Gobierno sin agenda de género, por Gloria Montenegro

En pocas palabras, la igualdad de género consiste en brindar igualdad de oportunidades y de derechos a mujeres y hombres en espacios públicos y privados, para promover y facilitar su desarrollo como seres humanos. En nuestro país, hay profundas brechas en los campos laboral, político, social y económico, que favorecen a los hombres. El Estado tiene la responsabilidad de trabajar para cerrar estas brechas.

Promover la igualdad de género es una obligación del Estado para responder a una necesidad social impostergable. Es, además, un tema esencial de derechos ya reconocidos internacionalmente. Las mujeres somos el 50% de la inteligencia y capacidad colectiva de la humanidad y el Estado Peruano no puede ser ajeno a esta realidad.

En casi ocho meses del actual Gobierno, se han dado múltiples muestras de que este tema central para el desarrollo del país es desconocido por las más altas autoridades e incluso despreciado. En efecto, en lugar de dar el ejemplo y disminuir las cifras de violencia –una de las expresiones más dramáticas de la inequidad de género–, nos han expuesto a una serie de funcionarios con antecedentes de violencia machista, tales como el propio expresidente del Consejo de Ministros, ministros de Transportes, Ambiente, Interior y Defensa, el presidente ejecutivo de Essalud y algunos asesores de primer nivel.

Adicionalmente, nos puso en el último lugar en el tema de paridad en el Gabinete, pues siendo el 50% de la población solo tenemos tres ministras. Se ha roto así la tendencia favorable de gabinetes en gobiernos anteriores que llegaron a pasar el 40% de representatividad.

Preocupa, por ejemplo, que siendo los temas de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, responsabilidad de la Policía Nacional, entre otras instituciones, tengamos a un ministro del Interior para quien la mujer es “un complemento del hombre”, relegando su papel al ámbito doméstico y al de la procreación.

Una tarea indispensable es que la PNP debe seguir siendo capacitada y contar con las herramientas y presupuesto necesarios para cumplir su rol. No obstante, en este Gobierno se desactivó el equipo que lideraba el Alto Comisionado Policial para atender los casos más graves de violencia contra la mujer en el ámbito nacional con sentido de urgencia.

Por otro lado, ante las amenazas de la Comisión de Educación que pretende a toda costa desconocer el material educativo con enfoque de género y la educación sexual integral, el Ejecutivo no muestra un compromiso y respaldo al sector. Hasta ahora, no vemos esfuerzos por preservar y aclarar la importancia de la rectoría del Ministerio de Educación en estos temas y avanzar en su implementación y desarrollo.

Los funcionarios del Gobierno no pueden desconocer la Política Nacional de Igualdad de Género. Es su obligación implementarla de manera transversal en todos los sectores.

Debemos estar alertas y vigilantes para impedir retrocesos en lo avanzado con mucho sacrificio en las últimas décadas.