisis de hidrocarburos totales en los invertebrados, este combustible se acumula en el cuerpo de los organismos que luego son consumidos. Las tallas de los pescados ya no son las de antes, el derrame ocurrió en época de reproducción de aves y todo este impacto se desconoce”, explicó.

En los cuatro meses que han pasado desde el derrame de petróleo, miles de personas fueron obligadas a sobrevivir de espaldas al mar que era fuente de su trabajo y de su vida. Lo peor es que, coinciden los expertos consultados por este Diario, todavía no sabe si es posible o cuánto tiempo tardará recuperar todo el ecosistema dañado la noche del 15 de enero del 2022 con la fuga de casi 2 millones de litros de petróleo de Repsol.