En deuda con los afiliados

El Estado debe un total de S/12.166 millones a más de 431 mil trabajadores. Los principales responsables son los organismos de los gobiernos regionales, seguidos por los del Gobierno Nacional y los de los gobiernos locales.

Se trata de dinero que más de 2.700 entidades públicas descontaron de los sueldos de sus trabajadores con el objeto de dirigirlo a sus fondos de pensiones, pero que nunca se depositó en las cuentas de capitalización de cada uno de ellos. Una circunstancia que no solo tiene a los afiliados sin el capital descontado de sus salarios, sino que también les ha impedido beneficiarse de la rentabilidad que este pudo generarles. Lo que implica, para los que han aportado por más tiempo, no beneficiarse con el crecimiento de su inversión, gracias a una rentabilidad que puede llegar a representar dos tercios del total del fondo.

Este problema se explica, por un lado, porque las entidades dirigen el dinero a otros fines y, por el otro, por el desorden administrativo que existe en el Estado.

La importancia de saldar esta deuda no puede exagerarse y es que no es poco lo que está en juego. De ello dependen el futuro y la calidad de la jubilación de miles de peruanos que se encuentran trabajando en el servicio público. Sin mencionar lo que la situación supone para el Estado y su capacidad de atraer talento: si los afiliados esperan que el empleador cumpla el compromiso básico de hacer los depósitos, no hacerlo tiene un impacto directo en la confianza que proyectan estas entidades (además de impactar en la credibilidad del sistema en general).

Sin embargo, es el perjuicio a los afiliados el que debe motivar al sector público a cumplir sus obligaciones. Y la entrada en vigor de la Repro-AFP III, una norma que establece el régimen de reprogramación de los pagos de aportes previsionales, es una herramienta valiosa para este fin.

En esta tercera “edición” de la reprogramación se procura el pago de los aportes no depositados hasta el 31 de diciembre del 2022. La deuda, para minimizar el impacto sobre los trabajadores afectados, incluye la rentabilidad que hubiesen ganado desde el momento que los pagos debieron realizarse. La cancelación de los montos podrá realizarse en 120 cuotas y el mecanismo, como incentivo, beneficia a las instituciones deudoras con la extinción de multas, recargos e intereses, lo que reduce lo que las entidades públicas deudoras deben desembolsar.

Lo ideal será que, más temprano que tarde, iniciativas como esta no sean necesarias y que se honren los compromisos como merecen los funcionarios. Sin embargo, entretanto, es vital que se aprovechen estas oportunidades. El plazo de esta reprogramación vence el 28 de febrero y es importante que las organizaciones públicas concernidas se acojan. Por el bien de los afiliados.