El Parlamento de Venezuela debate desde este jueves una ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El Parlamento de Venezuela debate desde este jueves una ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.
La sesión está convocada para el mediodía (16H00 GMT), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.
Fotografía de archivo del la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, dice el texto de justificación legislativa al que accedió la AFP.
“Quedan excluidos de sus beneficios” delitos como “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”, añadió.
Expertos temen que el texto sea lo suficientemente vago como para caer en una discrecionalidad de la justicia, ya acusada de servir al chavismo.
La exclusión en todo caso responde -según el texto- a un “estricto acatamiento” de la Constitución venezolana, que ya prohíbe incluir este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.
“Justicia” y “convivencia”
La presidenta encargada propuso hace una semana una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.
“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad”, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y actualmente primero en la línea de sucesión.
El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, hablando durante un acto de gobierno en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
“La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos”, indicó el texto de justificación, que apuesta por “la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad”.
El debate llega al Parlamento en paralelo a un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y una fracción de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, María Corina Machado.
Otros procesos de negociación fracasaron en el pasado. Una fuente que estuvo en la primera reunión destacó un tono “menos arrogante” en el chavismo ante la presión de Estados Unidos, que habla de transición democrática. La oposición que participó en el encuentro quiere nuevas elecciones, aunque no las apura.
El ataque estadounidense que el 3 de enero llevó a la caída de Maduro incluyó un bombardeo a Caracas y otras regiones vecinas.
Delcy Rodríguez entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, además de impulsar la amnistía.
El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.
Sería la segunda amnistía en la era del chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.
“La amnistía es el marco que va a servir para que no se repita lo que ocurrió en el pasado y para que el pasado no sirva para detener o frenar procesos de transición”, explicó a la AFP Alfredo Romero, director de Foro Penal, ONG que presta servicios legales a presos políticos.
“Un proceso de reconciliación, de transición, no puede ser un proceso de persecución contra aquellos que manejaban el poder previamente”, indicó.
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