La tarifa del presidente

Una nueva línea de investigación tiene el equipo especial que dirige la fiscal superior Marita Barreto sobre los actos de corrupción perpetrados durante el gobierno de Pedro Castillo. Un colaborador eficaz ha señalado que tiene conocimiento de que existía una tarifa de no menos de S/16 mil para concretar una reunión con el exmandatario en su entonces despacho de Palacio de Gobierno. Una confesión, desde luego, impactante y, por lo mismo, necesaria de esclarecer para que el país conozca los niveles de podredumbre a los que llegó la anterior administración.

De momento, la principal sospechosa de haber realizado dicho cobro es Yenifer Paredes, la hermana menor de la exprimera dama Lilia Paredes asilada en México. El colaborador ha hablado específicamente de ella y ha dicho que esos S/16 mil fueron solicitados a una autoridad del centro poblado de Puña (distrito de Tacabamba, donde creció Castillo) a cambio de agendar una cita en la oficina presidencial. Sin embargo, el equipo especial no descarta que estuviésemos ante una práctica instaurada por el círculo de confianza del preso expresidente, si tomamos en cuenta el ‘modus operandi’ demostrado en otros casos.

Uno de ellos, por ejemplo, es el de los altos mandos de la PNP, ocurrido al poco tiempo de que Castillo alcanzara la presidencia. A estas alturas, no hay dudas de que la gestión castillista sabía muy bien lo que quería hacer en el sector Interior ni bien llegó al poder. Al verse frustrados sus planes de controlar los ascensos en las FF.AA., hallaron en el general PNP Javier Gallardo a un obsecuente y codicioso oficial que no tuvo reparos en ponerle una tarifa (de entre 20 y 40 mil dólares) a los ascensos del 2021 y, tras ello, someter al servicio del régimen a su institución para sus intereses particulares. Otra tarifa conocida es la de los S/30 mil que reconoce haberle pagado el empresario Fermín Silva a Castillo por nombrar a Hugo Chávez en Petro-Perú. Y así.

Ahora bien, la confesión de los S/16 mil pone sobre la mesa el hecho de que aún es pequeño el porcentaje que conocemos de lo que realmente pasó en el anterior gobierno. Por eso, llama la atención que personajes del actual gobierno, como el ministro del Interior, Víctor Rojas, les hayan confiado puestos claves a personajes vinculados al castillismo, como Abel Tarazona (ya removido), o que la teniente PNP Sandra Flores (pareja de Jaime Vásquez, sobrino del expresidente) haya sido designada en la División de Control y Fiscalización de Insumos Químicos de la Dirandro, pese a su inexperiencia. Que Castillo esté cumpliendo prisión preventiva no significa que las investigaciones se hayan detenido. Falta aún más por descubrir.