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ATU: promesa de un poder articulador, por Patricia Benavente*

“Esta buena propuesta legislativa bien podría esperar algo más de tiempo”.

ATU

(Ilustración: Giovanni Tazza)

"Se debe diseñar y discutir con todos los actores involucrados el proceso de transición correspondiente". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Al celebrar hoy el 483 aniversario de Lima vale la pena reflexionar sobre uno de los principales males que padece esta ciudad: el transporte público. Delinear a grandes trazos esta problemática supone hablar de ausencia de planificación, fragmentación institucional, informalidad y cultura del desorden. 

Para enfrentar estos problemas, en julio del año pasado el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que plantea la creación de la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao (ATU). Su objetivo es lograr la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, otorgándole funciones de planificación, regulación, gestión, supervisión, fiscalización y promoción del sistema, así como la responsabilidad de aprobar el Plan Maestro de Transporte y el Plan Regulador de Rutas. 

La ATU incorporaría a la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, Pro Transporte y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte. Hasta ahí se establecerían las bases mínimas de una planificación integral y se reduciría en algo la fragmentación institucional. Sin embargo, luchar eficazmente contra la informalidad y la cultura del desorden requiere de una estrategia multidimensional que considere la regulación del manejo territorial, la infraestructura, los vehículos y las personas.  

Se requiere también un alineamiento consistente de las funciones a cargo del Gobierno Central, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esta enorme responsabilidad de la ATU estaría dirigida por un consejo directivo con ocho integrantes. Cuatro de ellos provendrían del Poder Ejecutivo (dos del MTC, uno del MEF, uno del Ministerio de Vivienda y Construcción) y los otros cuatro de las municipalidades provinciales con mayor densidad demográfica. 

Una piedra angular de este proyecto es que declara por fin la continuidad urbana entre Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Aunque para hacer esto realidad se requerirá que ambas jurisdicciones establezcan previamente un régimen de gestión común del transporte y tránsito terrestre para la integridad de sus territorios. Así, el éxito de la ATU y el logro de sus objetivos dependerán en gran medida de un potente rol articulador y, sobre todo, de los incentivos que deben generarse para que las autoridades de los distintos niveles de gobierno se comprometan con esta reforma. 

La Comisión de Descentralización del Congreso (13/12/2017) y la de Transporte (9/1/2018) han emitido dictámenes aprobatorios con modificaciones a diversos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo que viene ahora es la discusión en el pleno del Congreso.  

La idea de una ATU viene discutiéndose hace años (de hecho, en el 2015 se trabajó un proyecto con la cooperación alemana), y el actual proyecto de ley del Poder Ejecutivo recoge propuestas legislativas anteriores, por lo que podemos suponer que hay un cierto nivel de consenso logrado. No obstante, anteriormente hemos visto fracasar reformas del transporte por intereses electorales a nivel regional o municipal, y por una supeditación del cumplimiento de responsabilidades a la negociación del incremento presupuestal. También por algunas normas del Congreso en línea contraria a un sistema adecuado de transporte público

Por eso, esta buena propuesta legislativa bien podría esperar algo más de tiempo, si ello supone que con un liderazgo firme del MTC se logre un compromiso institucional permanente de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad y el Gobierno Regional del Callao. Asimismo, se debe evaluar la posibilidad de incorporar a un representante de la Policía Nacional en el consejo directivo de la ATU, entidad sin cuyo concurso directo será difícil implementar la reforma. 

También se debe diseñar y discutir con todos los actores involucrados el proceso de transición correspondiente. Lo que hay que evitar es que a esta nueva entidad se le exija resultados políticos sin recursos suficientes, y se le vaya a culpar tempranamente de no llegar a soluciones que solo se lograrán con esfuerzos sostenidos durante muchos años, gestiones y una lenta pero segura revolución cultural.  

*La autora ha sido presidenta de Ositran.

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