¿Qué medidas deben tomarse para controlar el desborde penitenciario?

Esta es la primera contradicción que deben resolver quienes diseñan la política penitenciaria en el Perú. En teoría, nuestras normas establecen que la prisión busca la resocialización del interno, protegiendo sus derechos mediante el trabajo, la educación y el apoyo social y psicológico.

En la práctica, con pocas excepciones, los penales en el Perú funcionan como mazmorras modernas, donde el encierro y el sufrimiento se convierten en fines en sí mismos. No hay condiciones reales para rehabilitar. El INPE tiene un presupuesto insuficiente y cerca del 70% de las cárceles están hacinadas; en 12 de ellas, la sobrepoblación supera el 300%. Urge invertir en infraestructura, capacitación técnica y modernización tecnológica.

Un segundo problema es el caos generado por legisladores que optaron por el populismo penal, buscando respaldo electoral. Por ejemplo, el robo agravado de un celular puede castigarse hasta con 20 años de prisión. En el país se roban más de 4.500 celulares al día. Si cada caso llegara a juicio, el sistema colapsaría. A eso se suma la reciente propuesta de juzgar como adultos a infractores desde los 16 años.

Tampoco hay coherencia en el tipo de delitos que llevan a prisión. Según datos del INPE a marzo de este año, había 2.204 personas presas por omisión de alimentos, frente a 1.290 por extorsión. ¿Tiene sentido? No. Este desbalance refleja no solo fallas legislativas, sino también la ineficiencia de otros operadores del sistema de justicia.

Es necesario reordenar las sanciones del Código Penal, corregir los excesos del populismo legislativo, despenalizar delitos leves, optar por penas alternativas, medidas tecnológicas de control y permitir el egreso anticipado de quienes ya cumplieron dos tercios de su condena por delitos no graves. Solo así se podrá racionalizar las sentencias y redistribuir la población penal de manera más justa y eficiente.

Son muchos los problemas de nuestro sistema penitenciario, pero el hacinamiento es crucial porque impide o al menos dificulta atacar otros problemas como la corrupción, la comisión de delitos desde las prisiones, la poca oferta de trabajo para internos, entre otros. Un sistema hacinado solo puede fracasar en sus objetivos, desde resocializar hasta garantizar la seguridad de la ciudadanía. Según cifras del INPE, a marzo del 2025 tenemos un 143% de sobrepoblación: casi 60.000 personas que, en estricto, no tiene un espacio para dormir o comer en nuestros penales, ni acceso a talleres de trabajo o atención de salud, y tampoco tenemos suficiente personal para controlarlos.

Pensando en penales para 2.000 personas como Piedras Gordas 2, el último de envergadura construido en el Perú, necesitamos levantar 30 penales en los próximos años. Ni el Cecot de Bukele, con 40.000 plazas, sería una solución.

Por eso, el cemento no puede ser la estrategia central. Necesitamos fortalecer el sistema de penas alternativas y medio libre. Esto implica: (i) implementar –de una buena vez– el sistema de grilletes electrónicos, para lo cual hay que trasladar la responsabilidad a la policía, y dotarlos de presupuesto para un control efectivo y oportuno; (ii) mejorar la capacidad de los programas del INPE para libertad condicional o semilibertad, a ver si así los jueces se animan a dar estos beneficios; (iii) dejar el uso indiscriminado de la prisión preventiva (los grilletes ayudarán); (iv) crear centros del INPE sin confinamiento, lugares de trabajo para internos de baja peligrosidad que duermen en sus casas; (v) y, aunque poco popular, revitalizar la comisión de indultos. Existen muchos casos de penas injustas o excesivas que deben revisarse.

En cuanto a construir penales, que es inevitable, pensemos en penales de alta contención como Piedras Gordas 1, al menos unas 2.000 plazas, y unas 4.000 más para palear el problema de hacinamiento general. Solo la convergencia desde varios frentes ayudará reducir el problema en los próximos años, un problema que, además, no para de crecer.