Cuba abre el comercio de productos agrícolas al sector privado

El comercio de los productos agrícolas en Cuba, hasta ahora monopolio del Estado, se abrirá al sector privado, en un contexto de creciente liberalización de la economía de la isla.

Los agricultores independientes, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas privadas y los trabajadores por cuenta propia, quedan autorizados a comercializar productos agrícolas, según una nueva norma publicada el jueves en la Gaceta Oficial.

El Estado se encargaba de la comercialización de la gran mayoría de la producción agrícola, permitiendo a los productores vender directamente solo algunos excedentes.

A partir de ahora, el sector privado podrá ser intermediario entre los productores y acceder libremente a los mercados mayoristas y minoristas.

El Estado, sin embargo, mantendrá el control de los precios y de las exportaciones.

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Esta flexibilización se produce en un momento en que la producción agrícola cayó un 52 % entre 2018 y 2023, según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

La isla, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa desde hace seis años una crisis sin precedentes, resultado de la combinación del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, las debilidades estructurales de su economía centralizada y el fracaso de una reforma monetaria.

Frente a la crisis, el gobierno anunció recientemente varias reformas orientadas a una mayor apertura económica. A comienzos de marzo, autorizó la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados locales.

Bajo la presión del bloqueo petrolero impuesto desde enero por Washington, también puso fin a su monopolio de importación de combustible, permitiendo a las empresas privadas realizar importaciones directas.

Estas empresas privadas habían sido nuevamente autorizadas en 2021, tras haber estado prohibidas durante cinco décadas, y desde entonces no han dejado de ganar terreno en el entramado económico.

A mediados de marzo, el gobierno también anunció que la diáspora, en particular los cubanos residentes en Estados Unidos, podrá invertir en la isla y ser propietaria de empresas privadas, sin proporcionar, no obstante, un marco jurídico preciso.