Un juez federal de Estados Unidos emitió este sábado una orden de emergencia para impedir que el nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el magnate Elon Musk, acceda a los datos personales y financieros de millones de estadounidenses almacenados en el Departamento del Tesoro.
De acuerdo con documentos judiciales, el juez Paul A. Engelmayer prohibió en su fallo el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro estadounidense a “todos los cargos políticos”, así como a “todos los agentes especiales del gobierno” y a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo” al departamento financiero.
La orden de restricción temporal, válida hasta que se realice una audiencia sobre el asunto fijada para el 14 de febrero, también establece que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia, el 20 de enero, debe destruir inmediatamente el material descargado.
Musk, dueño de importantes empresas y el hombre más rico del mundo, impulsa y lidera como hombre de confianza de Trump los esfuerzos del nuevo gobierno para recortar gastos federales al frente del DOGE, un ente recién instaurado para asesorar al presidente estadounidense en la reestructuración de la administración federal.
En pocas semanas, se congelaron los programas de ayuda exterior estadounidense, se recortaron presupuestos de diversos sectores y se ha intentado despedir a numerosos funcionarios y forzar al retiro a muchos otros.
El viernes, los fiscales generales de 19 estados del país presentaron este caso ante la máxima corte en contra de Trump, el Departamento del Tesoro y el nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Los fiscales generales alegaron que el gobierno violó la ley al ampliar el acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro al personal del DOGE.
Engelmayer fundamentó su decisión en que los estados que hicieron la demanda “se enfrentarían a un daño irreparable en ausencia de medidas cautelares”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática”, redactó en el texto.
La semana pasada, Musk se vio envuelto en una polémica al conocerse que él y su equipo habían accedido a datos confidenciales del Departamento del Tesoro.
Una evaluación interna del Tesoro calificó el acceso del equipo del DOGE a los sistemas de pago federales como “la mayor amenaza interna a la que jamás se ha enfrentado la Oficina del Servicio Fiscal” (BFS, por sus siglas en inglés), informaron medios estadounidenses.
La demanda presentada por los estados, entre ellos Nueva York y California, alega que el gobierno de Trump otorgó “acceso prácticamente sin restricciones” a los sistemas de pago del BFS a “al menos un trabajador de DOGE de 25 años” que tenía la “autoridad de ver o modificar numerosos archivos críticos”.
Ese acceso “genera enormes riesgos de ciberseguridad, incluidos riesgos para los estados y sus habitantes, de que su información sea utilizada y procesada, sin verificación, de una manera no permitida por la ley federal”, sostiene la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Manhattan a última hora del viernes.
El fiscal general del estado de Nueva Jersey, Matthew Platkin, dijo el viernes que Trump “ha permitido que un multimillonario que no fue elegido popularmente se infiltre en agencias federales clave y sistemas que almacenan números de seguridad social, información bancaria y otros datos extremadamente sensibles para millones de personas”.
Musk, por su parte, justificó en X este sábado el acceso a dichos datos como algo necesario para “detener el fraude y el despilfarro del dinero de los contribuyentes”.
Calificó al juez de “militante” y acusó a los demócratas de buscar de esta forma “disimular el fraude más grande la historia de la humanidad”.
A medida que Trump avanza en sus planes para recortar el gasto federal, surgieron varios recursos judiciales para frenar sus medidas.
Un juez bloqueó un decreto que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio de Estados Unidos. Otro magistrado suspendió el jueves un ultimátum dado a más de dos millones de funcionarios para que decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que distribuye ayuda humanitaria a nivel mundial, fue otro blanco importante.
El gobierno ordenó el regreso de miles de empleados desplegados en el extranjero y comenzó a reducir la plantilla de USAID de 10.000 empleados hasta unos 300, un recorte cuya legalidad es cuestionada por sindicatos públicos.
